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ANÁLISIS

Política para diletantes

Llevada al extremo, la lógica del populismo exige convertir la política en una actividad no remunerada. Si, como hace el populismo, se parte de que la vocación de servicio público es solo una coartada para obtener beneficios privados, entonces nada mejor que impedir la obtención de ninguno, incluido el salario de los cargos electos. Solo que, al dejar a los cargos electos sin salario, el populismo completa un giro con el que coloca al Estado moderno en rumbo hacia formas de organización política anteriores. En las Cortes convocadas por los reyes medievales, ninguno de los participantes pretendía representar otros intereses que no fueran los de su estamento, y de ahí que no cupiese la idea de que le retribuyesen las arcas del reino, que eran las personales del monarca.

Max Weber subrayó la estrecha vinculación entre el Estado moderno y la burocracia, servida por un cuerpo profesional de funcionarios que fueron reforzando un vínculo directo con la Administración en detrimento del que les unía al poder político de turno. Pero el Estado moderno, sobre todo a partir de su evolución liberal y democrática, introdujo otro cambio decisivo: los participantes en las asambleas inspiradas en las antiguas Cortes medievales comenzaron a representar el interés general, no el de unos estamentos que habían dejado de existir a efectos legales y políticos, ni tampoco el de sus votantes o el de los partidos con los que concurrían a las elecciones. Remunerar a los diputados por su trabajo era una medida para asegurar su independencia a la hora de representar, y defender, el interés general. Por otra parte, era el instrumento imprescindible para exigirles responsabilidades en el cumplimiento de esa representación y esa defensa.

Al proponer que se supriman las retribuciones de los diputados regionales, puede que la presidenta de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, haya considerado que la experiencia acumulada en la gestión del Estado moderno no sirve en situaciones de crisis como las que atraviesa España. Puede, también, que solo haya perseguido un nuevo golpe de efecto propagandístico, haciendo abstracción de sus formidables consecuencias tanto conceptuales como prácticas. De mantenerse indefinidamente esta medida, la selección negativa de los cuadros dirigentes que han favorecido la estructura interna de los partidos políticos y la Ley Electoral podría ser sustituida por una selección diferente: la del diletantismo, la de la política como entretenimiento o como lujo de quienes disponen de tiempo y de recursos para pagarlo.

Apelando a la pedagogía social, la mayoría de los cargos electos españoles han renunciado a parte de sus salarios desde que estalló la crisis. Pero existe una línea a partir de la cual la pedagogía se transforma en otra cosa, y esa es la línea que habría traspasado la presidenta de Castilla-La Mancha con esta propuesta. La supresión de los salarios de los diputados transmite un mensaje con vagos aromas no se sabe si antiautonómicos o directamente antiparlamentarios; un mensaje que, en resumidas cuentas, dice algo así como “señoras y señores, esto es lo que de verdad vale esta Cámara”.