Cameron pide perdón por el mayor escándalo sanitario en Reino Unido

Entre 400 y 1.200 personas murieron por negligencias “espantosas” en cuatro años

Sonia Burnhill perdió a su marido en el hospital de Staffordshire en 2009. / Christopher Furlong (Getty)

El primer ministro británico, David Cameron, ha pedido hoy disculpas públicas por las negligencias “verdaderamente espantosas” que se tradujeron en la muerte innecesaria de centenares de pacientes en uno de los hospitales públicos del Reino Unido. Su comparecencia ante la Cámara de los Comunes se ha producido poco después de la difusión de las conclusiones de una investigación sobre el maltrato sistemático a los pacientes de un centro sanitario de Staffordshire (centro de Inglaterra), privados en algunos casos incluso de agua y alimentos, y que se tradujo en una inusual y altísima tasa de bajas mortales entre 2005 y 2008.

El personal del servicio de sanidad pública (NHS, en sus siglas inglesas), es decir, los médicos, enfermeras y gestores, deberá afrontar sanciones penales si encubren sus errores o los de sus colegas en el trato que dispensan al paciente, según las recomendaciones de la investigación dirigida por el abogado especialista en negligencias médicas Robert Francis. Las cifras de mortalidad registradas por el hospital en aquel periodo superaron las previsiones estadísticas entre 400 y 1.200 personas y, si bien resulta imposible establecer que habrían sobrevivido con mejor atención y tratamiento, sí se ha confirmado que cuando menos fueron víctimas de una gestión que primaba “la consecución de objetivos económicos por encima de la calidad del servicio”.

El escándalo mayúsculo, que saltó a la palestra en 2009, ha sido objeto desde entonces de cinco investigaciones que se saldaron con una crítica a los patéticos estándares hospitalarios, el abandono voluntario de algunos de sus gestores y ninguna sanción expresa. Y ello a pesar del tremendo relato de los horrores de cómo las recepcionistas determinaban quién era o no aceptado para su ingreso, de la falta de formación de las enfermeras para usar los equipos o la inexperiencia de algunos médicos a los que se encomendaron pacientes en estado crítico. Tanta era la dejadez, que a veces la bandeja con el almuerzo o la cena era depositada fuera del alcance del paciente que yacía en la cama.

Un informe concluye que el hospital de Staffordshire primó lo económico

La presión de los familiares de esos pacientes maltratados, exigiendo un examen en profundidad del sistema para buscar soluciones y dirimir responsabilidades, ha forzado esta última encuesta oficial que el Partido Conservador prometió en su programa electoral y Cameron hizo efectiva en cuanto ocupó Downing Street. Su resultado, sin embargo, conforma un catálogo de nada menos que 290 recomendaciones que se resumiría en el establecimiento de un código más férreo de conducta, el reforzamiento de los controles del personal y, como explicó el primer ministro, la creación de un cuerpo de inspectores para velar por unos centros sanitarios “limpios seguros y en los que se cuide a los pacientes, no de meros espacios de gestión burocrática”. Se apunta a los errores de gestión, desde los máximos responsables hasta la base, pero no habrá mayores consecuencias más allá de la severa censura.

Si bien es cierto que el caso no puede imputarse directa o únicamente a la mengua de los recursos económicos que el NHS viene encajando en los últimos años —porque el trato inhumano a aquellos pacientes carece de toda justificación— también debe subrayarse que ese contexto idílico que ambiciona Cameron aparece muy difícil en los actuales tiempos de recortes drásticos. Las recomendaciones con las que se ha saldado el veredicto sobre el hospital de Staffordshire, y que el Gobierno quiere aplicar en todos los centros del sistema, suponen un alivio para los responsables del Departamento de Sanidad, que temían la demanda de otra costosa reforma del NHS que finalmente no deberá ejecutarse. Porque esa declaración de buenas intenciones que contiene la enésima investigación del caso no se centra en la exigencia de un personal cualificado y suficiente numéricamente (lo cual significa inversión en la sanidad pública), sino que pone el acento en el comportamiento individual de cada trabajador independientemente de las condiciones laborales. Y estas, a tenor del gasto sanitario del próximo presupuesto del Gobierno, no parecen nada halagüeñas.

 

El personal sanitario afrontará sanciones penales por ocultar errores

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