Mato castiga a las farmacéuticas que acudieron a la subasta andaluza
El Ministerio de Sanidad rebaja el precio a los laboratorios que hicieron las mejores ofertas
El Ministerio de Sanidad ha cumplido su amenaza contra los laboratorios que presentaron las mejores ofertas a la primera subasta de fármacos andaluza, adjudicada en marzo del año pasado por el Gobierno de José Antonio Griñán. El departamento que dirige Ana Mato ha obligado a bajar el precio a las compañías que resultaron adjudicatarias de dos moléculas: clopidogrel (un antiplaquetario que evita la formación de coágulos en caso de enfermedades coronarias o vasculares) y pravastatina (usado para el control del colesterol). Las rebajas de precio superan el 20%, según las fuentes consultadas.
Los castigos son el resultado de los expedientes abiertos por Sanidad a los 11 laboratorios que resultaron adjudicatarios de la primera subasta andaluza: Bayer, Sanofi, Abbott, Rabanxy, Vir, Medinsa, Uxafarma, Aurobindo, UCB Pharma, Nicomed Pharma y Janssen Cilag. El departamento de Mato inició en abril del año pasado un procedimiento contra estas empresas para “la reconsideración de las condiciones de financiación, y en su caso, de dispensación” de los fármacos que habían ofertado a Andalucía a precios inferiores a los fijados por el Gobierno central.
Un año de conflicto entre el Gobierno y la Junta
La Junta de Andalucía sacó a subasta en enero de 2012 el suministro de 16 principios activosde gran consumo. En marzo de ese año, adjudicó el concurso a 11 laboratorios.
Siete de los adjudicatarios se echaron atráshoras antes de firmar el contrato con la Junta. El Gobierno andaluz acusó al Ejecutivo central y a dirigentes andaluces del PP de coaccionar a las empresas para que no firmaran el contrato. Faltaban dos días para las elecciones andaluzas y las encuestas daban por seguro que el PP alcanzaría la presidencia de la Junta.
Pero el PSOE, con el apoyo de IU, conservó la presidencia andaluza y, con ella, su apuesta por la subasta de principios activos. El 30 de marzo, cinco días después de las elecciones, el Gobierno central anuncia un recurso contra la subasta ante el Constitucional.
El alto tribunal suspendió cautelarmente la subasta. En julio levantó la suspensión y el Gobierno volvió a recurrir. En diciembre, el Constitucional respaldó de nuevo el concurso andaluz.
Mientras el tribunal resolvía, Sanidad abrió un expediente de rebaja de precio a los laboratorios seleccionados por la Junta. El ministerio ha instado a rebajar el precio a las empresas seleccionadas para el clopidogrel y la pravastatina.
Fuentes de Sanidad confirman que los expedientes se han resuelto y, como resultado, se ha ordenado bajar el precio a los medicamentos que contienen clopidogrel y pravastatina, dos de las moléculas sacadas a concurso por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Estas fuentes señalan que la sanción solo afecta a estas dos moléculas porque son en las que los laboratorios habían ofrecido a Andalucía las rebajadas más importantes. Para otros principios activos, la mejora lograda por la Junta era de apenas unos céntimos de euro y, en algunos casos, ha quedado prácticamente absorbida por las medidas de recorte del gasto farmacéutico impuestas por el Ministerio de Sanidad.
Para el clopidogrel la Junta adjudicó dos presentaciones: una a la multinacional Sanofi, en envases de 28 comprimidos de pastillas de 75 miligramos; y otra de envases de 50 comprimidos al laboratorio Industria Química y Farmacéutica Vir. Sanofi fue de los laboratorios que dieron plantón a la Junta en el último momento y no llegaron a firmar el acuerdo para abastecer en exclusiva al SAS. Pero el arrepentimiento no le ha librado de la sanción. Según ha explicado un portavoz de la compañía, Sanidad notificó hace una semana la resolución final del expediente, contra el que la empresa había presentado alegaciones. El departamento de Mato las ha rechazado y le insta a rebajar el precio del fármaco Plavix, el nombre con el que este laboratorio comercializa el clopidogrel. La rebaja impuesta ronda el 20% y tendrá que hacerse efectiva a partir del 1 de abril, según la resolución dictada por Sanidad.
Hasta que el pasado verano le caducó la patente en Estados Unidos, Plavix era el segundo fármaco más vendido del mundo, según fuentes del sector. En España, la patente del clopidogrel caducó en 2010 y hoy más de 35 genéricos diferentes para este principio activo. Con todo, el antiplaquetario de Sanofi sigue siendo de los más vendidos y la multinacional ofreció una mejora económica sustanciosa a la Junta: frente a los 21,04 euros por los que factura habitualmente sus envases de 28 comprimidos, a Andalucía le ofreció una mejora de 6,74 euros y un precio final de 14,3. A cambio, la compañía se comprometía a abastecer todo el mercado andaluz de clopidogrel prescrito por la sanidad pública, estimado en 816.017 envases al año.
Vir, la otra compañía que resultó adjudicataria del clopidogrel es también la única seleccionada para la pravastatina, la segunda molécula para la que Sanidad ha confirmado la sanción. Este laboratorio radicado en Alcorcón (Madrid) se mantuvo fiel a la Junta y firmó un convenio para abastecerla de envases de 50 comprimidos de clopidogrel y de tres presentaciones de pravastatina (28 comprimidos de 10, 20 y 40 miligramos). Para cada fármaco ofreció a Andalucía rebajas de alrededor del 35% sobre el precio habitual. La dirección de la compañía ha rechazado hacer declaraciones a este periódico alegando que actualmente se está tramitando la segunda subasta andaluza, cuya adjudicación se espera para dentro de unas semanas.
Antitumorales “extremadamente caros”
Los precios “extremadamente gravosos” de los nuevos antitumorales, especialmente en el caso de que “aporten pequeñas mejoras”, pueden dejar a estos fármacos de última generación fuera de la financiación del Sistema Nacional de Salud, según advirtió ayer el director general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero.
Rivero puso el ejemplo de dos medicamentos contra el cáncer (que no citó), autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (AEM) pero que “no han superado el listón fijado”, por el Ministerio, por lo que el año pasado fue rechazada su financiación en la red pública. “Son innovaciones que desde el punto de vista de coste-efectividad no mejoran mucho la vida del paciente, quizá apenas en una semana, y aunque para el que tiene a su padre o su madre afectado es importante, a niveles macroeconómicos, no es rentable. Pero se sigue trabajando en busca de un acuerdo de cara a poder financiarlo más adelante”, explicó Rivero en un acto organizado en Madrid por la Fundación Bamberg recogido por Europa Press.
Una vez se autoriza un nuevo fármaco por parte de la AEM, el laboratorio fija un precio. Entonces, Sanidad estudia los posibles beneficios que aporta respecto al arsenal terapéutico vigente y plantea un precio por el que considera equilibrada la relación entre su eficiencia y el coste que le supone financiarlo. Con estas dos cifras comienza una negociación “hasta llegar a un acuerdo, y si no hay consenso, no se financia [como ha sucedido con los dos antitumorales], es un tira y afloja”, ha indicado Rivero. Lo habitual es que este proceso se prolongara siete u ocho meses, según explica a este diario el jefe de oncología de un gran hospital público. “Ahora se tarda cinco o seis meses más”.
Rivero anunció también novedades respecto a los mecanismos para evaluar los nuevos medicamentos y debatir si se someten a financiación pública. Al año de la autorización, el fármaco se someterá a un nuevo análisis de coste-efectividad “para ver con resultados reales si lo que dice en su ficha técnica es acorde con lo que realmente ofrece a los pacientes”.
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