Contra la ingeniería presupuestaria aplicada a la ciencia
El Plan Nacional de Investigación debiera suponer el mayor compromiso del Gobierno con respecto no ya al fomento, sino simplemente a la supervivencia de la investigación pública.
Si no fuese porque en la profundidad de la filosofía liberal se alberga la eliminación progresiva de lo público para aflorar nuevas parcelas donde obtener beneficios económicos privados, sorprendería la insistencia, e incluso eficacia, de los gobernantes españoles en los últimos cuatro años para destruir el sistema público de investigación científica del país. Prefiero analizar las decisiones, más que las declaraciones de los gobernantes, porque al fin y a la postre las declaraciones no dejan de ser palabras que se lleva el viento. Entre las últimas decisiones que se han publicado se encuentra la aplicación de una enrevesada ingeniería presupuestaria que modifica las condiciones de financiación para los proyectos de investigación aprobados por el Plan Nacional de Investigación, cuya consecuencia económica es que lo que se venía gastando en tres años ahora ha de servir, si no se arregla pronto de otro modo, para cuatro. Se diga lo que se diga, esto es un recorte de una cuarta parte de los fondos concedidos, y lo que es peor, la casi total imposibilidad de poner en marcha los proyectos con el reducido porcentaje de gastos asignados para su primer año.
El Plan Nacional de Investigación debiera suponer el mayor compromiso del Gobierno con respecto no ya al fomento, sino simplemente a la supervivencia de la investigación pública. Tarea que en buena ley debiera contribuir a sacarnos de una economía basada en los servicios y la construcción, en cuyo espejismo hemos pasado los últimos lustros, para introducirnos en el mundo de una economía industrial con proyección al exterior y preparada para los retos económicos del mundo globalizado.
La financiación de la investigación española por medio de Planes Nacionales es una medida relativamente reciente en nuestra historia y quizás se pueda remontar a los planes de estabilización y de desarrollo de los años sesenta y setenta del pasado siglo. Lo que fundamentalmente aportó de nuevo en los años ochenta el Plan Nacional es la continuidad y la garantía de una financiación básica que se concede de manera competitiva. Para ello se diseñó asimismo una agencia evaluadora que asigna una calificación de la calidad científica de los proyectos evaluados por quienes los científicos llaman los iguales, es decir, otros científicos con experiencia similar a los autores de los proyectos.
El sistema dista de ser perfecto, pero coincide bastante con el utilizado por los países con los sistemas de investigación más productivos, y cuanto menos consiguió elevar la calidad y la cantidad de la investigación española en los últimos años. No nos engañemos, las cantidades proporcionadas a un laboratorio por el Plan Nacional tan solo permiten su funcionamiento básico, y los investigadores cuyos objetivos persigan destacar sobre la media necesitan encontrar financiación adicional, ya sea internacional o privada. Pero no disponer como mínimo de ese nivel basal de financiación hace difícil tener la suficiente calidad científica como para solicitar otros fondos.
A mí me tocó vivir una época similar de penuria económica en la investigación entre 1977 y 1981, al reintegrarme al CSIC justo acabado mi trabajo como posdoctoral en el Reino Unido y no me gustaría volver a pasar por ello ni que nadie lo tuviera que padecer ahora. Fueron años en los que la investigación fue maltratada e ignorada casi como ahora y lo recuerdo todavía con amargura. Mientras colegas de mi misma edad y experiencia conseguían en otros países establecer sus líneas de investigación propias, aquí a muchos nos tocaba pelear con instrumentos obsoletos y no podíamos ni plantear experimentos que necesitasen reactivos que en otros lugares se adquirían sin esfuerzo. Técnicas sencillas nos resultaban inaccesibles porque el instrumental estaba averiado, y para algunos resultados me tuve que volver a Edimburgo al laboratorio donde había sido posdoctoral. No sin sarcasmo se podría decir que la penuria económica permitía en esos años disimular toda posible incompetencia, simplemente no había medios.
Por suerte a partir de 1981 se recuperó la financiación de proyectos por la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (abreviado la CAICYT, porque dinero no tendremos, pero nombres pomposos y largos no escasean) con programas que fueron los precursores del Plan Nacional de Investigación y que pasaron a ser evaluados por expertos mediante una recién creada Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (la ANEP). Desde entonces los fondos de sucesivos proyectos de la CAICYT y del Plan Nacional han sido la base sobre la que los investigadores hemos mantenido, o creado, nuestros grupos, cuya calidad nos ha permitido competir con cierto éxito en los programas europeos de financiación de la ciencia.
No me cabe duda de que, por los beneficios que en todos los países avanzados se derivan de la investigación, cualquier persona con visión de futuro y cuya intención fuese revertir el desastre en el que estamos, se cuidaría mucho de descuidar la financiación para evitar que nuestro trabajo científico cayese hasta los niveles de hace treinta años. Pero vistos los recortes acumulados en los presupuestos de investigación de los últimos años, no queda más remedio que concluir que a los responsables de la ciencia, y a nuestros gobernantes en general, no parece que les sobre esa visión, porque si siguen así ni siquiera les va a quedar un sistema de investigación aprovechable para ser privatizado y solo podremos recurrir a comprar lo que otros inventen.
Miguel Vicente es Profesor de Investigación en el Centro Nacional de Biotecnología. Coordinó el Programa Ingeniería Genética del CSIC entre 1981 y 1989.
