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La calle despierta

Una sociedad que parecía aletargada se moviliza en multitud de frentes.

Nadie se libra ya de los recortes.

La protesta es trasversal: médicos con pacientes, profesores con alumnos, jueces con abogados

Manifestación el pasado abril en Madrid para exigir al Gobierno que no aplicase recortes en servicios públicos como sanidad o educación. / Álvaro García

El ambiente era inflamable y la chispa ha saltado. Los trabajadores de la sanidad, la educación, los jueces, los activistas antidesahucios... La duración y profundidad de la crisis económica ha empujado a miles de ciudadanos a tomar la calle y muchos están convencidos ahora de que la protesta sí que sirve. La insistencia de los profesionales de la medicina ha logrado que la Comunidad de Madrid haya aceptado repensar su plan de transformar el hospital de La Princesa en un centro para mayores, mientras cientos de personas han paralizado decenas de desahucios y han pasado por encima de la banca para cambiar algunas reglas. La protesta, según los expertos, va a ir a más.

Los ajustes tocan pilares del Estado de bienestar y generan frustración

Si hace unos meses los ciudadanos se mostraban indignados pero no acababan de movilizarse, ahora han despertado del todo. “La chispa está saltando por sectores”, afirma José Félix Tezanos. Este catedrático de Sociología de la Uned ya vaticinaba en abril de 2011 en este mismo periódico lo que estaba por llegar: había un caldo de cultivo de paro, falta de expectativas y recortes (que empezaron con el anterior Gobierno socialista en 2010) que podía estallar en cualquier momento. Y así ha sido. “Una novedad de estos conflictos es su transversalidad; en las protestas de los médicos, hay jefes de servicio, residentes, pacientes, votantes del PP y del PSOE”, añade. “Pero también son un cóctel explosivo, porque se trata de un movimiento social cada vez más indignado que se enfrenta a un poder político cada vez menos representativo”, advierte.

El punto de inflexión, esa chispa, saltó con el 15-M, a partir de la ocupación de la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo de 2011 en torno a un difuso pero contundente sentimiento de indignación por el deterioro económico y social, afirman la directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas, Belén Barreiro, y el profesor de Sociología de la Carlos III de Madrid Daniel Kaplún. Aquello, aparte de devenir en movimientos tan importantes y exitosos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, sirvió “como una toma de conciencia de que para mejorar las cosas ya no servían los cauces institucionales”, según Kaplún.

Aquel movimiento desde las bases, que ha desbordado a las instituciones tradicionales como los sindicatos y los partidos de izquierda —que solo han podido sumarse a remolque—, ha ido creciendo y organizándose en diferentes áreas, “con la legitimidad que le da la gente”, es decir, esas amplias bases, añade el profesor.

Las grietas del malestar

El 15-M. Un movimiento espontáneo y difuso desembocó en la ocupación de la Puerta del Sol de Madrid el 15 de mayo de 2011. Durante meses, en torno al descontento por los recortes y por el funcionamiento de las instituciones democráticas, tocaron todos los palos, debatieron y la protesta se fue diluyendo en proyectos de barrio y otras iniciativas.

Desahucios. Desde 2007 se han producido 350.000 ejecuciones hipotecarias. Un gran movimiento para paralizarlos en torno al grupo Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han obligado a mover ficha al Gobierno, aunque, para muchos, de forma insuficiente. Los jueces también han salido en defensa de los afectados.

Educación. Los recortes educativos suman varios miles de millones de euros y la previsión del Gobierno es un descenso de unos 10.000 millones entre 2010 y 2015. En el último año, ha habido dos hitos: una huelga total en todos los niveles (de infantil a la universidad) el 22 de mayo; y una huelga de padres en apoyo del paro estudiantil el 18 de octubre.

Sanidad. Los recortes en sanidad superan los 10.000 millones de euros en tres años (contando los que vienen en 2013). A ello se suman los planes para privatizar el servicio sanitario en varias comunidades. En las últimas semanas, Madrid ha sido la punta de lanza de las protestas, con una gran huelga esta semana.

Servicios sociales. Los trabajadores del sector y las personas más necesitadas han visto cómo la Ley de Dependencia perdía de dos tacadas casi 500 millones. Se quedó en 1.087. La partida para los servicios sociales básicos de los Ayuntamientos ha perdido en los dos últimos presupuestos un 65%.

Igualdad. Las partidas destinadas a este área por el Gobierno han perdido unos 13 millones en dos años y se quedan con 18,9 millones. La lucha contra la violencia machista también pierde.

Justicia. Las nuevas tasas han sublevado a los jueces. Las cuantías van de los 100 euros en un procedimiento monitorio (una reclamación por una deuda) a los 1.200 euros de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La jurisdicción penal queda exenta, así como los casos de maltrato.

Funcionarios. Se han quedado sin extra de Navidad y sus salarios se congelarán en 2013 por tercer año.

Cultura. El recorte para 2013 es del 30% y ha puesto en pie de guerra al sector. El IVA ha pasado del 8% al 21% para las entradas a cines, teatros, circos, conciertos y exposiciones.

Un ejemplo es la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), creada hace unos meses por un grupo de médicos y que ya ha conseguido capitanear las protestas contra los planes de la Comunidad de pasar a la gestión privada un buen número de hospitales públicos de la región: su huelga indefinida la siguen un 30% de facultativos, según la Consejería de Sanidad. “Surgió por el sentimiento de desencanto desde la base de la sociedad y de los profesionales; sentíamos que no estábamos siendo representados ni por los sindicatos ni por las asociaciones”, cuenta el presidente de Afem, el neurocirujano del 12 de Octubre Pedro González. “El 15-M señaló el descontento del pueblo, pero creemos que los profesionales tenemos que ir un poco más allá, dar soluciones, decir que hay alternativas que podemos poner en práctica para mejorar las cosas sin que sea excesivamente gravoso para la sociedad”, dice González.

Belén Barreiro apunta que, si el 15-M señaló el camino, el deterioro social y económico ha ido abriendo cada vez más frentes. “La sociedad está peor que hace un año y medio, y los recortes van tocando cada vez más palos, hasta los pilares intocables”, afirma esta doctora en Ciencia Política y Sociología. Barreiro se refiere a las bases del Estado del bienestar, la sanidad, la educación y las pensiones (no incluye la dependencia, dice, porque la sociedad aún no lo ha interiorizado), bienes a defender por la izquierda, pero también por amplios sectores de “una derecha católica con fuerte sentido de la solidaridad”.

Después de cinco años de crisis económica, la situación es insostenible cada vez para más gente. La tasa de desempleo ha pasado del 21% de hace un año al 25%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por primera vez en 25 años se ha superado la barrera de los dos millones de parados sin ninguna prestación. Cerca de 1,7 millones de hogares tiene todos sus miembros en paro, 312.700 más que hace un año. Los pensionistas se han convertido en el sustento principal de miles de hogares, pero la ayuda de los parientes como colchón de seguridad económica empieza a agotarse, coinciden los especialistas. Y los jubilados tienen que hacer frente a cada vez más gastos, como el copago de los fármacos.

El Gobierno ha subido el impuesto de la renta y el IVA. También son más caras las tasas universitarias, las guarderías, hay menos becas, menos profesores, más recortes en sanidad, entre los funcionarios, los servicios sociales o la justicia. “Estamos en la segunda fase de ajuste de la crisis. El grueso del ajuste necesario para reducir el déficit presupuestario se ha completado, pero ahora nos queda una purga por exceso de tamaño en el sector público”, afirma Sara Baliña, economista de Analistas Financieros Internacionales. “Estas medidas generan mucho malestar porque tienen una repercusión más directa”, añade. “¿Hemos pasado lo peor? Espero que sí, pero no creemos que la situación económica, tanto en términos de producto interior bruto como de empleo, se empiece a normalizar hasta final de 2013”. La crisis va para largo.

A menudo, las bases desbordan a los sindicatos, como en la marea verde

El suicidio de Amaya Egaña, de 53 años, cuando iba a ser desahuciada de su vivienda a principios de noviembre en Barakaldo, se ha convertido en uno de los símbolos de la desesperación creciente de la sociedad. Poco después, el Gobierno decretó una moratoria de dos años para algunos casos muy concretos de desalojos por impago de la hipoteca. “El decreto contra los desahucios es insuficiente y deja a mucha gente fuera, pero es una pequeña victoria y por eso la gente confía en nosotros”, explica Adrià Alemany, de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca, gran defensor de los actos de desobediencia civil.

A través de esta asociación y del movimiento Stop Desahucios se han logrado paralizar cerca de 500 desalojos. “Son esas pequeñas batallas las que abren otro horizonte de posibilidades. En 2009, cuando nació nuestra organización, dábamos gritos en el desierto; desde hace unos meses, somos un clamor popular. Se han conseguido cosas y la gente se ha dado cuenta de que protestar sí sirve para cambiar las cosas”, remata.

La irrupción de los jueces, desde los más progresistas hasta los más conservadores, en contra de los abusos cometidos en los desalojos ha supuesto otro avance. En un gesto poco habitual, el gremio denunció hace unas semanas la indefensión que viven los afectados, ya que el juez no puede decidir si el impago se produce por motivos justificados o no. Poco después, los jueces han arremetido, junto a fiscales y abogados, contra las nuevas tasas judiciales, porque creen que perjudican al ciudadano. “No se nos puede quitar carga de trabajo a costa de reducir la capacidad del ciudadano de acceder a la justicia”, explica Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. “Las tasas y los desahucios han sacado a los jueces de su mundo”, añade el juez. “Con la crisis cada vez se veían más desalojos en los juzgados y la indefensión de los demandados frente a las entidades”, prosigue. Estas quejas se enmarcan, además, en un momento muy tenso entre el poder judicial y el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha ampliado los recortes y ha congelado las plazas judiciales pese a que los juzgados están totalmente congestionados.

Conservadores y progresistas protestan juntos por la justicia

Así, un día y otro día se van sumando sectores a la protesta (colectivos de discapacitados han organizado una gran protesta en Madrid para el domingo por los impagos de las administraciones autonómicas y locales) y los que vienen de más lejos resurgen continuamente. Uno de ellos es el educativo, que ha sufrido recortes de varios miles de millones de euros en 2010, y que, tras muchos meses de protestas dispersas como respuesta a los recortes puntuales de las comunidades, un decreto del Gobierno en abril para recortar más de 3.000 millones en educación consiguió unir la protesta y darle más visibilidad.

En Madrid, ya desde mediados de 2011, fueron las ansias movilizadoras de los profesores de base las que empujaron unas protestas que desembocaron en el movimiento que más tarde se ha llamado la marea verde. Esta es la que dio la idea de las mareas en la manifestación que reunió en Madrid a decenas de miles de personas contra los recortes el pasado 15 de septiembre. La blanca era la de sanidad; la violeta, la de igualdad; la naranja, servicios sociales; la negra, los servicios públicos, los funcionarios. Los convocantes de esa marcha, 230 colectivos, quizá sean la expresión más clara de esa movilización social en que hoy por hoy se mezclan y amontonan sindicatos, grupos políticos y asociaciones clásicas y recién creadas de todo tipo y condición.

Aparte de la velocidad y amplitud de los recortes —“Hay una clase media que se está depauperando a una velocidad de vértigo, y aumentan las desigualdades a la misma velocidad”, “ya no queda nadie ajeno”— el profesor Kaplún también apunta al descontento “porque no se están repartiendo las pérdidas: unos pocos siguen ganado cada vez más mientras la mayoría es cada vez más pobre”, y con un sistema político que parece maniatado por los intereses económicos: “Cada vez es más descarado el contraste entre el rescate a la banca y los recortes”, señala. Barreiro habla también de la frustración de muchos de los que votaron al PP convencidos de que “tenía la llave para salir de la crisis”, pero se han encontrado que “las cosas no están mejor, sino que han empeorado”.

Todo ello aumenta la movilización, y lo hará todavía más si, como parece, empieza a dar frutos, como en el caso de los desahucios. “A medida que la crisis va afectando a más factores, la gente es más consciente de que puede hacer cosas y la resignación deja de ser una opción”, opina Jordi Mir, del Centro de Estudios de Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. “La situación se ha ido agudizando porque no hay elementos que nos hagan pensar que esto vaya a mejorar; la democracia representativa está fallando, y la movilización recluta a sectores de la población tradicionalmente menos activos, tanto jóvenes como adultos”, añade. “De momento, se cuestiona la legalidad, pero no hay un enfrentamiento violento; las protestas son pacíficas”, dice.

"Vamos a una época de conflictos y poco peso de los partidos"

La crisis de los partidos es uno de los elementos que está detrás de estas protestas de base. La pérdida de apoyos electorales potenciales del PP está siendo rápida y contundente, hasta el punto que en estos momentos el PP solo mantiene la lealtad del 56% de los que le votaron hace solo un año, según los datos recogidos por José Félix Tezanos en el último número de la revista Temas. Y la principal novedad es que el retroceso en el partido de gobierno no se traduce en un ascenso del principal partido de la oposición.

Al sociólogo de la Uned le inquieta la situación actual, cuyo desenlace ve imprevisible. “Vamos hacia una época de grandes conflictos y de pérdida de peso de los partidos políticos”, advierte. “La sociedad occidental tiene que pensar que la estabilidad no está garantizada”, considera. Tezanos advierte que los partidos deben hacer frente a esta situación o “nos enfrentamos a sociedades inviables, en las que el descontento es difícilmente canalizable”, lo que deja abierta la puerta al ascenso de los movimientos extremistas y populistas. Y si el Gobierno considera que se trata de un problema de orden público y saca a los antidisturbios, un movimiento pacífico como el actual puede volverse violento.

Todos los expertos coinciden: las movilizaciones van a ir a más. “Esto no se va a agotar en reivindicar lo que había, la vuelta atrás es imposible; esto va a devenir en un nuevo modelo de sociedad, que no sé cuál será, pero creo que hay solo dos salidas, por la ultraderecha o por la izquierda”, augura.