El PP amnistía casas en la playa a sabiendas de la amenaza del mar

Las enmiendas del grupo a la Ley de Costas prevén que el Estado asuma parte de las obras para protegerse del agua

Los expertos vaticinan un alud de pleitos

Edificios en la costa de Moaña (Pontevedra), uno de los dos últimos núcleos que los populares proponen amnistiar. / Lalo R. Villar

Los cambios introducidos por el PP, en el Gobierno, a la nueva Ley de Costas siguen apostando por prorrogar las concesiones de viviendas a pie de playa hasta 75 años, a pesar de que se reconoce la existencia de una “amenaza por la invasión del mar o de las arenas” entre las que se incluyen “los efectos del cambio climático”. Miguel Arias Cañete, ministro de Medio Ambiente, calcula que hay unas 10.000 construcciones en dominio público en nuestro país. Sin embargo, apuesta por salvar de la demolición a unas 2.000, que debían derribarse en 2018, para evitar la mala imagen de España en el exterior. Organizaciones conservacionistas y juristas consultados coinciden en que, lejos de acabar con la inseguridad jurídica, se están fijando los mimbres para una avalancha de pleitos.

Las enmiendas del PP a la actual ley costera, vigente desde 1988, buscan adaptar la normativa a los efectos del cambio climático. Lejos de prevenirlo, tienen como punto de partida hechos consumados o graves amenazas. En ellas, concretamente en la 176, se establece que los “derechos de ocupación” de las construcciones que invaden dominio público se van a mantener “siempre que el mar no les alcance o exista un riesgo cierto de que lo haga”. Si se considera que la zona está en “riesgo de regresión grave”, algo que declarará una orden ministerial, el Estado podrá asumir parte de las obras de defensa para protegerlas o imponer contribuciones. Se trata de que “los concesionarios que están en el dominio público en riesgo se beneficien de las actuaciones de protección de la Administración (...) es una colaboración financiera con los particulares beneficiados”, reconoce una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente. “Las ocupaciones se pueden mantener siempre que no exista riesgo de que el mar les alcance”, añade.

La reforma, denominada Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, apuesta por conceder permisos para negocios cada cinco años e ir revisándolos. Se contempla también la posibilidad de resolver las autorizaciones “unilateralmente” y “sin derecho a indemnización” cuando se establezca “cierto peligro” de que el mar les alcance.

Una delegación de la Eurocámara visitó España en marzo para investigar 76 quejas recibidas sobre la tramitación de esta ley. En esos encuentros —que mantuvieron con representantes del Gobierno, damnificados y asociaciones no gubernamentales— se interesaron por la situación de los extranjeros afectados, pero también por la vulneración de directivas medioambientales, como la de riesgo de inundaciones.

“Se trata el cambio climático de una forma frívola, si lo tomaran en serio optarían por retranquear la línea de costa y no perpetuar las instalaciones”, contempla Juan Carlos del Olmo, secretario general de la ONG WWF. La organización ve “imposible” certificar lo que ocurrirá en los próximos cinco años y mucho menos “frenar el avance del mar” con obras de defensa. “No se está previniendo nada”, añade José Luis García Varas, responsable del programa marino de WWF.

Medio Ambiente garantiza que el riesgo se evaluará de forma científica

Greenpeace acusa al PP de “falta de rigor”. “No se contempla que sean susceptibles de sufrir cambio climático ni los 10 núcleos amnistiados, ni la isla de Formentera, ni las salinas o numerosos tramos de ría, que pierden su protección con la nueva Ley”, subrayaron ayer. Las medidas quedan para cuando suba el nivel del mar u ocurran catástrofes, como que el agua alcance viviendas. “Se choca con el más elemental principio de precaución”, advierten.

De momento no hay una memoria económica que analice el coste de lo que se propone, como la construcción de espigones o rellenos para combatir sus efectos. “Estos tramos que se enfrentan al cambio climático nunca deberían ser de titularidad privada y deberían ser devueltos al dominio público marítimo terrestre”, aconsejan en Greenpeace.

Medio Ambiente precisa que las medidas tienen todavía que concretarse en un reglamento que desarrolle la ley y presume de que su propuesta es “más ambiciosa y proteccionista del dominio público” que cualquiera de las presentadas por cualquier grupo parlamentario en el Congreso o en el Senado. El Gobierno garantiza que se utilizarán “criterios científicos” para determinar esos tramos en riesgo y “no discrecionalidad de la Administración”.

"El cambio climático no se puede ver caso a caso", dice un exdirector de Costas

“Para empezar se considera propietarios a las personas que ocupan dominios públicos”, subraya el socialista Hugo Morán, secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. El diputado critica que se conceda un título de propiedad a un plazo que llega a los 75 años y al mismo tiempo el PP pretenda reservarse el derecho de suprimirlo sin exponerse a reclamaciones judiciales. “Todo esto va a dar lugar a un derecho indemnizatorio, es una irresponsabilidad con los afectados que alcanza un grado supino”, añade.

“Se va a macizar la costa al amparo de las infracciones urbanísticas”, aporta José Fernández, director de Costas en la etapa en la que Cristina Narbona (PSOE) fue ministra de Medio Ambiente. “El cambio climático no se puede dejar para ir viéndolo caso por caso, o dejas la costa como está o amplías la protección, no se puede reducir de ninguna manera”, aporta.

Los grupos parlamentarios presentan hoy sus enmiendas a la Ley de Costas en el Senado.

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Redactora de EL PAÍS

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