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España pierde 15.700 millones al año por los jóvenes que ni estudian ni trabajan

La cifra corresponde al 1,4% del PIB español, por encima del 1,2% de la media europea

Un estudio de la Comisión Europea advierte del coste social y económico del fenómeno

Un grupo de jóvenes, sentados en un banco.

El fuerte deterioro del mercado laboral provocado por la crisis se ha cebado con los jóvenes y los llamados parados de larga duración. En el primer caso, además, la falta de oportunidades para acceder a un empleo y el abandono precipitado de la educación en los años del boom inmobiliario ha multiplicado el número de personas entre los 15 y los 29 años que ni estudian ni trabajan. Este colectivo, que en el caso de España se destaca frente al resto de la UE, presenta a su vez un coste muy alto para las economías de los países miembros, tal y como recoge un informe que ha publicado hoy la Comisión Europea, donde se abordan estas cifras desglosadas por Estados por primera vez. Según el análisis, la conocida como Generación ni-ni supone un coste para España de 15.700 millones de euros al año, lo que equivale al 1,4% del PIB, por encima de la media europea, que se sitúa en el 1,2%.

No obstante, más allá de los números, el documento pone el énfasis en las consecuencias que el fenómeno de los jóvenes que no trabajan ni estudian tendrá en materia de aislamiento, marginalidad y, en consecuencia con ello, de desapego y desconfianza en la sociedad si no se le pone freno. Para ello, apuesta por fomentar la llamada formación dual (con la participación de las empresas) y "medidas de empleo centralizadas en el cliente, no en el proveedor" con itinerarios de aprendizaje personalizados.

El estudio realizado por Eurofund sobre un fenómeno que empezó a estudiarse en Reino Unido en los 80 arranca retratando la actual situación del mercado laboral juvenil en la UE, donde los datos no son nada alentadores. La tasa de empleo europea para los menores de 29 años está en el 33%, su nivel más bajo desde que la oficina estadística comunitaria (Eurostat) recoge estas cifras.

Por el lado contrario, la tasa de paro se sitúa, de media, en el 21,5% con 5,5 millones de jóvenes sin empleo a cierre de 2011, también cotas desconocidas durante este periodo. En España, este porcentaje se incrementa dramáticamente sobre el 50%. No obstante, un análisis correcto de este colectivo, destaca el texto, precisa de incluir a la población joven que está estudiando, lo que arroja que el número de menores de 29 años que ni estudian ni trabaja ha aumentado en los últimos cuatro años a 14 millones, otro máximo. En términos porcentuales, este dato equivale a un 15,4% del total mientras, en el caso español, es del 21,1% de los hombres y mujeres de entre 15 y 29 años, por debajo de las cifras publicadas la semana pasada por la OCDE, que hablan del 29%. El salto se explica porque ambos estudios recurren a diferentes fuentes para recabar sus datos.

Independientemente de la disparidad a la hora de contar a los ni-ni, el estudio encargado por la Comisión Europea destaca porque permite evaluar el coste de este fenómeno a partir de lo que los servicios sociales públicos destinan al colectivo y las pérdidas que implica su salida del mercado laboral. En cualquier caso, el organismo dependiente de Bruselas reseña que “el sentido de este análisis no es tratar a la gente joven como mercancía —no se trata de poner precio a la vida de una persona joven—, si no señalar la importancia de rengancharlos y dejar en evidencia cómo las cosas serían diferentes si los nini fueran integrados”.

En el caso concreto de España llama la atención que el coste por cada uno de estos jóvenes para las arcas públicas ha descendido a lo largo de la crisis, aunque el recorte es mínimo. En total, sin embargo, el impacto que tiene atender a este colectivo aumenta de los 925 millones de 2008 a los 1.350 millones que las Administraciones Públicas destinaron a los jóvenes menores de 29 años que ni estudian ni trabajan en 2011 en forma de subsidios o prestaciones sociales.

Si a estas cantidades se le suman los costes indirectos que supone su no participación en la economía y otros impactos en materias de gasto social —en el sistema sanitario o penitenciario, por ejemplo—, las pérdidas totales ascienden a 15.735 millones, 5.000 millones más que en 2008 y el 1,4% del PIB. Por delante de España, en Bulgaria y Grecia, donde el porcentaje de personas en esta misma situación de inactividad también es mayor, el impacto fue superior al 3% del PIB. Mientras, en Irlanda o Lituana rebasó el 2,5%.

En toda la UE, las pérdidas directas e indirectas originadas por este fenómeno se situó durante el pasado año en 153.000 millones de euros, el 1,2% del PIB según una "estimación conservadora" en términos de menor consumo y de impuestos no pagados, afirma el documento. De esta cifra, el coste directo para los diferentes Estados fue de 10.870 millones mientras, el resto, fueron costes indirectos. Estos últimos, a grandes rasgos, se pueden resumir como la diferencia entre los ingresos o la aportación a la economía que tiene un joven empleado o que esté estudiando con uno que sea inactivo, que además percibe una serie de prestaciones.

Donde la OCDE y Eurofund no muestran diferencias es en advertir de que, en el caso español, una gran parte de los jóvenes en esta situación trabajó con anterioridad, algo que no se da en los otros países del sur de Europa y que es más propio de los Estados escandinavos. En ellos, sin embargo, el porcentaje de los menores de 29 años que ni trabajan ni estudian está muy por debajo del español, ya que no superan el 10%. También coinciden en señalar que los que tienen un nivel de estudios bajo tienen más probabilidades de convertirse en nini.

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