Investigado un hospital público por la operación privada a un paciente

El enfermo pagó casi 9.000 euros para ser intervenido en el centro de Terrassa

El Departamento de Salud ha abierto un expediente disciplinario para indagar las irregularidades

Los hermanos Francisco y Justiniano Villarán. / CARLES RIBAS

La Generalitat investiga la estafa que denuncia Justiniano Villarán. Este hombre llevaba casi cinco años sufriendo un dolor en el glúteo —tan intenso que en los últimos meses ya le impedía sentarse para comer o trabajar— cuando, hace un año, un médico del hospital público Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) le dio la peor de las noticias: no había nada que hacer y debía aprender a convivir con el calvario. Justiniano, de 52 años, se vino abajo: “Llegué a pensar en quitarme la vida. Vivir de esa forma no merece la pena”, recuerda. Su hermano, Francisco, tomó entonces las riendas. Investigó por su cuenta y descubrió que a solo 12 kilómetros, en el hospital Universitario Mútua Terrassa —público, pero con una pequeña clínica privada—, trabaja un neurocirujano, Juan Luis Maestro de León, que podía operarle de la dolencia que sufría: síndrome piriforme o piramidal. Esta enfermedad ocurre cuando una contractura del músculo piramidal, en el glúteo, comprime el nervio ciático.

Francisco logró que el Parc Taulí derivara a su hermano a Terrassa, pero ante el retraso en la cita optó por acudir a la consulta privada que también tiene el médico. Allí se toparon con un muro. “Nos dijo que había que operar ya para descomprimir el nervio”, explica Francisco. “Eso nos alegró, nos daba esperanza. Pero luego nos engañó. Nosotros dijimos que queríamos que nos acabara atendiendo en Terrassa por la sanidad pública, pero él se negó y dijo que los instrumentos necesarios para operar eran suyos y no del hospital de Terrassa. Luego supimos que era mentira y que el hospital sí lleva a cabo estas intervenciones”. El Departamento de Salud catalán ha abierto un expediente sancionador al hospital porque ha detectado “indicios de irregularidades en todo el procedimiento”, dijo un portavoz.

La familia, desesperada, reunió el dinero y pagó más de 8.800 euros por la operación, que se hizo en el mismo hospital de Terrassa, pero en la parte privada. “No soportaba ver sufrir más a mi hermano”, afirma Francisco. Fue entonces cuando pidieron al médico una factura para pedir el reembolso del gasto a la Generalitat. El médico se negó.

Los dos hermanos recuerdan con dolor y angustia todo el proceso y siguen “la lucha” para conseguir que se les devuelva el dinero de la intervención. Recuerdan que cuando llegaron a la consulta privada del neurocirujano, el 28 de agosto de 2012, la situación era límite. “Me habían dado por desahuciado, nada funcionaba, y había estado más de un año de baja siendo autónomo”, recuerda Justiniano, que manejaba una grúa de la construcción. Habían pasado más de dos meses desde que, por fin, el hospital de Sabadell les había informado de que aceptaban derivarle “de forma preferente” al hospital Mútua Terrassa y ya no podían esperar más.

Un centro de doble puerta

La doble puerta de entrada —pública y privada— a los hospitales financiados por la Generalitat crece en Cataluña. Cada vez más hospitales concertados abren una vía de atención de pago: el Sant Pau y el de la Seu d’Urgell han sido dos de los últimos. Este tipo de centros, que son mayoritarios en esta comunidad, están constituidos por distintas formas jurídicas —consorcios, fundaciones, empresas municipales, entidades religiosas...— y tienen plena autonomía de gestión, aunque casi todos sus ingresos proceden de la atención médica financiada por la Generalitat.

El hospital Universitario Mútua de Terrassa, una mutualidad de previsión social sin ánimo de lucro, cobró 99 millones de euros de la Generalitat en 2011 por la atención a los pacientes públicos, según datos oficiales. Los ingresos por la vía privada fueron de 6,6 millones de euros, según las cuentas del Registro Mercantil.

La doble puerta de entrada es legal en los hospitales que no forman parte del ICS —Instituto Catalán de la Salud, que aglutina a los ocho grandes hospitales que la Generalitat gestiona de forma directa—, pero no está regulada. Algunos de los centros se han dotado de códigos de conducta voluntarios en los que se comprometen a que la puerta privada no servirá para saltarse la lista de espera. En todos los casos los médicos que atienden las dos puertas son los mismos.

Llegaron esperanzados y lo que les dijo el médico les descolocó. Tras avanzarles que el proceso les costaría unos 9.000 euros, el médico les hizo saber que no iba a hacerles factura. “Pensamos que la sanidad pública tenía que hacerse cargo del caso y queríamos reclamar”, relata Francisco. El médico fue taxativo: “Nos contestó que, si la intención era esa, no operaba”. Poco más de dos semanas después, Justiniano entraba por el quirófano del hospital para operarse del dolor que le había amargado la vida.

Francisco está indignado, y no solo por lo que no duda en calificar de engaño. “Dos días después de que operaran a mi hermano y tras poner una reclamación en el hospital, nos llamaron para decir que le habían programado la primera consulta en Terrassa”, explica. “¡Pero si a mi hermano ya le habían operado por la privada!”.

El hospital Mútua Terrassa declaró a través de una portavoz que el centro “realiza todas sus actividades de forma oficial y transparente”. Además, el paciente “solicitó directamente visita en un centro privado” y “dio su conformidad a la intervención”.

Los hermanos creen que es de justicia que el Gobierno catalán les reembolse la intervención. Por eso pidieron al hospital un documento en el que consta que el centro sí opera la dolencia. También, al día siguiente de la operación, volvieron a exigir al médico una factura. Y le recriminaron de nuevo que les hubiese redirigido a la atención privada. “Nos respondió que él no operaba un síndrome piramidal por la sanidad pública porque no le salía de los cojones”, relata Francisco. Los hermanos se quedaron estupefactos. El facultativo les dio como factura un recibo que aunque lleva un sello del Colegio de Médicos carece de número de factura. Este asegura que el recibo es “válido” y añade que la falta de numeración es en todo caso un problema “fiscal o mercantil”.

Maestro de León respondió por escrito con que “a la hora del alta, el paciente solicitó que el importe fuese abonado por la Seguridad Social”. “Me opuse totalmente porque no es la forma de proceder. El paciente privado sigue el camino privado”, suscribió.

Desde la operación, los hermanos se han entrevistado con representantes de Salud y han reclamado al hospital de Terrassa y al Colegio de Médicos. Un portavoz del organismo profesional explicó ayer que el colegio no ha detectado “ninguna infracción”.

“Cotizo a la Seguridad Social desde los 14 años y cuando necesito a la sanidad pública no es de recibo que me trate así”, cuenta Justiniano, cuyo rostro refleja el calvario vivido. El CatSalut sopesa ahora si les devuelve el coste de la intervención, que ascendió a 8.876 euros, de los cuales el médico cobró 6.000 euros; la Clínica Mútua Terrassa, 2.200; y otros 500 euros los tuvo que abonar Justiniano por una resonancia y dos visitas con Maestro de León.

Justiniano ha vuelto a trabajar y ya no siente tanto dolor, pero todavía no puede permanecer sentado largo tiempo. Los años de retraso en la intervención le han restado efectividad. Su calvario no ha terminado todavía. La ONG Sicom, que elabora vídeos sobre la crisis económica y los recortes, colgó anoche en Youtube, en colaboración con la revista Cafeambllet, un breve documental sobre el caso de Justiniano.

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