Un certificado europeo para validar los talentos

Los países comunitarios se comprometen a avalar oficialmente la experiencia y la formación no académica en 2018

Bruselas confía en que el proyecto dinamice el empleo y la movilidad

La acreditación incluirá la formación reglada y la no oficial. / jordi vicent

El mejor profesional no es necesariamente el que pasó cuatro años estudiando para obtener un título oficial. Los años de experiencia, los cursos al margen de la educación reglada y, en ocasiones, la propia vida personal aportan destrezas difíciles de documentar en un currículo. Si el profesional busca trabajo en un entorno conocido, las referencias le pueden ayudar. Pero si decide probar suerte en otro terreno, ¿cómo demostrar sus habilidades? La ola de desempleo que azota Europa ha obligado a los Estados a procurar una solución. Si cumplen lo acordado, la Unión Europea dispondrá, en 2018, de un marco homogéneo para validar los conocimientos adquiridos fuera de los canales oficiales.

La idea llevaba años circulando entre las distintas instituciones comunitarias, pero la constatación de que casi una cuarta parte de los jóvenes (y más de la mitad en España) carecen de ocupación animó a la Comisión Europea a considerarlo urgente. La responsable de Educación, Androulla Vassiliou, pidió que se aplicara ya en 2015 para mejorar cuanto antes las perspectivas de empleo de los jóvenes, pero los Estados se resisten a esa urgencia y han decidido darse tres años más de plazo. “La validación mejora las habilidades de los jóvenes, que, a veces, presentan mal los conocimientos que tienen, y las empresas lo valoran. Además, supone un beneficio potencial enorme para quien no tiene ningún tipo de cualificación. Y contar con un sistema europeo mejora la movilidad entre países”, resume Manuel Souto, profesor en la Universidad de Bath (Reino Unido), con una larga experiencia en estudios sobre esta materia para la Comisión Europea.

Los países miembros deberán ofrecer herramientas para certificar dos tipos de habilidades. En primer lugar, lo que los expertos denominan educación no formal (cursos, talleres, educación para adultos y cualquier formación que implique la existencia de profesores y alumnos). En segundo lugar, la llamada educación informal, ajena a las aulas (aprendizaje de idiomas en el extranjero, actividades de voluntariado, cuidado de menores...). En este caso, la certificación es más compleja y, a la vez, más necesaria, porque no hay prueba escrita de esas destrezas, que pueden provenir de experiencias cotidianas. “Con la maternidad, por ejemplo, se adquieren competencias que te preparan para profesiones en las que no habías pensado anteriormente. Se trata de que la gente vea todas sus habilidades”, explica Souto.

Aunque muchos países realizan ya una cierta validación del conocimiento de los trabajadores, solo cuatro —Francia, Holanda, Luxemburgo y Finlandia— disponen de un esquema completo. Los expertos consideran el modelo francés especialmente acertado. Allí, un trabajador puede pedir en cualquier momento que se le reconozcan las competencias profesionales. El interesado deberá documentar lo que sabe y, si el jurado considera que es suficiente (también le puede pedir pruebas extraordinarias), le expedirá un título equivalente al del profesional que lo ha obtenido por la vía formal. “Funciona muy bien pero cuesta mucho dinero”, considera Bernadette Vergnaud, eurodiputada francesa experta en mercado interior. Las tarifas para acceder a un proceso de validación pueden alcanzar los 1.000 euros en Francia, según el último informe sobre validación en este país que recoge la Comisión Europea.

El mejor profesional no es siempre el que más ha estudiado

El acuerdo de armonización que alcanzaron los 27 países comunitarios a finales del año pasado supone que todos los ciudadanos deberían poder pedir un reconocimiento público de sus habilidades, sin esperar a que la Administración abra ningún tipo de proceso para ello. Y establece, sin especificar precios, que el trámite deberá ser “asequible” para el ciudadano.

El coste de un esquema de este tipo, homologable al del resto de países miembros, es el elemento que más hace peligrar su puesta en marcha temprana. Acuciados por la reducción del déficit y la deuda, los Estados se resistirán a desembolsar el dinero necesario para contar con una estructura completa de evaluación (orientadores, jurados, organismos específicos...). Aunque Bruselas insiste en que este proyecto es “más relevante que nunca para el funcionamiento del mercado laboral y para aumentar la competitividad y el crecimiento económico”, a los Estados les costará verlo, al menos a corto plazo, como una inversión. Además, siempre podrán escudarse en la letra pequeña de lo firmado: el marco europeo deberá aplicarse “no más tarde de 2018”, pero “de acuerdo con las circunstancias y especificidades nacionales”.

El otro gran reto consiste en dotar de prestigio los títulos expedidos mediante este sistema de validación. “Es importante que no se estigmatice el hecho de que un título se haya obtenido de manera menos ortodoxa, sino que el logrado por un proceso de validación del aprendizaje informal sea visto realmente como equivalente a uno obtenido por medios formales. Para ello es fundamental que haya un control de calidad y que los ciudadanos estén informados”, subraya Ernesto Villalba, de la agencia europea Cedefop, dedicada a la formación profesional y encargada de elaborar las líneas maestras que deben seguir los países para poner en marcha estos esquemas. El acuerdo de los ministros de Educación recoge esa necesidad de que el reconocimiento otorgado por estos procesos sea equiparable al de la formación académica.

Una de las recomendaciones del Ejecutivo comunitario consiste en implicar a empresarios, sindicatos, cámaras de comercio y otras instituciones ligadas al mercado de trabajo y de la formación. La gran patronal europea, Business Europe, es favorable en la medida en que ayuda a hacer más visible el perfil del trabajador. “En general, la validación de la educación informal y no formal es buena para el empresario porque le da una idea de ciertas competencias que de otro modo estarían ocultas. Esta transparencia beneficia también a los ciudadanos en la medida en que hace visibles sus habilidades. Y permite mayor eficiencia en el gasto educativo, pues evita repetir aprendizajes que se han adquirido de manera informal”, destaca Robert Plummer, asesor de Business Europe. Este experto en asuntos sociales duda, sin embargo, de que ese reconocimiento requiera la creación de una estructura europea, pues cree que ya existen herramientas suficientes para certificar las habilidades.

El objetivo es ayudar a ese 25% de jóvenes de la UE que está en paro

Los sindicatos discrepan respecto a la suficiencia de lo que ya hay. “Las normas existen; el problema es que no se desarrollan”, expone Teresa Muñoz, responsable de Formación de UGT. Muñoz explica los puntos débiles del sistema español: los procesos de validación son largos, caros y rutinarios y, sobre todo, no dependen de la voluntad del trabajador que necesite validar, sino de las ofertas que haga la Administración de turno —fundamentalmente las comunidades autónomas— para homologar formación. En época aún de bonanza, se abrieron procesos de validación para dos profesiones que se entendían de futuro: la educación infantil y los cuidados médicos, en especial la atención a la dependencia. Para coordinar los procesos, el Ministerio de Trabajo creó, en 2009, un comité para la validación de competencias que trabaja con las comunidades, aunque la situación difiere enormemente de unas a otras. El País Vasco figura entre las más desarrolladas, según un informe de la agencia Cedefop sobre España. Pero los datos son imprecisos y las competencias informales (las que se adquieren sin necesidad de un profesor) no están reconocidas. Además, como el usuario no paga por el reconocimiento, los poderes públicos son ahora más reacios a sufragar una red de informadores, profesores, pruebas, etcétera.

Pese a todo, el Gobierno considera que la situación ha mejorado desde 2010, año en que está fechado este análisis de Bruselas. Tras el compromiso adquirido en Bruselas el pasado diciembre, el titular de Educación, José Ignacio Wert, aseguró que unos 50.000 españoles han participado en procesos de educación no formal en los últimos meses.

El marco europeo deberá ofrecer información y asesoramiento sobre los beneficios y las oportunidades de validación. Se prestará especial atención a lo que Bruselas considera grupos desfavorecidos: parados y personas en riesgo de serlo. El acuerdo establece que esos ciudadanos tendrán la oportunidad de someterse a una “auditoría de sus habilidades” para identificar sus destrezas. El proceso debe desarrollarse en un tiempo razonable, que el texto fija en seis meses. Es decir, un parado que tenga conocimientos y experiencia que acreditar debería poder contar en ese plazo con un documento que los avale y le allane el camino de retorno hacia el empleo.

Bruselas ve en esta iniciativa un importante incentivo para la movilidad de los trabajadores. Si las competencias de un profesional son reconocidas por un país y aceptadas de manera homogénea por el resto, será más fácil animarse a dar el salto cuando el empleo escasee en un país. De forma indirecta, también se persigue aumentar el interés de los europeos por formarse a lo largo de su vida, no solo antes de ingresar en el mercado de trabajo. El interés es, hasta ahora, limitado. Solo un 8,9% de los adultos participan en actividades de educación formal e informal, un porcentaje que cae a menos de la mitad entre el colectivo que más lo necesita, los de bajo nivel educativo, según una reciente encuesta realizada por la Comisión Europea.

El problema está en valorar competencias como la maternidad

Juan Menéndez-Valdés, director de la agencia Eurofound, que procura la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en Europa, aboga por la implantación del marco homogéneo. Y pone como ejemplo los niveles de conocimiento de las lenguas, que sí cuentan con unas categorías homogéneas e identificables en toda Europa, independientemente de cómo se hayan obtenido.

Esta iniciativa da también esperanzas a quienes ejercen una profesión que no está respaldada por un título oficial y que se enfrenta, por un lado, al intrusismo y, por otro, a las quejas de otros profesionales. Es el caso de la osteopatía y otras terapias naturales. “No es la solución definitiva, pero sí que representa un halo de luz”, confía Lluís Miquel Leiva, presidente del Registro de Osteópatas Profesionales.

El sector lleva tiempo pidiendo una regulación, pues esta disciplina se estudia en academias privadas pero tanto la duración como los contenidos varían mucho de un sitio a otro. “Enfrente tenemos colectivos muy poderosos: médicos y farmacéuticos”, se queja Leiva, que cree que si existiera una validación homogénea de las capacidades para ser osteópata, el ejercicio de la profesión sería más sencillo.

Un carné de aptitud

Los más de 26 millones de parados con que cuenta la Unión Europea obligan a las instituciones a innovar continuamente en la lucha contra el desempleo. Vistos los devastadores efectos que las políticas de austeridad provocan en los mercados de trabajo, el Parlamento intenta abrir camino a nuevas iniciativas, aunque a un ritmo más lento de lo que exige la situación. Algunas, como el carné profesional europeo, llevaban años dormidas en los despachos.

“Después de cinco años de reflexión, los países miembros están de acuerdo en aplicar esta idea”, ironiza Bernadette Vergnaud, la europarlamentaria que ha impulsado un carné europeo para fomentar la movilidad de los trabajadores. El documento, que en un futuro debería asemejarse a una tarjeta de crédito, manejable y equiparable en toda Europa, permitirá a los trabajadores documentar de una manera sencilla sus cualificaciones. El carné ya existe como experiencia piloto para farmacéuticos e ingenieros, así como para los médicos especialistas en algunos países.

La diputada socialdemócrata francesa cree que el proyecto puede ponerse en marcha relativamente rápido, entre 2014 y 2015. La Eurocámara lo promueve dentro de la actualización de la directiva de cualificaciones profesionales que está tramitando. “Es un instrumento de seguridad y de confianza, pero también de ciudadanía”, destaca Vergnaud.

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