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TRIBUNA

Buscando trabajo de científica en EE UU

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde trabajo ha perdido 1,208 puestos de investigación en los últimos 15 meses

Estoy atravesando los desiertos de Sonora y Mojave, en el sudoeste americano. Sus habitantes nativos viven en reservas indias, confinadas a regiones con pocos recursos naturales. Una independencia ficticia les permite modificar algunas leyes, haciendo que los casinos y la venta de tabaco, actividades ilegales o fuertemente reguladas en el resto de EE UU, sean la base de su precaria economía. Pienso en Eurovegas. Pienso en esa doctora en biología con amplia experiencia internacional a quien el INEM sugiere un curso de crupier. Es irónico que el destino de los habitantes de estas tierras, pertenecientes a la otrora Nueva España, y nuestro destino, el de la vieja España, converjan de esta manera, en unas tragaperras.

Mi hija duerme en el asiento de al lado. Llevamos viajando desde que ella tenía 10 semanas. Para cuando regresemos a España habrá pasado, literalmente, la mitad de su vida de viaje. No son viajes de placer. Soy científica y estoy empleando mi baja maternal y de lactancia para buscar trabajo. Trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y mi contrato Ramón y Cajal se acaba el próximo otoño. Como yo hay miles de investigadores españoles. Sin embargo desde el Gobierno se niega sistemáticamente la existencia de una fuga de cerebros. Hace unas semanas el portavoz de I+D del PP en el Congreso, Alejandro Fernández, argumentaba que la fuga de cerebros es un “topicazo” y que igual que se van científicos de España llegan otros extranjeros. Ha de referirse a los que vienen de turismo.

Pienso en la última reunión que tuvimos con él en Congreso hace unos meses y en los tres científicos jóvenes que estábamos presentes: uno ha emigrado a Australia; otro tiene una oferta en Brasil; yo estoy solicitando trabajos en Norteamérica y Europa. Me dan ganas de llamarle desde la próxima gasolinera; no, mejor desde el próximo casino: “¿Un topicazo?”. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha perdido 1.208 puestos de investigación en los últimos 15 meses (205 en enero y febrero del 2013) y lo único que hace el Gobierno para evitar que estos científicos emigren es ofrecerles cursos de crupier. No gracias.

No sólo se niega la evidente fuga de investigadores si no también el recorte al presupuesto en I+D. Mientras que Luis De Guindos, bajo cuyo ministerio languidece la ciencia, insiste en que el presupuesto de I+D se ha incrementado un 5% en el 2013, la I+D sufre un recorte del gasto de un 13.7% este año, acumulando una reducción del 40% desde el 2009. De dónde saca el ministro ese 5% de incremento es un misterio. O no. No en vano era un alto cargo de Lehman Brothers cuando quebró en el 2008.

Pero esta negación sistemática de la realidad va más allá de simples declaraciones, siendo el contexto de la nueva Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este documento, recientemente aprobado, ni analiza ni trata de mitigar el impacto de la fuga de cerebros y el drástico recorte presupuestario. Tampoco especifica los recursos humanos y financieros con los que contará la I+D en los próximos años. Sí hace una promesa: alcanzar una inversión en I+D de un 2% del PIB en el 2020, es decir, retrasar la convergencia con Europa en más de una década (ya que un 2% era el objetivo para el 2010 y es la media actual en la UE-27).

Pero esta mal llamada Estrategia va más allá de ser una recopilación de buenos (y viejos) deseos. Quizá siguiendo directrices de la Escuela de Economía de Chicago, la Estrategia establece la transferencia de fondos desde la investigación básica en el sector público a la innovación en el sector privado, cometiendo un triple error. Primero, el sector privado no va a invertir en I+D de la noche a la mañana, cuando ni si quiera lo hizo en los años en que la economía era boyante. Segundo, la innovación no puede prosperar sin apoyarse en los resultados científicos de la investigación básica. Y tercero, el Gobierno debería tener en cuenta qué valora nuestra sociedad, no el mercado de valores. Una sociedad que se precie no sólo ha de valorar aquellas investigaciones que derivan en un beneficio financiero. ¿Cómo poner precio al conocimiento de si hay vida en otros planetas o a la cura de una enfermedad rara?

Otra palabra que se repite mucho es la excelencia. El Gobierno defiende que los recursos limitados ayudarán a la excelencia a florecer, como si la investigación siguiera la regla de supervivencia del más fuerte. Si quieren seguir esa analogía darwiniana han de recordar que la investigación, como la evolución, no es predecible (¿cómo y quién elige a los excelentes?) y no podrá prosperar en un ambiente rápidamente cambiante sin un portfolio diversificado, en particular cuando los investigadores jóvenes mejor formados están emigrando a otros países.

Por si la comunidad científica no tuviera suficiente con un 40% de recorte y una Estrategia de cara al futuro que muy pocos comparten, nos enfrentamos también a unas reglas del juego cambiantes que merman aún más la credibilidad de la política científica del Gobierno. Después de un retraso de casi un año, el BOE publicó recientemente la resolución de los proyectos de investigación del Plan Nacional, la principal fuente de financiación de la ciencia básica en España. Los científicos atónitos se encontraron con que el presupuesto de sus proyectos previamente aprobados se había reducido sin previo aviso, incumpliendo las normas establecidas en la propia convocatoria. Según el BOE, cada proyecto recibirá tan sólo un 7% de su presupuesto aprobado durante el primer año, lo que imposibilita la contratación de investigadores, estudiantes de doctorado y personal técnico. Esto supone la paralización de los proyectos de investigación. Pretender que en unos años se puedan retomar estos proyectos donde se dejaron es ilusorio, es como pedirle a alguien que deje de respirar por una hora.

Levanto los ojos de mi portátil y veo un paisaje desolado. Un cartel anuncia un casino próximo.

Amaya Moro-Martín es investigadora del CSIC (programa Ramón y Cajal) y promotora de la Plataforma por una Investigación digna.