El Supremo avala el modelo de inmersión lingüística de Cataluña

Una sentencia del alto tribunal limita las clases en castellano a particulares

Colegio Sant Cosme y Sant Sant Damià. Calle Turia nº 2 de El Prat de Llobregat. / © Tejederas (EL PAÍS)

El Tribunal Supremo (TS) avala el modelo de inmersión lingüística de Cataluña, aunque reconoce el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en castellano. Así lo dictaminó el alto tribunal en una sentencia conocida ayer, aunque con fecha del 19 de febrero, que confirma una resolución anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de marzo de 2012. Parece que se supera así una etapa del conflicto que enfrenta a decenas de familias, amparadas por la entidad Convivencia Cívica Catalana, y la Generalitat. Pero del ámbito jurídico la pugna tomará ahora un cariz político, con la reforma educativa que planea el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que busca equilibrar el peso del catalán y el castellano en la escuela.

“El Supremo no se había pronunciado nunca de forma tan clara a favor de la inmersión. La sentencia aclara de una forma bastante definitiva que los derechos individuales hay que atenderlos tal y como se está haciendo actualmente, pero dice que otra cosa es tocar todo el modelo de inmersión lingüística”, tercia Joaquim Arenas, experto en política lingüística. “Es posible que el Supremo intente moderar el conflicto e intentar pacificar la polémica alrededor de la lengua”, interpreta Albert Branchadell, profesor de filología catalana de la UAB.

El Supremo da respuesta al recurso de Feliciano Sánchez, un padre que hace cerca de un lustro interpuso un recurso contencioso administrativo contra la Generalitat porque esta le había denegado la petición para que sus dos hijos —entonces estudiantes de tercero de primaria y segundo de ESO— recibieran las clases en castellano y, más allá, que la lengua castellana fuera introducida como lengua vehicular en la escuela.

Sánchez, junto a otras dos familias llevaron estas dos peticiones a los tribunales amparándose en la sentencia del Constitucional sobre el Estatut, que consideraba al castellano lengua vehicular. El Supremo, en diciembre de 2010, a raíz de una denuncia de otras familias, instó a la Generalitat a adoptar “cuantas medidas sean precisas” para darle al castellano este papel de lengua vehicular en la escuela. Eso sí, dejaba en manos del gobierno catalán la potestad para fijar la proporción de ambas lenguas.

Las familias recibieron una de cal y otra de arena con la resolución del TSJC de marzo del año pasado. Por un lado, constataba que la Generalitat no había “ejecutado debidamente el fallo” del Supremo e instaba al Departamento de Enseñanza a hacerlo. Pero la obligación quedaba limitada a las tres familias denunciantes y el tribunal catalán no entraba a cuestionar la inmersión.

“El Supremo viene a decir que el modelo no hay que tocarlo, que es bueno y que está bien”, celebró el presidente de la Generalitat, Artur Mas, desde Bélgica. Mas volvió a defender que el modelo de escuela catalana “garantiza la cohesión social en Cataluña”. “Si se eligiera la lengua, romperíamos el sistema educativo en Cataluña y romperíamos la población en base a la creación de líneas totalmente diferenciadas”, zanjó.

En una línea muy parecida se expresó la consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, quien defendió que las familias que han ganado sus recursos en los tribunales ya se les ha atendido de forma individualizada, pero dejó claro que la Generalitat no piensa hacer de esto una práctica mayoritaria. “La atención individualizada siempre se ha hecho dentro el aula, pero siempre hemos defendido que no separaremos a los niños por razón de lengua”, aclaró Rigau, quien confió que el Supremo se pronuncie en la misma línea en los posibles casos que en el futuro puedan aparecer.

Las celebraciones por la sentencia del Supremo vinieron también del ámbito educativo. La plataforma Somescola.cat, que aglutina una treintena de asociaciones y se ha erigido como principal baluarte de la defensa del modelo de escuela catalana, consideró que “el sistema de inmersión lingüística queda avalado, una vez más, también por instancias judiciales españolas. Este hecho permitirá, pues, que las escuelas e institutos del país puedan continuar trabajando con normalidad”. Asimismo, Somescola.cat pidió que se deje de judicializar la enseñanza en Cataluña porque “obliga a invertir esfuerzos y recursos que se deberían dedicar a la mejora de la calidad y la eficacia” de la educación.

Sin embargo, la plataforma se mostró prudente y, a través de un comunicado, aseguró que “hay que seguir alerta” de cara a la reforma educativa, “lo que podría ser una nueva legislación española que ataque de raíz el modelo de éxito de inmersión lingística”. Sobre la reforma educativa, la Lomce, también se refirió Rigau, quien invitó a Wert a dejar de lado las cuesitones de lengua. “Si la Lomce hablaba más del catalán que de la ESO, ara ya puede hablar solo de la secundaria”, remachó Rigau.El Ministerio lo ve de otra forma y considera que la sentencia del TS avala el papel que la Lomce da a las lenguas cooficiales. “Las comunidades tienen el derecho a proteger su lengua cooficial en su sistema de enseñanza, pero dentro de unos límites que significan que el castellano no sea excluido como lengua vehicular”. El conflicto se prevé duradero.

Siete años de conflicto lingüístico en los tribunales

Julio 2006. Tres familias acuden a la justicia después de que la Generalitat les niegue su petición de que el castellano sea lengua vehicular en la misma proporción que el catalán.

Diciembre 2008. La Sección Quinta del TSJC desestima el recurso y los padres recurren al Supremo.

Julio 2010. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, que equipara castellano y catalán como lengua de la enseñanza.

Diciembre 2010. El Supremo acepta el recurso y concluye que la familia tiene derecho a que el castellano sea lengua vehicular. La sentencia insta a la Generalitat a “adoptar cuantas medidas sean precisas” para adaptarse a la “nueva situación” creada por el TC.

Marzo 2011. Educación no pide que se aclare el alcance de la sentencia del Supremo.

Mayo 2011. La familia pide ejecutar la sentencia tras manifestar la Administración su voluntad de no hacerlo. La Generalitat no se pronuncia en las alegaciones.

13 julio 2011. Educación remite un escrito con las medidas y concluye que, por el déficit de conocimiento del catalán, es necesario seguir con el modelo educativo.

28 julio 2011. La Sección Quinta de la sala contencioso-administativa del TSJC da dos meses a Educación para “adaptar su sistema de enseñanza”.

Septiembre 2011. El auto sale a la luz. La Generalitat pide que quede sin efecto. El TSJC suspende la efectividad del auto hasta que resuelva el recurso.

8 marzo 2012. El pleno de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC acepta el recurso y avala el modelo de inmersión lingüística.

19 febrero 2013. El TS confirma la resolución del TSJC y rechaza el recurso interpuesto por una de las tres familias, la de Feliciano Sánchez.

Para poder comentar debes estar registrado en Eskup y haber iniciado sesión

Darse de alta ¿Por qué darse de alta?

Otras noticias

Lo más visto en...

» Top 50

Webs de PRISA

cerrar ventana