Castilla-La Mancha quiere ahorrar cinco millones en urgencias
La Junta sostiene que las necesidades de los municipios están cubiertas con ambulancias
El Gobierno de Castilla-La Mancha insiste en la conveniencia de cerrar durante la noche los servicios de urgencias rurales de 21 municipios. La consejería de Sanidad ha recurrido la suspensión cautelar de la medida, dictada el jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ante la demanda del Ayuntamiento de Tembleque (Toledo). En su recurso, el Gobierno de María Dolores de Cospedal argumenta que las necesidades de la población de estos municipios están cubiertas a partir del cierre de estos centros a través de una red de ambulancias y un servicio telefónico 24 horas. Fuentes de la Consejería de Sanidad estiman que reducir el horario de estos servicios ahorraría cinco millones de euros.
La cifra —que la consejería dirigida por José Ignacio Echániz no considera la razón “fundamental” para la decisión— queda muy lejos de los 1,5 millones de euros que calculan el Colegio de Médicos de Castilla-La Mancha y el PSOE de la región. Fuentes de este partido consideran exagerada la estimación de Echániz. Critican, además, la falta de datos oficiales y concretos que sustenten la medida, que dejaría sin servicio de atención primaria de urgencia durante la noche a más de 100.000 vecinos.
El lunes, otros dos Ayuntamientos, el de Adobes y el de Durán (Guadalajara), presentarán ante la justicia un recurso para evitar el cierre. Los dos municipios han certificado ante notario que la distancia que sus vecinos tendrán que recorrer hasta el punto de urgencias más próximo será de más de 45 minutos, y no de 15, como aseguró Cospedal.
La presidenta de Castilla-La Mancha ha calificado de “sorprendente” que un tribunal se pronuncie sobre la organización de los servicios sanitarios de una autonomía. “Si esto fuera así siempre, la Administración no podría actuar nunca”, y los jueces decidirían “cómo se gestionan” los asuntos públicos, dijo a la Cope. Cospedal ha insistido en que reforzarán las zonas afectadas con la incorporación de UVI móviles y servicios de emergencias. “Si eso no se puede poner en práctica, tendrá que decir el tribunal y tendrá que ilustrarnos sobre cómo organizar los servicios médicos de toda la comunidad”, afirmó.
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