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Madrid desafía a Rajoy y empieza a cobrar el euro por receta

El Ejecutivo central prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional

Elena G. Sevillano
Pago de un euro por receta en una farmacia de Madrid.
Pago de un euro por receta en una farmacia de Madrid. LUIS SEVILLANO

Los madrileños ya han empezado a pagar el polémico euro por receta que los catalanes llevan abonando desde junio pasado. Una tasa que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional porque invade las competencias del Estado. El recurso está muy avanzado en los dos casos. El de la norma catalana está en estudio en la Abogacía del Estado, que emitirá un informe en cuestión de días, según un portavoz del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el encargado de elaborarlo. Las negociaciones con la Generalitat se prolongaron durante meses, sin éxito.

Con Madrid no se perderá tanto tiempo. La ley autonómica que impone el euro por receta —la misma que permite la privatización de la gestión sanitaria— se recurrirá directamente. El Ministerio de Sanidad ya ha enviado su informe a Hacienda. El Gobierno pedirá la suspensión cautelar, aseguró la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. “La suspensión será automática en cuanto se pida la impugnación. Después el Tribunal Constitucional tendrá un máximo de cinco meses para ratificarla o levantarla”, explica Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los farmacéuticos madrileños, muy molestos por haberse convertido en “recaudadores” de una tasa que rechazan, confían en que el euro por receta solo se cobrará durante las primeras semanas de enero.

Objetar en un impreso oficial

El movimiento de objeción que ha generado en Cataluña el euro por receta ha puesto sobre aviso a la Comunidad de Madrid, que ha elaborado y repartido por las farmacias un formulario que deben rellenar los ciudadanos que se nieguen a pagar la tasa. Hay que consignar nombre, domicilio, teléfono, NIF, código de la receta y fecha de la dispensación en tres copias. El texto avisa: “El no pago de la tasa supone el incumplimiento de una obligación tributaria”.

Cataluña aún no ha empezado a reclamar el pago de la tasa a los insumisos, según confirmó ayer su Departamento de Salud. “Pero estamos trabajando para establecer el procedimiento”, añadió. “En cualquier caso habrá un porcentaje de recargo”. Según sus datos, el número de recetas que no han pagado tasa por negarse el paciente supone un 0,07% del total. En cualquier caso, más de 6.000, que fue la cifra que admitió a finales de septiembre, el director de Atención Farmacéutica del Servicio Catalán de Salud, Antoni Gilabert. Añadió que se trataría de algo menos de 3.000 pacientes. Una portavoz de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) aseguró que, en un recuento informal en varias farmacias madrileñas, dos o tres personas de media se habían negado a pagar ayer.

Colectivos como Dempeus per la Salut Pública o Yo No Pago elaboraron unas instrucciones para ejercer la objeción al pago del euro por receta que estos días se están distribuyendo a través de las redes sociales entre colectivos madrileños. Estos movimientos informan de que la Administración prevé un recargo del 20%, pero creen que si miles de personas se niegan a pagar la tramitación burocrática será inviable. También la asociación de consumidores Facua ha llamado a la objeción.

La Comunidad de Madrid se ha lanzado a aplicar este nuevo copago farmacéutico el 1 de enero pese a que ni siquiera tiene operativo el sistema informático que permite a las boticas saber cuándo un usuario ha llegado al tope anual de aportación, que Madrid ha establecido en 72 euros (61 en Cataluña). El Colegio de Farmacéuticos de Madrid solicitó por ello que se retrasara la puesta en marcha. “Las oficinas de farmacia cobrarán la tasa establecida, aunque no podrán conocer si el paciente ha alcanzado el tope de los 72 euros en ese momento”, reconoce el Gobierno regional en un documento.

La Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma) se plantea recurrir la ley madrileña porque les convierte en “entidades colaboradoras de recaudación”. La asociación asegura que ha intentado “por activa y por pasiva” hacer ver a la Consejería de Sanidad las dificultades de su aplicación —el sistema informático “no va a poder funcionar hasta no sabemos cuándo”, dice—. Madrid espera obtener 83 millones de euros al año cobrando esta tasa, que califica de “disuasoria”. Cataluña ha recaudado en apenas cinco meses (desde el 23 de junio hasta el 30 de noviembre) 40,2 millones de euros, según su Departamento de Salud.

“La implantación de la tasa del euro por receta en Cataluña no ha demostrado tener efectos positivos adicionales al recaudatorio, y sí negativos: penaliza más a los pacientes más ancianos, más enfermos y con tratamientos múltiples y crónicos”, afirma el Ministerio de Sanidad, y añade que tampoco ha generado más ahorro allí que en la media de otras comunidades.

Las farmacias madrileñas vivieron ayer, primer día laborable tras la entrada en vigor de la tasa, muchas quejas de los usuarios y largas explicaciones por parte de los boticarios, especialmente a los pensionistas, que han visto cómo en cuestión de meses han pasado de tener la medicación gratis a pagar el 10% (con un tope de 8 o 18 euros, según la renta) y ahora a abonar un euro por cada receta que retiran. “¿Dice que 4,48? Pero si la última vez fueron dos y pico”, se extrañaba ayer un jubilado, enfermo crónico, que recogía su medicación en la farmacia Central, en Arganzuela (Madrid). “Ahora tenéis que pagar un euro por cada receta. No te lo puedo quitar. Es la nueva normativa. Guárdate las copias de las recetas y el tique para reclamar porque no tienes que pagar más de 72 euros al año”, le informaba la farmacéutica.

“Es un robo, un atraco a mano armada”, se indignaba en la misma botica Felipe Reguero, de 66 años, que acababa de ver cómo las seis recetas de los seis fármacos que toma habían hecho subir la factura hasta prácticamente doblarse. “En realidad yo esto ya lo he pagado. He cotizado 46 años y nunca hasta ahora había consumido nada”, decía. “Lo único que hace la tasa es castigar al paciente enfermo. Los habrá que sí lo puedan pagar, pero otros no. Hay pacientes que están abandonando tratamientos. Me he encontrado muchos que calculan y dicen que no se llevan alguno y que si les pasa algo ya irán a urgencias. Ese efecto habrá que evaluarlo a largo plazo”, aseguraba ayer Ana Molinero, titular de una farmacia en Fuenlabrada y vicepresidenta de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac).

Madrid es una de las regiones que aún no cuenta con receta electrónica. Sin la aplicación diseñada para el euro por receta, que permite comprobar si se llega al límite anual, los farmacéuticos recomendaban ayer guardar los comprobantes. “Que sepamos no hay ningún sistema establecido para devolver lo que se pague de más. La Consejería de Sanidad dice que lo hará automáticamente, pero no conozco ningún caso en el que haya reembolsado el exceso que pagaron los pensionistas en julio y agosto”, decía Molinero. La consejería no respondió ayer a cómo ha devuelto el exceso ni cuánto dinero cobró de más por el copago farmacéutico.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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