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Uno de cada cinco geriátricos ya paga mal o no paga a sus trabajadores

La deuda de 800 millones de la Administración asoma al sector a la quiebra

Ancianas en una residencia del País Vasco.
Ancianas en una residencia del País Vasco.

El Gobierno ha recibido múltiples avisos sobre las consecuencias de ahogar el sistema de la dependencia. Uno de ellos es que pueden hundir un sector que ha sido capaz de crear empleo en plena crisis y perder, de paso, los retornos fiscales de ese crecimiento económico. Pues bien, los servicios profesionales para atender a los dependientes (geriátricos, centros de día, ayuda a domicilio) ya están perdiendo empleo. “El sector atraviesa una situación catastrófica, estamos al borde”, avisan los empresarios.

Las Administraciones (comunidades autónomas y Ayuntamientos) les adeudan 800 millones de euros mientras las empresas arrastran deudas fiscales, bancarias... “Muchos centros están al borde del cierre, es un proceso lento, largo y doloroso: se empieza por pedir financiación externa, se deja de pagar a proveedores, después impuestos, luego las cuotas de la Seguridad Social y al final no se paga a los empleados. Pues bien, entre el 15% y el 20% de nuestras empresas ya pagan irregularmente a los trabajadores, por decirlo suavemente. Son inviables, el 90% de esas no se recuperará”, lamenta el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, Alberto Echevarría. “Estamos ante una situación catastrófica ocasionada por una postura política gravemente errónea para una población especialmente vulnerable e indefensa: los dependientes”, añade.

A su llegada al poder, Rajoy taponó la entrada al sistema de los dependientes leves, para atender, se dijo, a los más graves. El modelo debía ser un sistema de servicios profesionales, que son los que generan empleo. Dicho y hecho, el Ministerio de Sanidad, que preside Ana Mato, rebajó la paga para el familiar que cuida a un anciano en casa en un 15% (o más, a gusto de cada comunidad). Con ello se pretendía desincentivar la concesión de estas ayudas económicas y proporcionar un ahorro para relanzar los servicios profesionales. La música gustaba a los empresarios pero se está apagando sin resultados. Los últimos datos oficiales muestran un sistema paralizado, con todos los capítulos en números negativos. El mes de agosto disminuyeron las solicitudes, las Administraciones evaluaron alrededor de 7.000 usuarios menos y el cómputo de atendidos cayó en 4.811 personas. Las pagas a los familiares ha sido la prestación más afectada, pues la perciben ahora 4.058 personas menos que el mes anterior, pero no ha habido trasvase a los servicios: salen negativos los ingresos en residencias, la ayuda a domicilio y la teleasistencia. Los números negativos corresponden a personas que van muriendo y cuyas bajas no se cubren con otros que necesitan la ayuda y que también morirán esperando, debido a la ampliación de plazos para atenderlos: en un mes hay 3.252 personas menos en la lista de espera. La mayoría son muertes.

Así que los empresarios están que trinan. “El ahorro en pagas familiares no se ha traducido en servicios profesionales. Dicen que hay las mismas personas atendidas con ayuda a domicilio, y es cierto, más o menos, pero lo que no dicen es que las horas que se les atiende son muchas menos que antes. En algunas comunidades ha caído un 40% la intensidad horaria”, explica Echevarría. Los ataques a estas empresas han sido relevantes en Castilla-La Mancha. El Gobierno de María Dolores de Cospedal “ha eliminado los servicios de estancias temporales que se atendían en residencias, es decir, el anciano con la cadera rota, las rehabilitaciones, los periodos de convalecencia, o los ingresos de dependientes que proporcionaban un respiro a los familiares. Y encima han amortizado el 10% de las plazas de residencias que tenemos concertadas con esa Administración”, o sea, que cuando se quedan libres no se cubren ya con dinero público, sigue Echevarría.

El sector languidece como los hoteles en invierno: solo la FED tiene 60.000 camas vacías, un 10% más en 2012. “Los supuestos ahorros que se han producido con las medidas tomadas nos hubieran dado para atender a 100.000 dependientes y se habrían generado 50.000 puestos de trabajo”, dice Echevarría.