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El aumento de las tasas judiciales frenará la lucha contra la violencia machista

La presidenta del observatorio del Poder Judicial que analiza estos delitos alerta de que el incremento del precio de los divorcios dificultará que se rompan los lazos con el agresor

Inmaculada Montalbán, durante su rueda de prensa.
Inmaculada Montalbán, durante su rueda de prensa. EFE

En los próximos días, divorciarse, hacer una liquidación de bienes gananciales o interponer una petición de pensión compensatoria será más caro. Y ese aumento de las tasas judiciales –que afecta a todo aquél que no tenga acceso, por renta, a la justicia gratuita— puede suponer una barrera para la lucha contra la violencia de género. “Denunciar ante la policía malos tratos no tiene coste, pero romper el último lazo con el agresor recurriendo al divorcio y repartir los bienes del matrimonio será ahora más caro, y por tanto un obstáculo para que las mujeres víctimas de la violencia sigan adelante con los procesos judiciales”, ha alertado esta mañana la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Genero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán.

Las tasas, publicadas hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que iban a entrar en vigor mañana, pero cuya implantación se ha retrasado 'in extremis' unas semanas porque los impresos correspondientes no estaban aún listos, son diversas. Así, un divorcio puede costar entre 300 euros en primera instancia y de mutuo acuerdo a 800 euros en apelación; todo ello si no hay peticiones económicas. “Si las hay, a la cuantía reclamada hay que sumarle una escala gradual, que supone un impacto brutal”, advierte Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Y si existen esas peticiones económicas (pensión, indemnización…), a la cuantía reclamada hay que sumar, además, una escala gradual. Un ejemplo: en el momento que un matrimonio que se quiere divorciar tenga una vivienda, un coche o cualquier bien, hay que calcular cuanto es el valor de todo, aplicarle la tasa fija que corresponda y luego un porcentaje de 0,5% de impuesto, que iría a parar a las arcas del Estado. Las tasas no afectan a aquellas personas que tengan derecho, por renta, a la justicia gratuita. Un número, cree Cerrillos, “muy limitado”. Solo pueden recurrir al sistema gratuito las personas cuya unidad familiar tenga ingresos inferiores a unos 1.500 euros mensuales.

Para Montalbán, la nueva cuantía de los impuestos judiciales coartará a las víctimas de interponer una demanda ante la justicia. Las tasas no afectan a los procedimientos penales pero sí a los civiles como las liquidaciones de gananciales, la interposición de medidas de indemnización por dedicación a la familia, la pensión compensatoria, la reclamación del uso del domicilio familiar, el divorcios... Solo está exentos, explica Cerrillo, los procesos donde solo se pide la custodia de los hijos. “Pero, quién pide solo eso”, apunta.

La conclusión, advierte la presidenta del Observatorio del CGPJ, es que cada vez menos mujeres víctimas de violencia de género pedirán estas medidas. “Solo escuchar la palabra tasa, ya provoca rechazo”, dice. Dese 2007, los juzgados españoles han registrado 735.730 denuncias por violencia de género --una media de 360 diarias--. Sin embargo, en el 11,5% de los casos las mujeres decidieron no seguir adelante con el proceso judicial. Una renuncia que puede estar motivada, explican los expertos, por las presiones, el miedo y la limitada red social de apoyo económico al que tienen acceso las víctimas. “Y si a estas razones que ya existen se le suma ahora el impacto económico de las tasas judiciales, el número de renuncias pueden aumentar”, opina Montalbán, que cree que la medida que el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón ha sacado adelante persigue un “afán recaudatorio, incompatible con el servicio público de la justicia”.

El Consejo General del Poder Judicial está preparando un informe sobre el impacto general y por apartados de la medida. Aún no está listo –aunque cuando se hizo pública este organismo ya advirtió de que podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución--. Sin embargo, el Observatorio presentó el 31 de octubre una propuesta de enmienda de a todos los grupos parlamentarios para que no se aplicasen las tasas a aquellos procesos de separación y divorcio tramitados en los juzgados de violencia de género, pero no se aceptó.

Y es que, a pesar de que el llamado copago judicial se ha granjeado las críticas de todos los grupos parlamentarios --de hecho el PSOE lo recurrirá al Tribunal Constitucional-- y por todo el sector judicial, la medida se ha tramitado con una velocidad pasmosa –el PP impuso un trámite de urgencia para ello--. A la secretaria de Igualdad del PSOE, Puriricación Causapié, también le preocupa que el aumento de las tasas puedan actuar como freno a los procesos judiciales en esta materia. Por eso, explica, se reunirá en los próximos días con las organizaciones de mujeres que trabajan en violencia de género para ver cómo puede afectar a las víctimas. “Nos preocupa mucho este asunto, porque las mujeres que pasan por violencia machista suelen tener procesos judiciales muy conflictivos, y eso con las nuevas tasas los encarecería enormemente”, argumenta Causapié.

Reforma del Código Penal

De las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, el incremento de las tasas judiciales no es la única que preocupa a los expertos en violencia de género. También inquieta, y mucho, la reforma del Código Penal. La nueva reglamentación, mucho más restrictiva, podría eliminar sin embargo la falta de ‘vejaciones injustas’, el primer eslabón en la cadena del maltrato, según los expertos, en el que se hace imprescindible, además intervenir.

El anteproyecto del Código Penal también contempla la posibilidad de que el juez suspenda el cumplimiento de una pena a cambio de un proceso de mediación. Y, de momento, no ha contemplado los casos de violencia de género como una excepción a esto. Algo que las organizaciones de mujeres y juristas consideran un error flagrante. No solo, dicen, porque varias normas vetan la introducción de la mediación como medida para condicionar la suspensión de la ejecución de la pena; también porque muchos documentos y estudios contraindican este sistema en los proceso de violencia de género.

“Dado el desequilibrio de poder entre víctima y agresor en casos de violencia de género no cabe la mediación, cuyo principio básico es la igualdad entre las partes. El ejercicio de la mediación en esta casuística pone en riesgo a la víctima al tiempo que minimiza la acción violenta del perpetrador”, indica Yolanda Besteiro, Presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Su organización y otras, como Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres o la Comisión de Investigación de Malos Tratos han firmado un documento en el que expresan su alarma ante la reforma del Código Penal en lo que afecta a la lucha contra la violencia de género.

El anteoproyecto de Código Penal también recoge la posibilidad del pago de una multa ara delitos machistas. Algo que la ley de violencia de género impide expresamente. “Se prohibió expresamente esa opción porque la experiencia nos demostró que las multas recaían en realidad en las propias víctimas. Hemos encontrado casos en los que la mujer víctima de malos tratos ha ido a pagar la sanción a su aún marido para evitar embargos”, explica Inmaculada Montalbán.

Menores enjuiciados

En el balance de los siete años de creación de los juzgados de violencia sobre la mujer destacan algunas cifras. Por ejemplo la de menores enjuiciados. Desde 2007 (año en el que se empiezan a contabilizar), 778 adolescentes de entre 14 y 17 años han pasado por los juzgados acusados de delitos y faltas relacionados con al violencia de género. El número de menores acusado por este tipo de causas ha aumentado un 23,7% en cinco años. En 2007 fueron enjuiciados 139, en 2011 ese número subió a 172, según datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. En el primer semestre de este año, han sido juzgados ya 81 adolescentes. Una cifra, ha dicho Montalbán, que difícilmente se reducirá sin medidas específicas de educación y tratamiento especializado para los menores. “Hay que intervenir para evitar el aprendizaje de comportamientos machistas”, ha reclamado.

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