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Solo el 7% de mujeres que denuncian en México violencia consigue protección

En la mayoría de los Estados la medida no ofrece a la víctima más de 72 horas de cobertura Únicamente Sinaloa y el Distrito Federal han renovado la autorización

Paula Chouza
Protesta contra la violencia de género en Tijuana (México). / CORDON PRESS
Protesta contra la violencia de género en Tijuana (México). / CORDON PRESS

Acudir a la autoridad para pedir protección ante una situación de violencia contra mujeres es casi una misión imposible en México. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organización que reúne a 50 agrupaciones que trabajan por las víctimas de malos tratos, registró 58.000 denuncias de violencia entre enero de 2011 y junio de 2012. De ellas, tan solo en el 7% de los casos se otorgó algún tipo de protección.

Aunque la “responsabilidad de proveer esta protección corresponde al Estado”, saber en qué se traduce en la realidad es un reto aparte. Para empezar, porque los datos revelados este martes por el observatorio están basados en la información proporcionada por apenas 21 de las 32 entidades federativas mexicanas. Y algunos de esos Estados aseguran que no brindan a las mujeres estos recursos “porque ellas no lo solicitan”.

El documento ofrece un panorama desalentador para las víctimas de violencia: en la mayoría de los Estados las órdenes de protección no van más allá de las 72 horas. En contraste, la legislación de Veracruz es la única que establece 180 días para esta medida.

Solo dos Estados, Sinaloa y el Distrito Federal ampliaron en alguna circunstancia la orden de protección más allá de las 72 horas, mientras que en siete entidades federativas no se otorgó ni una sola restricción. Es el caso de Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. El informe destaca que la Procuraduría del Estado de Puebla manifestó conocer 6.237 casos de violencia contra mujeres, en los cuales no emitió ninguna orden de protección, pues “las agraviadas son las que no optaron por estas prerrogativas”.

Y uno de los casos más extremos se encuentra en el Estado de Chihuahua, donde de 7.342 hechos de violencia presentados entre agosto y octubre de 2012 la autoridad concedió siete permisos, el 0,1%. También el Distrito Federal está lejos de responder de forma proporcionada a las denuncias. De 15.276, solo se emitieron 563 medidas de protección, el 3,6%.

El Observatorio revela en el documento Órdenes de protección en México: mujeres víctimas de violencia y falta de acceso a la justicia, que en el Estado de México no se sabe si se ha otorgado algún tipo de orden de protección debido a que no se sistematizan ni registran los hechos de violencia contra mujeres. Tampoco el número de órdenes que se han concedido, ni existe un procedimiento mínimo para la emisión de medidas de protección que marca la ley. El organismo señala que la situación en este Estado es “preocupante debido a los altos índices de violencia contra las mujeres”. Según los últimos datos de ONU mujeres, de 2007 a 2009 la tasa de feminicidios aumentó un 38% en la entidad, que en 2009 fue de 272 defunciones. Por su parte la Procuraduría (Fiscalía) del Estado registró entre enero de 2011 y diciembre de 2012 448 homicidios dolosos de mujeres.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio ha precisado que en el caso de este Estado, en alguna ocasión, “entre los requisitos exigidos a una mujer para obtener una orden se ha pedido la notificación de la misma al propio agresor, lo que solo sirve para ponerla en peligro”.

La responsable del observatorio ha recordado que el 30% de los asesinatos de mujeres se producen a manos de la pareja. “Es esencial que funcionen los mecanismos de protección. Los datos muestran que existe un patrón de impunidad y omisión por parte de las autoridades para emitir estas órdenes, que son una medida mínima para prevenir un daño mayor”.

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Sobre la firma

Paula Chouza
Periodista de Política en EL PAÍS. Participó en el lanzamiento de EL PAÍS América en México. Trabajó en el Ayuntamiento de A Coruña y fue becaria del Congreso de los Diputados, CRTVG o Cadena SER. Es licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela, Máster en Marketing Político y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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