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Unas 2.500 personas protestan en Palma contra la importación de residuos

El PP les acusa de "dar mala imagen" y "mentir"

Protesta en Palma de Mallorca, el sábado 26 de enero, contra la importación de residuos. EFE

Resultó un largo escudo humano formado en una parte de la costa de Mallorca, en la zona portuaria y urbana de Palma. Protestaban contra la importación por mar de residuos tratados desde el continente para eliminarlos en la isla. Desafiando el frío y la lluvia, unas 2.500 personas han formado con sus manos al mediodía del sábado una larga cadena contra la operación industrial, por sus posibles riesgos medioambientales y también por la posible mala imagen turística que proyecta. Desde hace dos semanas se incineran partidas generadas en una planta de Sabadell, en Cataluña. Mallorca trata todas sus basuras urbanas, sin vertederos. La inmensa mayoría de residuos insulares se incinera.

La acción pública de rechazo que fue promovida por los ecologistas del GOB (Grupo de Ornitología Balear) que denuncia la conversión de “Mallorca en el basurero de Europa”. Dirigentes de los grupos de izquierda se han sumado a la manifestación nacida en la sociedad civil. “Mallorca se mueve pese al frío, existe indignación social”, significó Margalida Ramis, portavoz de los ecologistas. La patronal de los hoteleros se expresó contra la importación por el eco negativo en los países emisores, como Alemania e Inglaterra, pero después de reunirse con los gobernantes insulares enmudeció.

El poder balear del PP culpa a los manifestantes y la oposición de alentar con su campaña una “mala imagen” de Mallorca en el exterior y de “mentir”. La derecha rechaza que sea una operación peligrosa, niega que se importen basuras, asegura que es “biocombustible” que “no huele ni contamina”. En este código de eufemismos la planta incineradora se afirma que genera “energía verde sostenible”.

Para la consejera de Medio Ambiente de Mallorca, Catalina Soler, se importa “un nuevo producto de calidad: combustible sólido recuperado (CSR)” que ayudará a frenar el alza de las tarifas de eliminación de residuos que pagan los ayuntamientos y los ciudadanos.

La decisión de captar más de 100.000 toneladas al año de basuras seleccionadas, en diferentes países de la UE, la adoptó el PP del Consell de Mallorca, para satisfacer las peticiones de la empresa concesionaria de la eliminación de basura Tirme (de Green Power-Enel, Iberdrola, FCC y Urbaser), que logró una concesión por más de cuarenta años de monopolio por parte del Consell.

Los políticos de la mayoría justifican el transporte de basuras seleccionadas para rentabilizar la macro incineradora cuya capacidad se duplicó en la época de la burbuja inmobiliaria. Ahora sin los residuos de las obras ni la basura de las nuevas viviendas, la planta de Tirme está a mitad de funcionamiento.

En los planes de divulgación y justificación se explicó por parte de Tirme y del PP que se trataba “Exportación de servicios ambientales de valorización energética de combustibles sólidos recuperados”. Los ecologistas aspiran a cerrar la incineradora con un plan de reciclaje.