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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Una pena contra la emigración

Alberto Penadés de la Cruz

La organización Tostan (“romper la cáscara” en wolof) mantiene un programa que prevé erradicar la costumbre de ablación de genitales femeninos en Senegal para 2015. Será la primera en lograrlo en África. Cuenta con el apoyo del Gobierno y de numerosos líderes sociales y religiosos. Ajenos a ello, en España, el comienzo de la campaña coincidió con una de las pocas sentencias de cárcel del mundo por esta práctica. El drama se acaba de repetir.

La ablación de genitales es una norma controlada por las mujeres, y especialmente por suegras y abuelas, más bien que madres. Las familias lo hacen por amor a sus hijas, como afirma Gerry Mackie, experto mundial y colaborador de Tostan. Como dice la antropóloga Ylva Hernlund, los hombres lo ignoran como “cosa de mujeres”. No es una conducta desviada, en las comunidades donde se practica lo habitual es que lo haga la mayoría. No es una costumbre de grupos marginados o “atrasados”. No es necesariamente un rito de paso, o una marca étnica, aunque muchas veces lo sea. No es un precepto religioso. La ablación es algo necesario para poder casarse (como también lo es para los hombres estar circuncisos, aunque la operación sea, casi siempre, muchísimo más leve). Los genitales naturales son una señal de desviación social, a veces de suciedad y de malas costumbres, o simplemente algo propio de extraños. Todo esto lo sabemos por abundantes encuestas y etnografías (visiten la web de Demographic and Health Surveys). Cuando los padres y madres acusados en España dicen que es normal, que es algo que hizo “alguien” de su familia, o que ha sido por su bien, seguramente dicen la verdad.

Tostan promueve el abandono colectivo de la norma por parte de todas las familias a la vez, tras un proceso educativo, mediante una declaración pública. Más de 6.000 aldeas se han comprometido ya a abandonar la costumbre. El secreto es conseguir que las familias, una vez convencidas, sepan que podrán casar a sus hijos entre ellos. En España, la protección integral de las niñas requiere educación familiar y perspectiva de arraigo (no tener que casarse “allí”). También podría ofrecerse un compromiso público, al modo de las declaraciones de Tostan, que ofrezca incentivos y sanciones bien diseñados. No hay solución fácil, pero la cárcel es cruel y no sirve a la protección de las niñas, sino a enseñarles dónde está la puerta de salida a las familias africanas.

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