Un alcalde se sentará en el banquillo por urbanizar un refugio del águila imperial

La juez Sira María Amor, titular del juzgado número 2 de Ávila, ha decidido sentar en el banquillo a José Martín Llorente, el alcalde del PP que dio el visto bueno a una macrourbanización de 7.500 viviendas en un pinar de Villanueva de Gómez, un pequeño pueblo con 144 habitantes censados en el que se ha detectado presencia del águila imperial, una especie amenazada. La instructora ha encontrado “indicios” contra el ahora exregidor por prevaricación urbanística. Dos promotores del proyecto y el técnico que lo elaboró también irán a juicio por delitos contra la ordenación del territorio.

Han pasado seis años desde que las excavadoras comenzaron a trabajar en esta obra, que incluía tres campos de golf, un hotel de 200 plazas y un picadero cubierto y cuadras. Las obras se pararon y la licencia fue anulada. Una juez decidió, por vía civil, que el destrozo se restituyera. A día de hoy, esa sentencia sigue sin ejecutar. El actual alcalde del pueblo, Emilio Martín de Juan (PSOE) ya ha avanzado que no disponen de dinero para recuperar la zona, en la que se talaron 10.000 pinos y se construyeron más de 25 kilómetros de viales.

Tras el escrito con el que la juez Amor envió el caso a juicio, de 18 de febrero, es el turno de que los implicados presenten sus alegaciones, y de que el fiscal y las ONG conservacionistas personadas en el caso preparen sus acusaciones.

Gonzalo Bartolomé, gestor del proyecto e implicado, espera que, “por fin”, se aclare todo. “Podremos rebatir todo lo que se ha dicho”, asegura. Bartolomé defiende que cumplieron con más requisitos de los exigidos y recuerda que el proyecto estuvo en exposición pública durante cuatro años. “No hubo ni una sola alegación”, defiende. El promotor asegura que el proyecto de sistemas generales, con el que se construyeron los viales y las rotondas que ahora deberían desaparecer, no necesitaba proyecto de impacto ambiental, tal y como el instructor señala. Su defensa ha pedido el sobreseimiento de los cargos. Uno de los argumentos que esgrime es que se han iniciado los trámites para legalizarlo.

“Con los grandes valores ambientales de la zona, nos parecería increíble que finalmente se legalizara”, critican en La Sociedad Española de Ornitología (SEO BirdLife). “Es cierto que se hizo urbanizable en los años ochenta, pero por aquel entonces, las condiciones ambientales eran muy distintas”, añaden.

El promotor defiende que el proyecto estaba secundado por los 27 alcaldes de La Moraña, que lo declararon de interés público.

“Queremos tramitarlo por la figura del Plan Especial, la idea es cumplir con la legalidad”, añade Bartolomé. La Junta de Castilla y León ya estudia su solicitud, según fuentes cercanas al caso. EL PAÍS ha intentado contactar sin éxito con el alcalde implicado para conocer su versión.

SEO BirdLife se lamenta de no haber intervenido antes en este caso. “Era un proyecto mastodóntico que se intentó tramitar como si fuese una licencia menor, se saltaron todos los procedimientos”, considera María Soledad Gallego, abogada de la asociación SEO BirdLife. Los ecologistas denuncian que separaron el proyecto principal de los campos de golf para burlar controles.