El enésimo golpe al litoral

El Senado aprueba la Ley de Costas que amnistía 10.000 casas junto al mar

Litoral de Oropesa (Castellón). / CARLES FRANCESC

Sin apenas cambios, y no por falta de debate, el PP aprobó ayer en el Senado su nueva Ley de Costas, polémica porque saca del dominio público unas 10.000 viviendas y da hasta 75 años más de vida a construcciones que debían comenzar a ser demolidas a partir de 2018. La mayoría absoluta de los populares les permitió rechazar los cinco vetos de diferentes partidos que proponían devolver la norma al Congreso y comenzar de nuevo. Todas las formaciones argumentaban que incrementa la inseguridad jurídica, privatiza el litoral o que contradice directivas europeas e informes del propio Gobierno, entre otros asuntos.

Los senadores populares defienden la necesidad de modificar la Ley vigente, de 1988, para evitar nuevos algarrobicos —en referencia al mastodóntico hotel de Carboneras (Almería) levantado en dominio público— e insisten en el poder de revitalización económica de la nueva norma. Estos son los puntos más conflictivos de la nueva ley, que ahora debe ser ratificada en el Congreso, y las razones que el PP esgrimió en el Senado para aprobarla:

» Concesiones de hasta 75 años. En nombre de la seguridad jurídica de los compradores, muchos de ellos extranjeros, se amplía el sistema de concesiones para viviendas levantadas en dominio público y que deberían comenzar a demoler en 2018. Medio Ambiente estima que serían unas 2.000 sólo en ese año. “Estamos ciegos si no vemos que la costa es motor de inversión. Necesitamos la costa, necesitamos actividades económicas en la costa para generar empleo y riqueza”, argumentó el senador Enrique López Veiga (PP).

» Devolución del dominio público en dos años. Los propietarios de viviendas que pasaron a formar parte del dominio público con la Ley de Costas de 1988 pueden recuperarlas si acreditan que las tenían inscritas en el Registro de la Propiedad. Una de las pocas concesiones que ha hecho el PP en el Senado garantiza que los propietarios recuperarán la titularidad en dos años.

“Estamos ciegos si no vemos que la costa es motor de inversión", dice un senador del PP

» 12 núcleos amnistiados. Un listado de construcciones que invaden el dominio público quedarán legalizadas, sin que el Gobierno haya expuesto, hasta el momento, los motivos para seleccionarlas. “Se quiere reconocer lo que la ley de 1988 no supo hacer porque entonces no tenían servicios”, explicó López Veiga. Se trata de Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja d'Aro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo o El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia).

En el Senado se han añadido a este grupo Xilxes (Castellón) y Moaña (Pontevedra). Representantes de ambos municipios acudieron al pleno de ayer para presenciar la votación. “Si no se hubiera legalizado Moaña habría que arrasar todo el núcleo urbano”, explicó López Veiga, que les envió un saludo durante su turno de palabra.

» Chiringuitos. Los negocios playeros obtendrán concesiones de cuatro años, en vez de anuales, como ocurría hasta ahora. El senador Antonio Sanz, ponente en nombre del PP, se felicitó por haber conseguido “blindar legalmente” la actividad de los chiringuitos. “Solo en mi región, Andalucía, eso significa 40.000 empleos en juego”, subrayó.

» Menos zona de servidumbre. Uno de los últimos cambios aprobados en el Senado reduce en la práctica la zona de litoral protegida de 100 a 20 metros. Las viviendas que se sitúan en esos 80 metros pasarán de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras, a tener todos los parabienes para realizar esos trabajos siempre que se cumpla la normativa de Ayuntamientos y comunidades. El PP insistió ayer en que “no se podrá aumentar edificabilidad”. Los expertos creen que será muy difícil controlar la actividad y que contribuirá a cementar la escasa franja que queda libre en la costa.

» Cláusula antialgarrobicos. Permite al delegado del Gobierno paralizar un plan municipal si afecta a la servidumbre de protección, en la que son competentes las comunidades autónomas. La oposición subraya que se invaden competencias delegadas en comunidades como Cataluña o Andalucía.

» Defensa del cambio climático. La Ley permite que las construcciones que invaden dominio público se mantengan, siempre que el mar no les alcance o haya riesgo de que lo haga. Si se considera que esa zona está en “riesgo de regresión grave”, algo que debe de declarar una orden ministerial, el Estado puede asumir parte de las obras de defensa para protegerlas.

» Fiestas en la playa. Se abre la posibilidad de celebrar eventos en playas urbanas en función de su “interés turístico”, algo cuestionado porque pueden dañar las condiciones de la arena.

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Redactora de EL PAÍS

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