La dependencia retrocede

El retroceso del sistema de atención a la dependencia es un hecho. Los últimos datos oficiales, limpios ya de errores y de duplicidades, ofrecen varias cifras que dejan poco espacio a la duda: el número de beneficiarios de ayudas ha caído en los cuatro primeros meses del año en 3.316 personas y, si se comparan con agosto del año pasado, ha bajado al menos en 18.883. Además, a pesar de que lista de espera ha bajado por distintas razones, esta asciende a 218.345; es decir, que casi una de cada cuatro personas con derecho a recibir prestaciones o servicios no las reciben.

Así, el que estaba destinado a ser el cuarto pilar del Estado de bienestar atiende a 748.235 personas a finales de abril (último dato oficial publicado). Ya no se puede hablar de posibles inexactitudes para justificar que la información no se corresponde a la realidad. Los datos están depurados después de que el ministerio haya expurgado las duplicidades y errores detectados por el Tribunal de Cuentas.

En agosto de 2012, justo después de que el Gobierno aprobara el decreto de recortes en gasto de dependencia, eran 780.536, es decir, 32.301 beneficiarios más que ahora. Es cierto que los datos de agosto de 2012 aún no habían pasado por la criba de la regularización de expedientes. Esta actualización detectó 13.418 entradas vinculadas a personas ya fallecidas o que estaban duplicadas. En el caso de que todos ellos correspondieran a beneficiarios —seguro que no es así, los errores afectan seguro a otras categorías—, una vez purgados estos fallos, la caída del número de personas beneficiarias sería de ese mínimo de 18.883, lo que sigue reflejando el imparable retroceso en la aplicación de la ley.

Un portavoz del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad explica que siguen entrando beneficiarios, y “si ahora es a ritmo menor es debido a la aplicación del baremo”, el nuevo procedimiento para medir el grado de dependencia que entró en vigor en febrero de 2012, “que ha ajustado el sistema a las previsiones de la ley”. Este mismo argumento, el hecho de que el baremo sea más riguroso y que haya más personas que no superan los requisitos para acceder a las ayudas, lo comparten responsables autonómicos que gestionan la dependencia consultados por este diario. Pero sin dejar de reconocer que los recortes están asfixiando la capacidad de las comunidades de seguir prestando la atención que ofrecían antes de los ajustes aplicados por el Gobierno.

La caída de beneficiarios no afecta a todas las comunidades por igual. Asturias, Cantabria, Castilla y León logran reponer a las personas que fallecen, e incluso a incrementar ligeramente sus tasas de cobertura. Otras autonomías tienen bastantes más dificultades, como es el caso de la Comunidad Valenciana, que es incapaz de alcanzar la tasa de reposición. Una portavoz de la Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía admite los problemas que afrontan: “Al mes fallecen unos 2.000 beneficiarios y tenemos dificultades para reponer esta cifra con nuevos usuarios”. Y apunta directamente a la caída de ingresos por parte de fondos estatales. “Solo en Andalucía, este año contamos con 214 millones de euros menos debido a los recortes estatales, es que estamos realizando un esfuerzo ímprobo para mantener el sistema”, apuntan las mismas fuentes.

Los datos del Gobierno también apuntan a un retroceso en el número de personas a quienes se les ha reconocido el derecho a percibir las ayudas. Esta categoría incluye a dos grupos de personas. Por un lado, los beneficiarios; por otro, aquellas a las que la Administración ha reconocido su condición de dependientes pero aún no tienen residencia, centro de día o prestación económica de ayuda familiar que les corresponda por su grado de discapacidad. Esta bolsa de gente pendiente de recibir prestación, aquellos que se encuentran en la lista de espera de la dependencia, alcanza la cifra de 218.345 personas.

El ministerio presume de que está reduciendo este atasco, ya que es inferior a las 238.526 personas que había a la espera en enero de este año o los 305.941 de enero de 2012. Pero para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, no hay razones para alegrarse. Si hay menos gente esperando a recibir ayudas no es porque se esté agilizando la incorporación de nuevos beneficiarios.

Uno de los motivos consiste en la decisión que se tomó el verano pasado de aplazar la incorporación al sistema de los dependientes moderados hasta el año 2015. Según los cálculos de la entidad que integra a los especialistas en servicios sociales, esta decisión ha dejado sin derecho a la asistencia a más de 35.000 personas. El otro motivo se explica, señalan, por la muerte de ancianos mientras esperan que les lleguen las ayudas. Según los cálculos de la asociación de directoras y gerentes, decenas de miles de mayores habrían fallecido en esta triste lista de espera, “de lo que se deduce que los fallecimientos ayudan al control del déficit del Estado y marcan el ritmo de desmantelamiento del sistema de dependencia”.