VIDA&ARTES

La transparencia con peaje es menos

La decisión de Meteorología de cobrar por la información en bruto que ofrecía gratis causa revuelo

Las promesas de 'open data’ en la Administración dan pasos en falso

Una joven observa la pantalla de la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET). / SAMUEL SÁNCHEZ

Hasta ahora, todo estaba a un clic. Y se ha dado un paso atrás. Esa es la conclusión a la que llegan los expertos en transparencia consultados por este diario al ser preguntados por la decisión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de empezar a restringir el acceso gratuito a parte de la información que hasta ahora ofrecía sin cobrar a los ciudadanos y empresas. Son datos generados a través de infraestructuras públicas, costeadas a través de los impuestos pagados por ciudadanos y empresas que, a partir de ahora, tendrán que repagar en muchos casos por tener acceso a dicha información.

“La aplicación de la Ley de Transparencia no afecta a la decisión de la agencia”, asegura José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y uno de los principales impulsores de la propia ley. Argumenta que el objetivo de la futura norma es “garantizar el transparente funcionamiento de las instituciones públicas”, y no facilitar el acceso a datos que son fruto de su trabajo, pese a que la ley se presenta también bajo el epígrafe de “Acceso a la Información Pública”. Aunque no encuentra motivo por el que deshacer la decisión de la agencia estatal, Ayllón asegura que, si durante la tramitación de la ley —que está en fase de presentación de enmiendas— se considera que el acceso a los datos clarifica el trabajo de la Aemet, se estudiará la posibilidad de volver a abrirlos de forma gratuita.

Tal como está redactada en estos momentos, la ley indica de manera expresa que “el acceso a la información pública será gratuito” y solo cuando se reclame información en un formato diferente del original se podrá imponer una tasa, tal como señala el economista y presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano. En su opinión, la medida de la Aemet y los trámites impuestos ahora para obtener la información “restan eficiencia” al proceso.

La implantación de trámites de acceso a contenidos públicos resta eficacia

Y es que cobrar por los datos es, en cierta medida, cerrar el acceso a dichos datos. No solo porque implica un coste económico para acceder a algo que los ciudadanos ya han costeado con sus impuestos, sino porque, en este caso, el acceso a la información será menos ágil que hasta ahora. De la facilidad de la entrada a una página web y la descarga de archivos en un servidor FTP se pasará a un proceso burocratizado de solicitud y pago de los datos. Así, la transparencia no solo lleva consigo el pago de un peaje sino que, además, el proceso se dificulta y ralentiza.

La Aemet no tiene previsto reforzar su servicio para atender las solicitudes, que serán asumidas por el departamento de atención a usuarios, y tampoco ha establecido los tiempos en los que ha de responder, lo que podría desincentivar a muchos ciudadanos y empresas en el uso de esta información.

Las solicitudes también pueden formalizarse por Internet tras descargar un formulario y remitirlo por fax o por correo postal. Un portavoz de la agencia, Alejandro Lamas, ha señalado que el plazo de contestación puede situarse en “horas o días”, mientras que los únicos sistemas de pago serán la transferencia (operación que encarece la solicitud) o el pago en metálico en oficinas de la agencia). En términos de mera eficacia y rapidez del proceso, es el equivalente a dar un paso atrás de varias décadas.

Las tasas por datos meteorológicos tienen precios variables, desde un céntimo hasta 184 euros, y se prevén exenciones y descuentos para investigadores e instituciones públicas.

El catedrático de Geografía de la Universidad de Barcelona Javier Martín Vide relata cómo, desde su faceta de docente, en muchas ocasiones se ha requerido a los alumnos para que analizaran datos con el fin de presentar algún trabajo o práctica. Ahora, además del coste económico, los estudiantes “tendrán que acudir a los centros meteorológicos zonales y pueden llegar a colapsar el servicio”. Pero la agencia y el ministerio del que depende, el de Medio Ambiente, no parecen haber previsto este tipo de situaciones.

Aemet prevé recaudar un 60% más en tasas tras cerrar sus datos

Martín Vide considera que para los investigadores la medida no tendrá un coste económico muy elevado, pero resalta que el proceso de obtención se ralentizará considerablemente.

El meteorólogo Mario Picazo también se ha mostrado contrario a este peaje para los datos públicos “no tanto por quienes trabajamos en una empresa privada, que puede tener recursos, sino para estudiantes que ahora, dependiendo del tipo de información, tendrán que pagar unos precios prohibitivos”, asegura.

Así, en la práctica, desde los ámbitos en los que se accedía a esta información, el cese de su gratuidad puede suponer hasta la supresión de su uso.

Según la propia Aemet, las visitas a la página se multiplicaron cuando, en 2010, se procedió a la apertura de acceso a los datos, llegando a un máximo diario de 5,2 millones el día 2 de septiembre de 2011. Las descargas alcanzaron la suma de 190.000, como máximo en una jornada. Es decir, la web registraba un elevado tránsito que ahora, aparentemente, se quiere rentabilizar.

La Aemet niega haber realizado un cálculo de ingresos. Sin embargo, los presupuestos de la agencia para 2013 reflejan una previsión de recaudación por tasas un 60% superior a la de 2012, 10 millones más, lo que lleva a concluir que esta medida servirá para paliar, en alguna medida, las consecuencias de la crisis.

¿Supone la decisión de la Aemet el inicio de una senda de cierre y cobro de datos públicos? Ningún otro ministerio ha desvelado su intención de seguir los pasos de Medio Ambiente, el único departamento ministerial que ya cuenta con su propia Ley de Acceso a Información Pública. La mayoría traspasa sus datos al Instituto Nacional de Estadística (INE), que mantiene una página web abierta con millones de datos oficiales.

La Agencia de Meteorología ha tenido hasta 190.000 descargas en un día

Algunos organismos cobran por informaciones, pero todos los casos consultados se refieren a datos elaborados, informes o estudios, tal como hace el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero no a datos en bruto, que son los que ofrecía la Aemet. También el Ministerio de Defensa tiene en vigor una orden de precios públicos, pero hace referencia a ensayos, cálculos y pruebas de evaluación.

La tendencia en el resto de países desarrollados es contraria a limitar el acceso al trabajo que realizan las Administraciones públicas. Existe una voluntad manifiesta para la liberalización de los datos que, en algunos casos, ya se ha ejecutado hasta alcanzar cotas que están a años luz de la situación en España. En Canadá, por ejemplo, no solo no se cobra por el acceso, sino que los datos de las inspecciones sanitarias a restaurantes se pueden cruzar con las atenciones por intoxicación alimentaria en los centros cercanos a los mismos, lo que, de hecho, ha supuesto un cambio de tendencia en la afluencia a determinados establecimientos.

España aspira a dejar de ser el único país europeo que no tiene una Ley de Transparencia. Va camino de conseguirlo, por fin, ahora que la norma está en tramitación aunque, probablemente, no se apruebe hasta la primavera de 2013. Este es uno de los motivos por los que no suscribió el convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a documentos públicos pero, con decisiones como la vigente en la Aemet, podría estar más lejos de cumplir con lo que en él se dicta.

El convenio considera que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública “fomenta la integridad, la eficacia y la responsabilidad de autoridades públicas, ayudando así a que se afirme su legitimidad”. Aún así, el texto no impide a los Estados que cobren por los servicios “proporcionados por archivos y museos”, señala. Y añade que se podrá cobrar por “una copia” de los documentos o datos públicos que se soliciten.

El hecho es que la Agencia Estatal de Meteorología ha atendido la advertencia de la Intervención General del Estado sobre el incumplimiento de una orden ministerial, de 2006, que exige la aplicación de precios públicos para el acceso a algunos de sus datos. El portavoz de la Aemet destaca la “vocación de servicio público de la agencia”, pero el caso es que los anteriores responsables entendieron esto solo para los casos de datos elaborados y los actuales no han solicitado la derogación de dicha orden.

España es el único gran país europeo que sigue sin ley de transparencia

La ideología o la búsqueda de fórmulas para frenar los efectos de la crisis económica en las instituciones pueden estar en el origen de la decisión. Pero, según la plataforma Epsi (European Public Sector Information), que está financiada con fondos europeos y que ha elaborado un informe sobre el cobro de datos públicos, los efectos beneficiosos de la gratuidad en el sector público se demuestran a largo plazo, ya que se gana en eficiencia y eficacia. Así lo destaca Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe, miembro de la Coalición Pro Access, una plataforma que aglutina más de medio centenar de organizaciones a favor de la transparencia. Anderica desvela además la sorpresa que causó en los foros de transparencia la decisión de la Aemet de empezar a cobrar por determinada información y así lo recogió la misma plataforma europea, que se hizo eco de la noticia que calificó de “sorprendente”.

Pero el copago parece querer instalarse, pese a los visos de supuestas ilegalidades. En este caso, de nada sirve la consideración del Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad del copago sanitario, ya que esta solo considera la invasión de competencias por parte de las autonomías que pretenden implantarlo y el factor de desigualdad en el acceso a los fármacos entre diferentes comunidades. Tampoco sirve la sentencia contra la intención del Consejo General del Poder Judicial de cobrar por el acceso a sentencias, ya que el Tribunal Supremo finiquitó la imposición de tasas, pero también por una cuestión de competencias, alegando que el Poder Judicial no tenía poder para ello.

Uno de los problemas básicos de España en esta materia es la ausencia de una política transversal en materia de transparencia. Ello hace que mientras en unos ámbitos o departamentos se invierte por favorecer el open data (Gobierno abierto), en el despacho de al lado están poniendo obstáculos a esa misma transparencia, tal como indica Anderica. Pero es que el proyecto de Ley de Transparencia ni siquiera cuenta con una memoria económica.

Según esta experta en transparencia, una muestra evidente de la falta de coherencia en el proceso es la web pública aporta.es, una página que organiza y gestiona la información pública de la Administración General del Estado que ha recibido incluso un premio por su accesibilidad. En su opinión, de nada sirve que la página se presente muy ordenada y con facilidades de manejo “si no tiene datos de interés”.

En Francia, por ejemplo, el Gobierno trabaja con las ONG dedicadas a la transparencia para saber qué datos consideran más interesantes y en qué ámbitos han de centrar su esfuerzo por ampliar el catálogo de datos disponibles.

En España también se han ido dando pasos, pero con resultados muy desiguales. En Córdoba, un grupo de instituciones públicas creó una web (opendatadordoba.com) con una inversión de fondos públicos de casi 400.000 euros. En ella se comenzaron a publicar datos relativos a líneas de autobuses o anuarios estadísticos, cuando su función era, entre otras cosas, facilitar datos de las Administraciones locales, autonómica y estatal y posibilitar la “búsqueda de empleo o la creación de empresas”. La web ha acabado cerrándose. Otro paso en falso en un camino en el que queda mucho por andar para llegar a buen puerto.

El negocio de la reutilización

La información pública no es solo información. Es una materia prima que genera riqueza. Así lo demuestra el impulso que los países democráticos están dando a la reutilización de datos. En España, este negocio alcanzó en 2010 un volumen de entre 550 y 650 millones de euros, y empleo directo a entre 5.000 y 5.500 trabajadores, según los datos que ofreció el propio Gobierno en la anterior legislatura, cuando se aprobó un real decreto para impulsar la reutilización de los datos que generan las Administraciones públicas.

“El objetivo es situar a España al nivel de países de vanguardia en esta materia de apertura de datos públicos, como Estados Unidos o Reino Unido, con lo que se favorece la creación de nuevos productos y servicios de valor añadido en el sector de los contenidos digitales y se contribuye a la transparencia en la actuación de las Administraciones públicas, como principio básico de la democracia”, señaló entonces la referencia del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto. El texto señala, en cualquier caso, que los ministerios y organismos pueden establecer condiciones específicas.

“La ley reconoce la importancia y el valor que tiene la información generada desde las instancias públicas por el interés que posee para las empresas y, consecuentemente, para el crecimiento económico y la creación de empleo”, señala la norma, que está en vigor.

Sin embargo, la medida implantada ahora por Aemet, que ha empezado a cobrar por algunos datos que hasta ahora ofrecía de forma gratuita, es una cortapisa a este negocio. Los datos meteorológicos no solo son utilizados por profesores o aficionados, sino que hay empresas que trabajan sobre ellos para después venderlos. Ahora, su negocio será menos rentable, o quizá insostenible, al tener que pagar por esa materia prima.

“La liberalización de datos siempre estimula la economía y en España nos hace falta cualquier impulso”, asegura la directora ejecutiva de Access Info Europe, Helen Darbishire. Pero ni existe un cálculo de en qué medida puede afectar al negocio de reutilización de datos ni hay una previsión de cuánto pasará a ingresar la Aemet por el cobro de esa información.

El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Carlos Padrós señala que la Ley de Reutilización de Datos incluye un artículo que señala la posibilidad de establecer precios a la información pública. Sin embargo, también admite que entre los datos de la Aemet y, por ejemplo, las sentencias de los tribunales no existe, jurídicamente, ninguna diferencia que lleve a cobrar unos sí y otros no.

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