La familia se agota como recurso de subsistencia económica

La pensión de los mayores es casi el único ingreso para 300.000 familias

España, tercer país con más desigualdad de la UE, según Fundación La Caixa

Familias necesitadas acuden en busca de ayuda al ropero de la Cruz Roja en Alcorcón. / CARLOS ROSILLO

La crisis económica ha barrido las rentas de centenares de miles de hogares que, ante el debilitamiento y la pérdida de eficacia de las medidas públicas de protección social, dependen de la familia para sobrevivir. Según refleja el estudio Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España, que se hizo público ayer y que forma parte de la colección Estudios Sociales de la Fundación La Caixa, en uno de cada cinco hogares en los que todos sus integrantes están en el paro vive una persona mayor de 65 años, cuya pensión es, según el citado análisis, “un recurso de supervivencia”.

“Las políticas sociales han mostrado una reducida capacidad de compensar las desigualdades sociales que genera el mercado”, incluye el informe entre sus conclusiones. “El recurso a la institución familiar presenta ya limitaciones obvias para cubrir todas las necesidades sociales que se van generando”, se subraya en el texto.

España ha pasado de ser el país con menor brecha social al tercero de entre los 27 de la Unión Europea que registra mayor desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre: los primeros tienen cinco veces más ingresos, un aumento en el llamado coeficiente de Gini del 16,3% desde 2007.

La pobreza extrema y la exclusión social han crecido más que en la mayoría de los otros países de la UE. La crisis ha afectado más a la población con edad de trabajar, “no tan solo por la inmensa pérdida de puestos de trabajo, sino también debido a la limitada capacidad protectora —en cuanto a la intensidad o el tiempo—, de las políticas de protección por desempleo, de rentas mínimas, familiares y de vivienda”.

El estudio compara la efectividad de los sistemas de protección social en Dinamarca, Francia, Reino Unido y España. En casi todos los puntos de contraste, España sale malparada. El desempleo ha pasado del 9,2% al 22% de 2005 a 2011, un incremento muy superior a lo registrado en los otros países incluidos en el citado estudio en particular, y a la mayoría de los Estados del planeta en general.

Los más afectados han sido los trabajadores sin calificación, los temporales, los jóvenes y los extranjeros. Este impacto en el empleo ha llevado a su vez al aumento de la población situada por debajo de los umbrales de la pobreza severa —por debajo del 30% de la media de renta—, que alcanzó en 2010 al 5,2% del total.

La debacle económica de las familias españolas queda también patente en otros datos contenidos en el estudio. El 7,6% de los hogares españoles tienen a todos su miembros en paro. El 52,8% de los jóvenes entre 18 y 34 años conviven con sus padres, frente al 17,7% de Dinamarca o el 34% de Francia. Los jóvenes, según el estudio, padecen “una elevada tasa de desempleo y temporalidad laboral con un alto nivel de desprotección”. Los mayores suponen el único sector en el que se ha registrado un mayor incremento en el nivel de cobertura frente a la pobreza.

Pero el fracaso del Estado de bienestar en España queda claro a la hora de juzgar su falta de eficacia para revertir la situación de los ciudadanos en situación de pobreza. La proporción de las personas que, gracias a las coberturas sociales, superan el umbral de la pobreza al cabo de dos años es del 16% en España, por el 37,5% del Reino Unido o el 28,1% de Francia.

Según el análisis, pese a que en España ha crecido el 1,8% el número de hogares que perciben alguna prestación desde 2007, “las cuantías notablemente más reducidas de las prestaciones, su distribución desigual y el carácter limitado en el tiempo de las mismas”, lleva a que la capacidad de cobertura del Estado de bienestar en España esté “muy por debajo del resto de los países analizados a la hora de reducir la pobreza”.

La familia —un concepto social, cultural y afectivo, sobre todo personal y hasta religioso— llega hasta donde los servicios de protección social no lo hacen. Algo que ha sido rápidamente instrumentalizado por los poderes públicos, que han incluido su impacto en los cálculos de los recortes sociales. Es el caso, por ejemplo, de la inclusión de la relación domiciliar con padres y abuelos como factor decisivo a la hora de percibir la ayuda excepcional de 400 euros para parados de larga duración.

Pero la cobertura familiar —“un elemento diferencial de la sociedad española”, según los autores del estudio— está llegando a su límite con las 300.000 familias que prácticamente viven de una pensión.

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