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REPORTAJE

La protesta llama a su puerta

Los activistas contra los desahucios han dado un polémico paso para señalar a los políticos que no apoyan la dación en pago: la movilización frente a sus viviendas.¿Es legítima esta estrategia?

Protesta de Afectados por la Hipoteca frente a la casa de Esteban González Pons, en Valencia, el pasado miércoles.
Protesta de Afectados por la Hipoteca frente a la casa de Esteban González Pons, en Valencia, el pasado miércoles. Reuters

La plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha decidido señalar de manera directa a los políticos que no apoyan la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago. Este tipo de señalamiento personal se conoce como escrache, y el primero se produjo ante la cúpula del Partido Popular, que se encontraba reunida en un hotel de Madrid. El segundo fue en Barcelona, frente a la vivienda de la concejal del mismo partido, Ángeles Esteller. Le siguieron otros, que afectaron al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; o al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas.

El más reciente, el miércoles en Valencia, se realizó frente a la vivienda de Esteban González Pons, vicesecretario de Estudios y Programas del Partido Popular, que no estaba en casa en ese momento. Pero su familia sí  estaba. “Entraron en el portal, subieron hasta la casa, aporrearon la puerta durante 45 minutos. Ésta no es la forma de convencerme”, manifestó al enterarse de los hechos. Pons, que ha interpuesto una denuncia al considerar que se trata de ataques a “representantes de la soberanía popular”, aseguró ayer a El PAÍS: “Asustar a mi familia es un método mafioso. Hoy lo hacen para que los políticos cambiemos el voto. Mañana lo harán con los jueces y pasado con los periodistas. Es muy peligroso. Dicen que me van a señalar, pero señalar es lo que hacían los nazis con los judíos”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se manifestó de forma similar tras el Consejo de Ministros. Aseguró que algunas actuaciones “invaden los derechos de otros”, mientras pedía “respeto” a los políticos y “especialmente a sus familias”, que sufren manifestaciones frente a sus casas.

¿Son legales estas actuaciones? ¿Canalizan el malestar social de modo democrático o son meras acciones de coacción? “Las movilizaciones ciudadanas que echan el aliento en la nuca del político, pero solo el aliento, están más que legitimadas”, señala Jesús María Osés, profesor de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Pública de Navarra. “El límite infranqueable es la violencia física. O que la presión se ejerza contra la familia”. La PAH asegura que se trató de una “señalación pública y pacífica”, pero González Pons lo ve de manera muy diferente y acusa a la plataforma de “intimidar” a su familia llamando al timbre de su casa.

El señalamiento (o escrache) nace en Argentina. Escrachar implica evidenciar a personas que pretenden pasar desapercibidas. Los primeros fueron impulsados por Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS). “Ante la impunidad de las leyes de punto final, que impedían juzgar a los responsables de la dictadura, promovieron los señalamientos. Consideraban que si el Estado no daba respuestas, era legítimo que la ciudadanía supiera quienes eran y qué habían hecho”, explica Jordi Mir, profesor del centro de estudios sobre los movimientos sociales de la Universitat Pompeu Fabra.

Esta modalidad de queja nace en Argentina tras las leyes de punto final

España vive la peor crisis desde la restauración de la democracia y solo el año pasado se ejecutaron 46.408 hipotecas, según datos del Poder Judicial. El drama de los desahucios afecta, pues, a centenares de miles de personas. En este contexto, “se llega a la conclusión que las movilizaciones tradicionales no surten efecto. Como no se puede salir de la agenda política, se importan medidas extranjeras con la esperanza de que funcionen”, plantea Juan Carlos Revilla, profesor de Psicología Social de la Complutense.

¿Es comparable la situación argentina y española? “Es difícil apoyarlo sin reservas, porque los diputados no se esconden ni han hecho nada reprobable. Solo han manifestado dudas a la propuesta. Tengo reticencias de que sea la mejor opción”, señala Revilla.

La catedrática de ética Victoria Camps cree que se trata de un ejercicio de libertad de expresión, siempre y cuando se ajuste a unos límites precisos. “Es legítima si es pacífica, se produce en la vía pública y no se viola el espacio privado. Ellos son nuestros representantes. Si la gente quiere que conozcan su realidad, están en su derecho de informar, incluso si es de forma tan directa”.

Los diputados

no responden directamente

ante sus votantes

La jurista Magda Oranich considera que es “lícito, siempre que no haya coacciones ni amenazas”, pero se manifiesta en contra. “No creo que sea la mejor forma de presión en democracia. Los diputados han sido elegidos, te guste o no”. En su opinión, sería mejor “manifestarse ante el Congreso, pero nunca en el domicilio”, porque se coacciona no solo al político, “que lo lleva implícito en el cargo”, sino “a sus hijos y vecinos”, que nada tienen que ver.

Según una encuesta publicada por EL PAÍS el domingo, el 67% desconocía la campaña de escrache de la PAH. Aunque el 89% —el 87% entre votantes del PP— aseguraba estar de acuerdo. El catedrático de Sociología y presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, abunda en por qué: “El ciudadano es ambivalente en este tema. Aprecia que existe un riesgo de acoso, pero hay factores que hacen comprensibles estas campañas. La gente ve que la crisis no la provocan quienes la padecen. Además, pagan más los que menos tienen y los que son percibidos como culpables —los expertos financieros— no solo no han pagado, sino que reciben jubilaciones millonarias. Ese es el telón de fondo”.

Mir añade: “Nuestra sociedad es más sensible a la alteración del orden que a la violencia estructural, como la pobreza, cuando el verdadero sufrimiento lo padecen los afectados por la crisis, el desempleo y los desahucios”. Esther Vivas, investigadora de movimientos sociales, destaca que “se busca visualizar una realidad; que se vea que detrás de las decisiones políticas hay personas. Esta acción está a la altura de la situación de crisis que vivimos”.

“El verdadero sufrimiento es el de los afectados por la crisis”, dice Jordi Mir

La calificación como “violencia” del escrache genera también cierta controversia. Quienes las sufren se sienten “acosados” y consideran que se está vulnerando su derecho a la libertad. Hay quienes opinan, sin embargo, que es una reacción proporcionada a la magnitud de la crisis que azota a los ciudadanos. “La presión de las instituciones sobre las personas obliga a éstas a una legítima defensa”, argumenta Osés. El politólogo Íñigo Errejón asegura que la PAH ha visibilizado lo que antes era una violencia “privada y extrema. Hasta ahora la violencia de echar a una familia a la calle sin que tenga adónde ir, era algo privado. La PAH lo ha politizado, lo ha hecho público”.

Ada Colau, el rostro visible de la PAH, niega que las actuaciones de la plataforma constituyan ningún tipo de acoso ni hayan superado los límites de la legitimidad: “Nos estamos volviendo locos y hemos dejado de ver el conjunto. El límite no lo han traspasado los ciudadanos, sino la praxis bancaria y los gobiernos que les inyectan dinero público mientras la gente se tira por la ventana”. Según la activista, la plataforma apela “a la conciencia individual de cada diputado”, pidiéndole que vaya “más allá de la disciplina de voto del partido”.

Es legítima si es pacífica y no viola el espacio privado, dice Victoria Camps

Sin embargo, en España, con un sistema electoral de listas cerradas, los diputados están sujetos a la llamada disciplina de voto. “El hecho de que el diputado piense que debe rendir cuentas solo ante sus jefes supone una quiebra en el sistema”, opina Toharia.

Vivas pone el acento en la pugna entre legalidad y legitimidad. “Hay acciones que pueden ser ilegales desde un punto de vista jurídico, como ocupar locales vacíos, y sin embargo son totalmente legítimas”. Ayer, 200 activistas de la PAH ocuparon una sede de Banesto en el paseo de Gràcia de Barcelona.

“La legalidad es un concepto construido. Lo legal debería ser legítimo y lo legítimo debería hallar un cauce de legalidad, aunque no siempre es así”, abunda el psicólogo Jaume Funes. Y ahonda en cómo los jóvenes se rebelan contra los imperativos del sistema: “Para tratar los escraches no sirve con invocar que algo es legal. El argumento de muchos jóvenes es: ‘será legal, pero no mi legalidad’. No se sienten representados por un sistema que ven injusto”. Mir añade: “Las autoridades deberían reflexionar sobre los riesgos de carecer de espacios para el debate político más allá de las elecciones”.

Según el politólogo Errejón, las líneas rojas “se traspasan desde hace tiempo. Hay quien considera que pegar pegatinas y hacer sonar una cacerola es grave. Quizá, pero hace mucho que esta gente no son los primeros en quebrantar las cosas”.

Los críticos con estas acciones sostienen sin embargo que se ha traspasado una línea roja fundamental. Y que es preciso poner coto a este tipo de protestas. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, remitió ayer mismo una carta a los diputados de su grupo en la que señalaba que “algunos compañeros y sus familias han sufrido situaciones de acoso que no debemos pasar por alto" y les indicaba que, ante “cualquier amenaza”, mantuviesen la calma e informaran a la dirección del partido, que tomaría las "medidas legales oportunas". La número dos socialista, Elena Valenciano, mostró su apoyo expreso a lo declarado previamente por la vicepresidenta del Gobierno: “Sé que la gente lo está pasando mal”, señaló. “Pero no se puede promover la violencia y el acoso a gente a la que se ha votado”.

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