Gallardón invoca el “mandato de los ciudadanos” para cambiar el aborto

“Señor Gallardón, por qué, por qué hace esto, qué le han hecho las mujeres”. Así arrancó este miércoles, pasadas las nueve de la mañana, en la sesión de control al Gobierno, el primer rifirrafe sobre las intenciones del Ejecutivo respecto a la legislación del aborto. La pregunta era de la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano. Después vendría una interpelación defendida por la portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Carmen Montón. Ante las acusaciones de retroceso de 30 años, de vulneración de los derechos de las mujeres, de intromisión en el derecho a decidir sobre la maternidad, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se envolvió en el “mandato de los ciudadanos” para cambiar la ley del aborto y aludió a la interpretación que el Tribunal Constitucional hizo en 1985 sobre este asunto. En efecto, en su programa los populares se comprometieron a cambiar la ley aprobada por el Gobierno socialista en 2010, pero sin dar detalles ni precisar hasta dónde tenían previsto cambiarla. No hay lugar para la transacción con el paso que ha dado el ministro de contraponer el derecho de las mujeres a su libertad con el derecho del “concebido”. “Nosotros repondremos el derecho de los no nacidos”, ha avisado el titular de Justicia.

Eso significa echar abajo la actual ley de plazos, que permite abortar durante las primeras 14 semanas de embarazo, pero también eliminar los supuestos actuales, incluida la posibilidad de interrumpir el embarazo por malformaciones en el feto. Con estos apuntes se intuye que el Gobierno irá más allá de cambiar la ley de 2010, al eliminar supuestos de la norma de 1985.

Los argumentos y las objeciones de las diputadas socialistas Elena Valenciano, primero, y Carmen Montón, después, se extendieron por diferentes ámbitos: políticos, jurídicos, sanitarios y morales. “Sobre las mujeres no decide nadie; ni los obispos ni los ministros”, clamó Montón, ante lo que no anda lejos de ser “la abolición encubierta del aborto”, ante las restricciones anunciadas, proclamó la diputada socialista.

Con gráficos en mano, la portavoz de Igualdad del PSOE citó los países europeos en los que rige una ley de interrupción del embarazo similar a la española. “Con los cambios que anuncia”, dijo, “se condena a las españolas a tener que acudir a métodos cruentos o a abortar a Londres las que se lo puedan permitir económicamente”. Antes, la número dos del PSOE, Elena Valenciano, en tono muy duro, había hecho esa dicotomía y situaba a las mujeres “de la clase social de Gallardón” en el grupo que podría ir a abortar a Londres, “como antes, como siempre”, y a las más débiles económicamente, dijo, se las condenaría a poner en riesgo su vida al acudir a la clandestinidad.

El ministro de Justicia aseguró que hace los cambios en la ley por convicción, sin presiones. “Ni lobbies ni jerarquías eclesiásticas, sino respeto a la Constitución y al mandato del pueblo, que nos pidió que cambiáramos la ley”, argumentó. Cada posición fue acogida por la bancada del correspondiente orador con los diputados puestos en pie y en apretado aplauso. La derecha aplaudió a Gallardón; la izquierda, a Montón.

La discusión avanzó sin la menor posibilidad de encontrar un punto de aproximación. “¿Por qué la derecha española no está a la altura de la derecha europea y deja la ley actual que da seguridad jurídica, seguridad sanitaria, seguridad profesional, hace prevención…?”, enumeró Montón. También preguntó por qué el Gobierno no espera a que el Constitucional se pronuncie sobre la reforma de Zapatero antes de que la ley llegue a la Cámara.

¿Para qué?, se preguntó Gallardón. Hasta tres veces, dijo, el Tribunal se ha pronunciado sobre la necesidad de respetar los derechos del no nacido. “El concebido es un bien jurídico protegido y cuando entra en conflicto con otros derechos, como el de la mujer a su pleno desarrollo personal, libertad de creencias, etcétera, el legislador tiene que dar respuesta, pero no acabar con los derechos del concebido. Los derechos de la mujer no pueden tener prevalencia sobre los derechos del no nacido”, sentenció el ministro.

Pero esta literatura jurídica del Constitucional no se ha traducido de la manera que anuncia el titular de Justicia y que tiene intención de plasmar en la futura ley del aborto. ¿De nuevo la cárcel para las mujeres por abortar? No, aseguró el ministro. “Ninguna mujer irá a la cárcel por abortar”, dijo, sin precisar cómo se conseguirá eso. “Respete a las mujeres, ministro. Y yo, que soy madre, me siento igual de mujer antes y después de parir”, dijo Montón, que anunció que luchará “por no dejar” a su hija como herencia “una ley que no respeta el derecho de las mujeres a decidir”.

No le importa a Gallardón lo que le digan, porque, dijo, “la defensa de los más débiles justifica” toda su vida política. Esas aseveraciones provocaron desasosiego en la bancada socialista, que interpretó que el ministro va muy en serio y que la futura ley será sumamente restrictiva.

La diputada Montón hizo un llamamiento a la sociedad para que “se oponga a este retroceso” y llamó a la sociedad a no dar “ni un paso atrás”. La batalla también va en serio por parte de la izquierda, esta vez abanderada por el PSOE en el Parlamento. “Gallardón, ya no toca ser el progre del Gobierno”, espetó con dura ironía la número dos socialista. “Usted carece de la necesaria serenidad para abordar este asunto”, replicó el ministro a Valenciano. El componente anímico inapropiado también se lo atribuyó el ministro a la portavoz de Igualdad.