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Los obispos presionan al Gobierno para que ‘restaure’ el matrimonio en España

La Conferencia Episcopal denuncia "su destrucción por vía legal” y recuerda su doctrina tras el aval del Constitucional a las bodas gais. “Las leyes están para cambiarlas cuando no son justas", dicen

Juan Antonio Martínez Camino, ayer en Madrid.
Juan Antonio Martínez Camino, ayer en Madrid.JUANJO MARTÍN (EFE)

En España no existe el matrimonio, los españoles han perdido ese derecho, sostienen los obispos. Lo afirman “sin temor a incurrir en exageración alguna”, en una llamada nota doctrinal aprobada ayer por la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Los prelados no citan al PP ni al Gobierno, pero apremian a los políticos católicos a que “actúen de acuerdo con su conciencia, más allá de cualquier disciplina de partido”. “No digo que no se pueda sacar esa conclusión, pero no está en el texto”, reconoció el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino, cuando se le preguntó si la asamblea episcopal estaba presionando con esa nota al Ejecutivo que preside el católico Mariano Rajoy. “Las leyes están para cambiarlas cuando no son justas. Y hay caminos políticos y legales para cambiarlas. Es imperativo procurar por medios legítimos promover un cambio legal, donde los derechos de todos sean respetados”, añadió.

Célibes por vocación o rigurosa exigencia centenaria de su Iglesia, los obispos sostienen que sin un matrimonio como el que ellos promueven (eclesiástico, indisoluble y de esposo y esposa), no hay ni familia, ni sociedad, ni, incluso, salida de la crisis económica actual. La aversión de las jerarquías católicas a la legislación civil sobre la materia viene de lejos. A mediados del siglo XIX, ya calificaron como “la legalización del concubinato universal” la introducción en España del matrimonio civil. Hasta entonces solo cabía casarse ante un cura. Hoy, en cambio, los matrimonios por lo civil superan ya a los que se celebran por un rito católico. Cuando el anterior Gobierno reformó el Código Civil para abrir la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo, los obispos afirmaron que era lo peor que les había ocurrido en 2000 años de historia. Lo dijo en conferencia de prensa su portavoz, que además de secretario general de la CEE es prelado auxiliar del cardenal Antonio María Rouco en el arzobispado de Madrid.

La asamblea plenaria episcopal inicia la nota emitida ayer, aprobada por unanimidad, diciendo que “se ve en el deber de recordar” su doctrina matrimonial a causa de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional declarando plenamente legal la legalización por el Gobierno Zapatero de los matrimonios gais, en 2005. Dicen: “Es una legislación gravemente injusta porque no reconoce netamente la institución del matrimonio en su especificidad, y no protege el derecho de los contrayentes a ser reconocidos en el ordenamiento jurídico como esposo y esposa; ni garantiza el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como esposos y esposas del futuro; ni el derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre en el seno de una familia estable”.

“No son leyes justas las que no reconocen ni protegen estos derechos tan básicos sin restricción alguna. Por eso, es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio”, añaden los prelados, citándose a sí mismos en un documento del verano pasado que titularon La verdad del amor humano. “Asistimos a la destrucción del matrimonio por vía legal, por lo que, convencidos de las consecuencias negativas que esa destrucción conlleva para el bien común, alzamos nuestra voz en pro del matrimonio y de su reconocimiento jurídico. Recordamos además que todos, desde el lugar que ocupamos en la sociedad, hemos de defender y promover el matrimonio y su adecuado tratamiento por las leyes”, añaden.

La reclamación a los políticos “para que asuman su responsabilidad” la hacen apelando a “la recta razón”. Afirman: “En esta materia tan decisiva se exige que todos actúen de acuerdo con su conciencia, más allá de cualquier disciplina de partido. Nadie puede refrendar con su voto leyes que dañan tan gravemente las estructuras básicas de la sociedad. Los católicos, en particular, deben tener presente que, como servidores del bien común, han de ser también coherentes con su fe”.

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