El CSIC presenta un plan de ajuste anticrisis para evitar un ERE

Un informe del Ministerio de Economía reclama al Consejo más autofinanciación

Laboratorio de física del CSIC. / LUIS SEVILLANO

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sufre una aguda crisis presupuestaria, hasta el punto de que prepara un plan de viabilidad de urgencia que se discutirá el próximo miércoles en la reunión del Consejo Rector de la institución. Las medidas de choque que presentará su presidente, Emilio Lora Tamayo, con un alcance de aquí a 2015, incluyen la optimización patrimonial para buscar vías de financiación por sus bienes inmuebles, la reducción de gastos de personal, la supresión de convocatorias de plazas de investigación y de contratos de obras, y un plan de cobro de deudas. Se trata de evitar un ERE (expediente de regulación de empleo), medida que se considera un “último recurso”, según fuentes del CSIC. La institución acumula ya un recorte presupuestario del 30% en 2012 respecto a 2009 y Lora Tamayo advirtió el pasado febrero, poco después de tomar posesión de su cargo, que afrontaba este año con un déficit de 173 millones de euros.

En la base de las medidas del plan de viabilidad está un informe sobre la situación que se encontró Lora Tamayo preparado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Mineco), del que depende el CSIC, a cuyas conclusiones ha tenido acceso EL PAÍS. En el texto se reprocha al organismo “falta de contabilidad apropiada” en algunos casos y, en otros, se le pide una mayor planificación con indicadores claros de consecución de objetivos. Pero, sobre todo, recomienda al CSIC que “realice una presupuestación más ajustada a la realidad, de modo que los gastos corrientes se financien cada vez en mayor porcentaje, por ingresos propios, disminuyendo la apelación a subvenciones estatales y destinando las ayudas para investigación a su finalidad”. Esto es, depender menos del dinero público y no adelantar fondos conseguidos para investigaciones para pagar gastos corrientes, algo que está ocurriendo por culpa de los recortes, con el permiso del presidente del CSIC, asegura el informe.

Este, preparado por la Inspección General del Mineco, empieza por afirmar que “la transformación del organismo autónomo CSIC en agencia estatal, en el año 2007, no ha surtido los efectos de eficiencia y eficacia” buscados, “puesto que se ha producido un excesivo aumento de la estructura burocrática del organismo, sobre todo, en los puestos directivos, así como un trasvase de personal investigador a administración y servicios, sin correlación demostrable de la mejora de sus resultados”.

El mayor centro de investigación público tiene un déficitde 173 millones

El CSIC, con 14.000 empleados (4.300 de los cuales son doctores científicos) tiene casi 130 institutos y centros de investigación. Su presupuesto ha pasado de 836 millones en 2009 a 665 este año, con una previsión para 2013 de 599 millones. En septiembre de este año, se habían reducido en un 12,5% los gastos del organismo. En la evolución de personal, el informe del Mineco indica que entre 2009 y 2011 “solo se ha reducido un incremento del 0,1% del personal funcionario”; ha disminuido el personal laboral fijo [sin indicar porcentaje] y, un 16% el eventual.

Actualmente, el CSIC cumple las condiciones para un ERE. La presidencia del Consejo ha declinado comentar el plan de viabilidad antes de la reunión de pasado mañana. Asisten a la misma Lora-Tamayo, los vicepresidentes del CSIC, representantes del Mineco, del Consejo de Universidades, de las organizaciones sindicales, y una quincena de investigadores de prestigio.

“La principal fuente de recursos propios del CSIC son las procedentes de contratos y convenios de colaboración con empresas y organismos que solicitan sus servicios y/o desean explotar las patentes de tecnología conseguidas a través de las investigaciones”, señala el documento. La conclusión en este apartado es que la transferencia de tecnología es “creciente” y la demanda por parte de empresas y entes públicos “es amplia, dado el prestigio que los investigadores e instalaciones del CSIC poseen”. El problema es cobrar, en estos tiempos de crisis, a esas empresas y organismos.

En el control de la gestión, el informe recomienda poner en marcha las reformas necesarias. “La planificación estratégica del CSIC carece de indicadores que muestren mejora de resultados según los costes, dado que se carece de una contabilidad apropiada”, señala el informe. “La fijación de objetivos en el Plan Estratégico es muy diferente según el área y, en algunos casos, no están cuantificados ni poseen indicadores claros de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de objetivos”. Por supuesto, la recomendación es establecer “una verdadera planificación estratégica” que muestre “objetivos de claros de gestión y los costes estimados para su realización, así como el establecimiento de indicadores que permitan observar la eficiencia en la consecución de resultados a corto y largo plazo”.

La situación presupuestaria dramática que sufre el CSIC se refleja, por ejemplo, en la utilización que ha venido haciendo en los últimos tiempos de los fondos externos que los investigadores obtienen con sus proyectos científicos. “En algunos casos”, se destinan dichos fondos “a gastos corrientes”, dice la inspección del ministerio. Aunque esta práctica “incumple los preceptos contables”, ha sido autorizada por el presidente. El procedimiento se justifica en el CSIC por la reducción que han sufrido las transferencias que recibe del Estado.

 

 

 

 

La ciencia... al BOE

La gestión y la evaluación de proyectos del Plan Nacional de Ciencia, considerado la joya de la corona del sistema de I+D porque permite seleccionar y financiar las mejores investigaciones tras un proceso de evaluación científica, no se salva de las críticas en el informe del Ministerio de Economía sobre el CSIC, aunque no dependen en absoluto del organismo. “Se trata de un procedimiento muy costoso ya que cada proyecto se evalúa en cuatro ocasiones, por lo que sería conveniente analizar la posibilidad de simplificarlo, sin merma de la calidad y transparencia en el proceso de selección”, señala la inspección interna del ministerio.

Todo sistema de gestión es mejorable y el de la ciencia española sufre carencias presupuestarias, pero la evaluación científica independiente de calidad realizada por paneles de expertos por áreas, con sus lógicos costes, es el pilar en el que se basan todos los sistemas de ciencia avanzados, incluidos los programas de la UE. Es un modelo eficaz para garantizar que se financia la mejor ciencia en lugar de propuestas de desconocida relevancia o repartirlo de forma uniforme, lo que se llama “café para todos”.

Pues bien, los inspectores de Economía, en pocas líneas, proponen sus soluciones en el informe. Por ejemplo, para reducir gastos en la evaluación sugieren “penalizar a los investigadores que presenten proyectos por debajo de un umbral mínimo”.

“Las valoraciones anónimas que realizan los evaluadores de la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) no parecen casar bien con principios como los de transparencia e imparcialidad”, dice el texto, pese a que la ANEP no depende del CSIC y evalúa proyectos científicos y convocatorias de personal de todo el sistema de I+D. “A efectos de mayor transparencia, la concesión de las ayudas deberían publicarse en el BOE”. Cabe señalar que las convocatorias, las listas provisionales de proyectos de las convocatorias del Plan Nacional se publican en la web del ministerio y son de libre consulta; las definitivas se publican también en el BOE.

Los inspectores han hecho el seguimiento de la ejecución de los proyectos del Plan Nacional en dos institutos del CSIC y no han encontrado anomalías en la gestión. “El único problema detectado al respecto es que solo se realiza un control sobre los investigadores que han obtenido ayudas en convocatorias competitivas y no sobre aquellos que no realizan investigación alguna a pesar de pertenecer a cuerpos o escalas a los que debería exigírseles este tipo de actividad”. En cuanto a los que no investigan… ¿qué hacer si son funcionarios?

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