Hacienda paraliza fondos para I+D

Casi 300 equipos de investigación en agricultura se quedan sin las ayudas comprometidas

El CSIC les pide que no gasten un euro de esos proyectos

Campo de arroz del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) en la Albufera de Valencia. tania castro EL PAÍS

Casi 300 equipos científicos dedicados a investigación en agricultura, a los que se comunicó a finales de septiembre del año pasado que sus proyectos habían sido evaluados favorablemente y aprobados para recibir las subvenciones estipuladas, siguen pendientes de recibir el dinero. El presupuesto total es de 12.800.000 euros. Tampoco han recibido una explicación oficial al respecto desde la Secretaría de Estado de I+D+i (Ministerio de Economía y Competitividad, Mineco). Sin embargo, una notificación interna del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSCI) exponía recientemente la situación a los directores y gerentes de centros: “Efectivamente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha informado desfavorablemente esta convocatoria”. Esto significa, llanamente, que dicho departamento no ha dado la necesaria autorización para el pago de estos proyectos.

“Es un asunto abierto y pendiente de decisión”, ha declarado a EL PAÍS el portavoz de la Secretaría de Estado del Mineco, admitiendo que no se ha efectuado el pago, pese a que la resolución definitiva de los proyectos aprobados tras el proceso de evaluación y selección se comunicó a los investigadores a los que se les concedió a finales de septiembre y principios de octubre.

“Sería conveniente que los centros no iniciaran, en virtud de las aceptaciones provisionales que han firmado con el INIA [Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria, dependiente del Mineco], ningún gasto con cargo a esta convocatoria hasta que no reciban instrucciones en otro sentido”, señalaba la notificación interna del CSIC el pasado 21 de enero. Es decir, que nadie gaste ni un euro con cargo a estos proyectos, es decir, que están paralizados. El INIA deriva cualquier explicación al respecto a la Secretaría de Estado de I+D.

Se trata de “proyectos de investigación fundamental orientada a recursos y tecnologías agrarias”, especifica la convocatoria de los mismos, de hace casi un año (6 de febrero de 2012, y publicada en el BOE el 1 de marzo). Es un subprograma trienal del Plan Nacional de I+D, en coordinación con las comunidades autónomas, gestionado por el INIA.

Los objetivos científicos de este programa son de impacto social y económico obvio: mejora de la producción y transformación en el ámbito agroalimentario; obtención y elaboración de productos agroalimentarios seguros, saludables y de calidad; producción agroalimentaria desde la perspectiva de la conservación del medio ambiente y el uso integral del territorio.

La Secretaría de Estado de I+D+i no ha dado ninguna explicación acerca de esta anómala situación, aunque sí reconoce que es muy dilatado el plazo transcurrido ya desde la asignación definitiva de la financiación a los grupos de investigación. Los científicos están a la espera desde hace cuatro meses y temen que Hacienda no dé su brazo a torcer, no autorice el pago y la convocatoria se quede en el aire.

El malestar se añade a la alarma generada la semana pasada en la comunidad científica, cuando se publicó en el BOE la resolución definitiva de la última convocatoria de los proyectos científicos del Plan Nacional de I+D+i. Resulta que este año, además del recorte de la cuantía total (que ha pasado de 384 millones en la convocatoria anterior a 309 millones en esta) ahora se estira el plazo de financiación de tres a cuatro años (pese a que la investigación ha de realizarse en tres) para la mayoría de los proyectos aprobados. Además, la primera anualidad (salvo excepciones) no llega ni al 10% del total, precisamente cuando al principio de un proyecto de investigación hay que hacer importantes desembolsos en personal, equipo y material para arrancar. Esta imprevista y nueva organización de los proyectos del Plan Nacional pone de manifiesto hasta qué punto están vacías las arcas de I+D del Gobierno y crea desbarajuste en el trabajo científico, que necesita estabilidad y buena planificación para desarrollarse y ser fructífero.

Hay que tener en cuenta que a los recortes presupuestarios de 2012 (un 15,63% para I+D, según datos de la Confederación de Sociedades Científicas de España) respecto a 2011, el decreto de no disponibilidad de julio del año pasado impuso un recorte de gasto de 600 millones a los distintos departamentos y al Mineco, concretamente, le correspondieron 94 millones. A partir de ahí fue más difícil todavía cuadrar las cuentas.

Otro subprograma científico ya aprobado y pendiente de pago es el de Investigación en Salud. La última convocatoria se resolvió en diciembre, se aprobaron 736 proyectos científicos por un total de 68 millones de euros. Las tres anualidades se pagarán, en este caso, con una proporción 45%, 30%, 25%, especificó ayer a EL PAÍS el portavoz de la Secretaría de Estado, y aseguró que el pago de estos proyectos concretos se realizará “en breve”.

Carta a Mariano Rajoy

Un grupo de 39 destacados científicos españoles, casi todos directores de prestigiosos centros de investigación, escribió hace unas semanas una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con copia al ministro de Economía, Luis de Guindos, y a la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, exponiendo la crítica situación del sistema de ciencia. Acerca del Plan Nacional explicaban:

“El Plan Nacional es la fuente principal que nutre la investigación básica en España. Los investigadores en nuestro país no disponen de fondos recurrentes para llevar a cabo su trabajo, sino que compiten de forma periódica para conseguirlos. Según los criterios internacionales un sistema de este tipo garantiza el buen uso de los fondos. Sin embargo, su funcionamiento por debajo de un cierto nivel o su desaparición, aunque sea temporal, paraliza el sistema. El Plan Nacional es la aportación básica para que los investigadores tengamos los medios para realizar la labor por la que reciben su salario, sean investigadores o profesores universitarios. Gracias a estos fondos de base los profesionales de la ciencia de nuestro país compiten a nivel internacional y negocian contratos con empresas.

Si sucediese que un año no se convocara el Plan Nacional, que se retrasara hasta perderse un año efectivo o que resultara claramente infradotado económicamente, supondría uno de los peores eventos en la investigación, no solo por el impacto directo, sino por la inequívoca señal de falta de credibilidad de nuestra política de I+D a nivel internacional. Tal situación haría imposible la captación y retención de talento, cundiría un gran desánimo entre nuestra comunidad científica que solo puede actuar en un entorno estimulante y tendría en realidad un gran coste económico ya que podría resultar en millares de investigadores (muchos de ellos funcionarios) que no podrían trabajar por no tener fondos para hacerlo. En contrapartida, estamos hablando de cifras de entre 100 y 200 millones de euros, órdenes de magnitud por debajo de otro tipo de acciones que se están emprendiendo”.

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