La CEOE pide trato de favor en la Ley de Costas para islas privadas

La reforma de la Ley de Costas ha movido a todos los grupos de presión para influir durante la tramitación parlamentaria. La patronal CEOE ha reclamado un trato de favor para las islas privadas de menos de 100 kilómetros cuadrados similar al aprobado para Formentera y que las concesiones de los clubes náuticos suban de los 35 años actuales hasta 75. El PSOE considera que la propuesta de modificación de la patronal muestra las verdaderas intenciones de la reforma del Ejecutivo.

La reforma de la Ley de Costas que ha preparado el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha levantado el apetito de la patronal. La norma amnistía unas 10.000 viviendas construidas en la playa legalmente antes de 1988 —que tendrán otros 75 años de concesión—. Además, afecta a un poderoso sector económico: salinas, puertos, chiringuitos, hoteles... El Gobierno ha defendido que con su reforma da seguridad jurídica y evita el derribo de viviendas, muchas de ellas compradas por extranjeros.

Por eso la CEOE ha preparado un documento con sus propuestas de enmiendas para enviarlo a los grupos parlamentarios. El borrador, fechado el pasado 5 de noviembre, pide modificar el deslinde de Costas con los criterios de la nueva ley a petición de cualquier afectado. Esto en la práctica supondría reabrir todo el deslinde —el trámite que delimita la zona pública y privada de la playa— de los 8.000 kilómetros de litoral. Ese trámite está ahora a más del 95%, después de casi 25 años de vigencia de la ley, y el Ejecutivo insiste en que habrá que volver a hacer solo una parte pequeña.

Los alcaldes critican que la norma invade competencias

Además, la CEOE reclama ampliar el deslinde especial de Formentera, que en la ley queda más laxo que en el resto por “su especial configuración geológica”. Ese deslinde permitirá mantener la propiedad privada sobre zonas de la isla que con la ley del resto de España pasarían a ser dominio público. El documento de la patronal reclama que se aplique también a islas privadas de menos de 100 kilómetros cuadrados. La CEOE lo justifica en que “en España existen numerosas islas e islotes que comparten la especial configuración geológica de Formentera”, pero añade que “en ningún caso” esto afectaría a las islas que ya son íntegramente dominio público estatal. Es decir, que solo beneficiaría a las islas con propiedades privadas.

La patronal también reclama que el Gobierno aproveche la ley para reformar la Ley de Puertos y ampliar de 35 años a 75 las concesiones de los puertos deportivos. Según la patronal, si las casas tienen 75 años, los puertos también deberían recibirlo, aunque se rijan por una ley distinta.

La CEOE quiere que la prórroga de las concesiones de grandes industrias situadas en la ribera del mar dependa del Gobierno central y no de la comunidad autónoma, como marca el proyecto de ley. Esto afecta a fábricas como la papelera de Ence, en Pontevedra, cuya concesión caduca en 2018 y que con la reforma tiene su futuro en manos de la Xunta. También propone mejores condiciones para las salinas.

El PSOE afirma que la reforma crea agravios a lo largo de todo el litoral

No es el único colectivo que intenta conseguir cambios en la ley. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha saltado contra lo que el Gobierno llama “cláusula anti-Algarrobicos”, el artículo que permite al delegado del Gobierno suspender planes urbanísticos municipales si considera que contravienen la ley. La FEMP considera que eso es inconstitucional porque invade competencias. El 15 de octubre pasado, la subdirección de Desarrollo Sostenible de la FEMP aprobó un texto en el que señala que si un Ayuntamiento ha aprobado una norma es porque está “sometida a la legalidad vigente”, por lo que “no se justifica esta medida”.

Hugo Morán, responsable de Medio Ambiente del PSOE, explica que el documento de la CEOE “muestra el verdadero espíritu de la reforma legal emprendida por el Gobierno del PP”. Según Morán, “los autores de la reforma no están en la Administración, no son funcionarios”. La oposición y los ecologistas siempre han visto la mano de los empresarios detrás de la reforma. El exministro Abel Matutes, con intereses en la industria de las salinas, ha declarado: “Es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho”. En el ministerio lo niegan y señalan que el hecho de que buena parte de los altos cargos sean abogados prueba que la ley es suya. Morán considera que la reforma “es un despropósito desde el principio, ya que hay 11 pueblos agraciados que quedan amnistiados, y 11.000 fuera, con lo que aparecerán reivindicaciones en todas partes”.