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Los informes ambientales no se podrán recurrir en los tribunales

El Gobierno retrasa las reclamaciones hasta que las empresas presenten sus proyectos

Terrenos de Tarifa donde se ha aprobado la construcción de una urbanización.

Los informes que den el visto bueno ambiental a proyectos como una autopista, una central nuclear o un parque temático no serán recurribles en los juzgados cuando entre en vigor la nueva Ley de evaluación ambiental. El anteproyecto de esta norma, que el Gobierno del PP estudió ayer en el Consejo de Ministros, retrasa las reclamaciones medioambientales para cuando las empresas presenten oficialmente sus proyectos.

“Estos informes ya eran irrecurribles en la práctica”, matiza una fuente del ministerio de Medioambiente. “La idea es que el ciudadano no se meta en un proceso inútil, porque ya hay sentencias que lo contemplaban. Ahora se ha puesto por escrito”, añade.

El Gobierno también se reserva la potestad de aprobar proyectos por ley, por lo que solo se podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional. Esta vía está vedada para las ONG, ya que no están legitimadas. “Se va a empobrecer la defensa del medioambiente porque los afectados no suelen tener recursos para hacerlo”, subraya Rita Rodríguez, abogada de la ONG WWF.

Con la nueva normativa, los informes medioambientales sobre los planes o proyectos no estarán en manos de las administraciones, sino de los promotores, por lo que su acceso estará más restringido para terceros.

El ministro responsable, Miguel Arias Cañete, aseguró ayer, tras el Consejo de Ministros, que se han propuesto solucionar los 10.000 expedientes que esperan resolución. Dichos informes están paralizando proyectos que podrían generar 80.000 empleos y 1.000 millones de euros, según cálculos de su ministerio, que también cifra en tres años y cuatro meses el tiempo medio en el que se resuelven estos trámites. El anteproyecto de ley se fija un objetivo de cuatro meses.

Arias Cañete se ha propuesto sacar adelante 10.000 expedientes que esperan resolución

“Cuando hay voluntad y se trabaja los temas se resuelven”, zanjó Arias Cañete, que presumió de haber solucionado el problema de la Refinería Balboa (Badajoz). “Llevaba siete años pendiente y se resolvió en tres meses”, explicó. Los técnicos de Medio Ambiente rechazaron el proyecto porque atentaba contra la zona marítima del espacio natural del Parque de Doñana.

El ministro Arias Cañete también subrayó que el fracking, técnica para extraer gas no convencional mediante fracturación hidráulica, se someterá a los procedimientos de evaluación ordinarios, y que el silencio de los órganos ambientales no se considerará favorable “como máxima garantía ambiental”.

“Se aplican las reglas de la oferta y la demanda a la biodiversidad”, critican en Ecologistas en Acción

Ángel Cámara, decano del Colegio de Ingenieros de Minas, ve en esta alusión al fracking “un guiño” a la preocupación social que despierta esta novedosa técnica. “Si el tema sigue candente se hará algo más específico”, aventura el catedrático.

Otra de las nuevas figuras que se incluyen son los bancos de conservación de la naturaleza, un nuevo instrumento que permitirá compensar, reparar o restaurar daños naturales de los proyectos. La fórmula, ya implantada en EE UU, despierta recelos. Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, lo ve como un tragadero para sacar adelante proyectos muy dañinos. “Se aplican las reglas de la oferta y la demanda a algo que no es lógico someter a esos dictados: la biodiversidad”, contempla. “Hay que tener controlado todo este proceso del que apenas sabemos todavía, porque algo que puede ser beneficioso puede convertirse en perverso”, opinan desde SEO.