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Diez hospitales públicos, al mercado de una tacada

Madrid y Castilla-La Mancha lideran la apuesta por el modelo Alzira

La expansión del modelo atrae la atención de las empresas del sector sanitario

De los distintos grados que hay en la cesión de parcelas de gestión de la sanidad pública al sector privado, el modelo Alzira es la fórmula más contundente. Todo, tanto los servicios estrictamente asistenciales —médicos, enfermeras— como las prestaciones auxiliares —mantenimiento, tecnología, limpieza—, queda bajo la dirección de la firma a la que se otorga la concesión.

Esta modalidad es la opción elegida por la Comunidad de Madrid para seis de sus hospitales y de Castilla-La Mancha para otros cuatro. La apuesta anunciada durante este año con meses de diferencia por las dos autonomías dibuja un escenario inédito. En los próximos meses saldrá al mercado de una tacada la gestión privada de 10 hospitales públicos. Cuando entren en funcionamiento —teóricamente el año que viene— bajo la fórmula que comenzó a rodar en el hospital de La Ribera (Alzira, Valencia) en 1999, el modelo ya se habrá extendido a 19 centros, frente a los nueve actuales (cinco en la Comunidad Valenciana y cuatro en Madrid, uno de ellos pendiente de abrir).

La expansión del modelo y las oportunidades de negocio que plantea, a falta de perfilar todos los detalles, ha despertado el interés de las operadoras que copan el sector actualmente —Ribera Salud y Capio—, pero también otras compañías sanitarias. Es el caso de Hospitales de Madrid o el grupo Quirón-USP.

Las empresas recelan del riesgo de impagos de las Administraciones

Los 10 nuevos hospitales presentan un elemento especialmente atractivo. En contra de lo que solía suceder hasta el momento en adjudicaciones anteriores, los centros ya están construidos, de forma que las empresas que resulten adjudicatarias de la concesión no tendrán que desembolsar los enormes gastos financieros que implican construir un hospital.

Sin embargo, algunas de las empresas consultadas, que prefieren no ser nombradas, destacan también algunos de los riesgos que presentan estas operaciones. Por un lado, el único cliente de las concesionarias es la sanidad pública, que paga un canon anual (639 euros al año en Valencia) por cada habitante del departamento de salud que queda bajo su responsabilidad sanitaria (entre 250.000 y 300.000). Y los impagos en la Administración están a la orden del día. Por otro, el personal de estos hospitales es estatutario (funcionarios sanitarios) y muchos de ellos, como demuestra la movilización de ayer en Madrid, recelan abiertamente de modelo en el que sus jefes pasarán a ser una empresa.