ANÁLISIS

¿Por qué no vuelven a denunciar las mujeres que ya denunciaron?

Testimonios de mujeres alertan sobre trabas en el acceso y obtención de justicia

“Si las mujeres no denuncian, no se las puede apoyar”. Este mensaje lo repiten como un mantra responsables políticas y profesionales relacionadas con la violencia de género. Se basan en que en pocos casos de asesinato había denuncias previas. Pero, ¿qué respuesta obtienen las mujeres que sí denuncian? ¿por qué no se pone el acento en los fallos que propiciaron los crímenes de mujeres con denuncias previas? La insistencia en recordar lo que las mujeres “deben” hacer, sin comprender los lastres que dificultan la denuncia, contrasta con la escasa atención política y mediática al análisis de la respuesta hacia quienes sí lo han hecho. Y aquí es donde habría que colocar el foco.

Hace más de siete años, la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de género supuso un paso fundamental hacia la necesaria especialización de la respuesta judicial frente a los abusos de género. Desde entonces muchos y muchas profesionales de la abogacía, la judicatura o la fiscalía desempeñan una labor fundamental para la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, también en estos años, algunos datos y decenas de testimonios de mujeres alertan sobre trabas en el acceso y obtención de justicia. Entre los datos, es preocupante que en los últimos siete años el crecimiento de las causas archivadas haya sido diez veces superior al incremento de las denuncias, incluyendo casos en los que las mujeres siguen adelante con el proceso judicial. También ha crecido en más de diez puntos la denegación de órdenes de protección por parte de los jueces y se ha producido un descenso sostenido de las sentencias condenatorias.

¿Por qué este crecimiento de los sobreseimientos judiciales o las sentencias absolutorias para los agresores en casos de violencia de género? ¿Qué impacto tiene en las mujeres? ¿Y en los culpables? La reciente investigación de Amnistía Internacional trata de dar respuestas a estos interrogantes. Detrás de las cifras, los testimonios de mujeres que vieron sobreseído su caso o cuyos agresores recibieron una sentencia absolutoria evidencian obstáculos de gran envergadura en el camino hacia la justicia.

La calidad de la asistencia letrada sigue dependiendo en gran medida del interés y sensibilidad personal de cada profesional. Casos como el de Elena (nombre ficticio) reflejan grandes carencias. Su abogado apareció diez minutos antes del juicio, no le proporcionó ninguna información, no formuló ninguna pregunta durante la vista y diez días más tarde recibió una sentencia absolutoria basada en la falta de pruebas. En cualquier caso, el impulso del proceso y el esclarecimiento de los hechos son también responsabilidad del juzgado y de la fiscalía, no solo de la víctima. Mujeres que, tras años de soportar malos tratos, vieron archivados sus expedientes por “falta de indicios de delito” recuerdan que el foco judicial solo iluminaba un episodio, generalmente una agresión física o amenaza puntual, y que tenía que ser ella, la víctima, la que, a pesar de su difícil situación emocional, debía recabar las pruebas.

A falta de investigación, el testimonio de quien ha sufrido el maltrato aparece frecuentemente como la única prueba y la búsqueda de indicios de denuncias falsas suele ser el objetivo central de muchos interrogatorios. Esta forma de afrontar los procesos, que revictimiza a las mujeres, no puede justificarse por la aplicación del principio de presunción de inocencia del acusado. Porque no se puede condenar a nadie sin pruebas, pero el Estado falla cuando no investiga.

La justicia negada supone, además de un maltrato añadido para muchas mujeres, la pérdida de confianza en el sistema judicial. Y esto es precisamente lo que desean sus agresores. Una mujer que, tras varias denuncias, no logra justicia afirma que no volvería a denunciar porque cada archivo o absolución “ha dado alas” a su maltratador. Es urgente ofrecer una respuesta a por qué no vuelven a denunciar las mujeres que ya denunciaron.

María Naredo es jurista e investigadora de Amnistía Internacional.

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