El Gobierno canario rectifica y no cerrará la unidad de cirugía infantil

La medida obligaba a los niños que necesitaran una operación a trasladarse a Barcelona

Las Palmas de Gran Canaria 15 NOV 2012 - 18:24 CET

El Gobierno de Canarias, que quería cerrar la única unidad de cirugía cardiaca infantil del archipiélago, ha decidido corregir su posición ante “la alarma social generada”, según ha reconocido este jueves la consejera de Sanidad, la nacionalista Brígida Mendoza, que ha puesto su cargo a disposición del presidente, Paulino Rivero.

La decisión obligaba a los niños canarios a trasladarse a los hospitales de referencia a partir del 1 de enero, probablemente a Barcelona –a más de 2.100 kilómetros–, para ser intervenidos. Ni los familiares ni los profesionales entendían la medida. Se recogieron decenas de miles firmas en unos días y se ejerció una fuerte presión sobre el Gobierno. Finalmente el Ejecutivo ha decidido rectificar.

El Gobierno ha anunciado que la unidad seguirá en funcionamiento. Una unidad en la que antes, para justificar su cierre, decía que había “profesionales a los que le falta destreza” y ahora asegura que está dotada de “excelentes profesionales que prestan un servicio óptimo”. Antes “la unidad era inviable” y ahora “es una unidad muy importante”. Y así, una ristra de contradicciones. Pero “nada ha cambiado”, según Sanidad.

Antonia Pérez, directora territorial de Salud del Ejecutivo autónomo para Gran Canaria, aseguró hace unos días que “esta modalidad en los momentos actuales es imposible de llevar a cabo”. Juana María Reyes, directora del Servicio Canario de Salud, dijo que se cerraba “por motivos de seguridad y racionalidad". "Ya vendrán tiempos mejores”, añandía. Y Brígida Mendoza, consejera de Sanidad, informó de que “después de una decisión larga y profunda se ha decidido cerrar esta unidad”.

Además de los niños con cardiopatías que necesiten ser operados, se proponía trasladar al hospital de referencia a las embarazadas a cuyos futuros bebés se les hubieran detectado problemas cardiacos. Esta medida también se frena.

Noemí es un ejemplo. Tiene ocho meses de vida. Al nacer, estuvo en la UCI tres días porque se detectó que su pulmón derecho no se había desarrollado de forma completa. En el momento se diagnosticó una enfermedad cardiaca congénita. Tiene síndrome de cimitarra y será operada a los dos años de edad. Su corazón no puede drenar el pulmón y desde que comience a caminar sufrirá deficiencias respiratorias. Su madre, Celeste, está en paro y su pareja, Yeray, también. No entienden cómo es posible que cierren esta unidad “una vez se ha logrado tener en Canarias". ¡Estamos muy lejos como para volar con un niño grave!”, claman. Para este vuelo solo hay una aeronave y no siempre está disponible.

José María Brito, cardiólogo que operó a muchos pacientes canarios cuando trabajaba en el hospital madrileño de La Paz y aún no existía unidad especializada en Canarias, fue el médico encargado de iniciar su andadura en 2001. “Viendo la tragedia que suponía para los familiares y los niños, decidí participar en la creación de la unidad”, reconoce. Cuando Brito se fue, asumió Pedro Suárez la jefatura de la unidad apoyado por cardiólogos procedentes de la clínica San Donato, especializada en cirugía infantil y con la que se mantiene un convenio de colaboración que finalizará en enero. Suárez dice “haber vivido ya lo que va a suceder, por desgracia".
"He pasado por situaciones dramáticas y testimonios de pacientes que han llegado al hospital de referencia ya fallecidos”, apunta. Bernardo Medina, de Intersindical Canaria, aporta un dato más: “El 20% de las operaciones son de carácter de urgencia y no soportarían un traslado”.

El contrato con la clínica San Donato para ejecutar algunas de estas operaciones terminará en enero. Se abre así un espacio en el que habrá que concretar, en unos meses, un nuevo convenio con un centro hospitalario del Estado que ayude a la formación de los médicos especialistas en cardiología infantil en Canarias. Y permita que, aunque parte de los pequeños se operen en las islas, otros se puedan trasladar a Barcelona. Las asociaciones de padres han exigido que la decisión del “cómo, cuándo y dónde” habría que hacer los traslados la tomen los profesionales bajo criterios médicos, sin influencias de gerentes, directores ni políticos en estas decisiones.

Gonzalo Martel, secretario de una de las asociaciones, sostenía ayer: “A los padres que tengan que asumir un problema de este tipo a partir del 1 de enero, que tengan la conciencia certera de que no les va a fallar el nivel asistencial que hasta ahora ha tenido. Si falla, es porque el Gobierno de Canarias la ha derrotado”.

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