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TRIBUNA

Más desigualdades

Adelantar la edad de segregación de los alumnos para decidir quién va a la formación profesional y quién al bachillerato es un colosal error

Las intenciones de reforma de la educación del actual gobierno se recogen en un documento de PowerPoint titulado Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la ley de la calidad educativa. Se observa en él una clara voluntad segregadora. Desde el principio se afirma que todo el mundo tiene talentos –obvio, por lo demás-, pero enseguida se añade que de distinto tipo. Está claro, unos tienen talento para el éxito escolar –que son los que irían a los itinerarios académicos en secundaria- y otros lo tienen para el trabajo manual –los destinados a la formación profesional o a los programas de cualificación profesional-.

El documento señala que hay países de éxito que separan en una red académica y en otra profesional a su alumnado a los 14 años de edad. Sin embargo, omite que igualmente hay países de éxito –entre ellos Finlandia, líder en los informes PISA- que mantienen el tronco común hasta los 16 años. Por otro lado, los países que segregan a edades tempranas tienen resultados menos igualitarios, es decir, hay mayor conexión entre el estatus socioeconómico de la familia y los resultados escolares. Esto es algo muy claro en Suiza, cuyos cantones tienen distintas estructuras educativas. En las investigaciones que comparan las evaluaciones internacionales en primaria –PIRLS- y en secundaria –PISA- se observa un claro incremento de las desigualdades en los países que segregan tempranamente (sería el caso de Alemania, cuyo modelo educativo suscita la admiración de Wert). Ni que decir tiene que el alumnado que vaya a los itinerarios profesionales a partir del tercer curso de la ESO será víctima del efecto Pigmalión: el profesorado depositará en él bajas expectativas que se traducirán en malos resultados (la profecía que se cumple a sí misma).

El informe que la OCDE publicó a comienzos de año titulado Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools es toda una enmienda a la totalidad a esta propuesta gubernamental. Por mucho que choque a la mentalidad de nuestra derecha, la equidad y los buenos resultados académicos van de la mano y esto es lo que sucede en los países que sistemáticamente ocupan las primeras posiciones en los informes PISA. Adelantar la edad de segregación de los alumnos para decidir quién va a la formación profesional y quién al bachillerato es un colosal error que solo cabe interpretar en clave de sectarismo ideológico en favor de la división social. De los 39 países incluidos en el informe sobre equidad, 14 de ellos (Australia, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y la propia España) mantienen a su alumnado en un mismo tronco de escolarización hasta los 16 años para, a partir de esa edad, decidirse por la rama académica –equivalente al bachillerato- o por la profesional. Es más, el informe cita el caso de Polonia, país que, entre otras cosas, extendió el tronco común hasta los 15 años, lo que de un modo unánime se considera una de las razones clave que explica su espectacular reciente éxito educativo. Lo que propone Wert es legislar contra la evidencia empírica de que disponemos.

Tampoco se entiende la preocupación por aumentar el porcentaje de alumnos de secundaria superior que opta por el bachiller en lugar de por la formación profesional. En torno a algo más de la mitad de los estudiantes de los países considerados en el estudio de la OCDE elige la rama general de la secundaria superior. Francia y España están levemente por encima de esta media. También lo están, y en mucha mayor medida, países como Nueva Zelanda, Portugal, Israel, Reino Unido, Japón o Canadá.

Resulta cuando menos escandaloso que el anteproyecto condene al fracaso escolar, es decir, a la no obtención del título de la ESO, a quienes cursen los programas de cualificación profesional. No se olvide que la ESO permite obtener el mínimo de competencias para desenvolverse cabalmente como ciudadano y como trabajador, que no conseguir la ESO prácticamente equivale a una condena a la marginación social.

Uno de los temas estelares de la propuesta de reforma es la realización de exámenes de reválida para pasar de nivel: de primaria a la ESO, de la ESO al bachiller y al final del bachiller. En primaria, en el área de la OCDE, solo una región de Bélgica tiene una prueba de este tipo. En el anteproyecto ministerial los niños y niñas que no aprueben el examen de primaria repetirán curso. El informe de la OCDE es taxativo con respecto a la repetición de curso: es un gasto simplemente inútil y no sirve para mejorar el rendimiento. A modo de ejemplo, Corea universalizó en los años cincuenta del siglo pasado el acceso a la primaria, pero restringió el acceso a la secundaria por medio de exámenes. Buena parte de los profesores consideraba que tales pruebas ponían mucho énfasis en la memorización, de modo que finalmente fueron abolidos en 1974. Hoy Corea, junto con Finlandia, encabeza la lista de los estudios PISA. Pese a todo, y esto es un aviso para los navegantes en favor de la cultura del esfuerzo por el esfuerzo (“el sudor de tu frente”), los niños coreanos dedican la mayor parte de su energía a memorizar incansablemente como si se tratara de formar a funcionarios confucianos. Chris Duffy, quien ha sido docente en Boston y en Corea, se lamentaba de la ansiedad y la angustia que padecen buena parte de los adolescentes (de hecho una encuesta reveló que nada más y nada menos que una quinta parte de los estudiantes de secundaria había pensado seriamente en quitarse la vida).

A estas tres reválidas anunciadas hay que añadir la realización de evaluaciones externas. Creo que poco cabe objetar a la difusión de exámenes estandarizados que permitan a las familias conocer los resultados de las escuelas de su entorno o de su preferencia. Los economistas de Fedea están fascinados con las pruebas de conocimientos llamados indispensables que realiza la Comunidad de Madrid. Las comparan con las que se hacen en Reino Unido y cuyos resultados publica la BBC. Sin embargo, estas no tienen nada que ver con nuestros carpetovetónicos tests. Allí se informa sobre el gasto por estudiante, el porcentaje de estudiantes con becas de comedor o el salario de los profesores. Es decir, es posible saber el valor añadido que aporta cada escuela.

El peligro de que la formación se focalice en los tests es evidente. Jonathan King, un reconocido biólogo molecular del MIT, envió a sus dos hijos a la misma escuela. Su hijo mayor aprendió desde la experiencia. Junto con sus compañeros de clase iba a una charca y tomaba muestras. De hecho, los niños y niñas descubrían criaturas que este biólogo desconocía. Con su segundo hijo las cosas fueron radicalmente diferentes ya que ha sido preparado para pasar tests. La experiencia, el mancharse las manos, han desaparecido.

Es de loar la preocupación de la propuesta ministerial por la introducción de las nuevas tecnologías y por la mejora del aprendizaje del inglés. Por desgracia, no parece ir más de allá de un brindis al sol. Ambos aspectos requerirían un aumento del presupuesto y sobre todo cuestionar algo mucho más profundo y que es el modo en que se enseña, el cual está más volcado en la repetición de contenidos que en el desarrollo del pensamiento autónomo o de la creatividad.

Por fortuna, la propuesta ministerial no da la matraca con el cheque escolar. En el informe citado se comenta el caso de los cheques escolares en Suecia, que se han traducido en una escasa mejora de los resultados (nula para los alumnos de bajo estatus) y en una creciente segregación social entre las escuelas.

Sabido es, y con esto concluyo, que la participación de padres y alumnos en el control y gestión de los centros es más bien una burla creada al amparo de la LODE de Maravall. El anteproyecto lo termina de rematar al limitar al asesoramiento las funciones del consejo escolar, lo que contradice el artículo 27 de la Constitución.

En definitiva, estamos ante una propuesta que nos aleja, aún más, de los retos de la sociedad de la información y del conocimiento. Y lo peor es el apoyo con que esta propuesta pueda contar entre significativos sectores del profesorado, especialmente el de secundaria.

Rafael Feito Alonso es profesor de sociología.