Los asesinatos de ecologistas peruanos permanecen en la sombra
La muerte de activistas revela la vulnerabilidad de los líderes locales en el interior de Perú
Mauro Pio Peña (57), uno de los líderes históricos del pueblo indígena ashaninka, originario de la selva central del Perú, fue asesinado a balazos el lunes 27 de mayo por dos sicarios. Según la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC), los responsables son mafias camufladas “en el poder económico y político” que controlan “el tráfico de tierra, explotación de madera y los recursos, y asociadas a las actividades ilícitas”. El asesinato de la autoridad de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai ha tenido escasa repercusión en la capital peruana, como en casos similares anteriores.
La muerte de Pio Peña revela la vulnerabilidad en la que se encuentran los líderes locales en localidades aisladas y con poca presencia del Estado, o debido a la complicidad de funcionarios públicos, en actividades ilegales. La organización ARPI-SC ha solicitado a las autoridades la suspensión de las actividades de la empresa forestal Balarín, cuya concesión se superpone al de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai.
Los asesinatos a manos de los sicarios en Perú ocurren casi siempre de día, y casi siempre los pistoleros están a bordo de una motocicleta lineal. Así ocurrió con el dirigente asháninka, asesinado en Satipo, departamento de Junín. En el comunicado de la organización indígena que condena el asesinato exige la “destitución de los funcionarios de la Dirección Agraria del Gobierno de Pasco y Junín, por incumplimiento de los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas de la selva central”. ARPI ha denominado estas prácticas violentas un “nuevo terrorismo”, debido a que la población ashaninka fue una de las más diezmadas por la violencia de Sendero Luminoso en los años ochenta y noventa. Ahora enfrentan otro tipo de violencia que llega junto con maquinaria, dinero y armas.
El joven dirigente asháninka David Vásquez escribió en su muro de Facebook tras la muerte de Mauro Pio: “Por cuidar los bosques, proteger la naturaleza y apoyar en la pacificación, nos dejas hermano. Adiós Pinkatsari (jefe, autoridad en lengua ashaninka)”.
Por otro lado, en el departamento de Madre de Dios, el más afectado del país por la minería ilegal aluvial en los últimos 20 años, y en menor medida por la tala ilegal, las tensiones entre defensores del agua y pequeños productores agrícolas con los agentes de la extracción ilegal son cada vez mayores y enfrentan amenazas de muerte. “No somos ambientalistas, aquí se entiende mal la palabra, sino personas que apuestan por la sostenibilidad y la gobernabilidad con paz social”, señala a EL PAÍS uno de los amenazados.
En la lista de amenazados están el biólogo César Ascorra; el presidente del comité de gestión de la reserva Nacional Tambopata, Víctor Zambrano; el sacerdote Xavier Arbex, de la Pastoral Social de derechos humanos del Vicariato de Puerto Maldonado; Pedro Casanova de la Asociación de productores agroforestales de Madre de Dios (Agrobosque); Vidal Salazar, presidente de la Federación Agraria Departamental de Madre de Dios. También ha habido ataques contra representantes de la pequeña minería formal como Miguel Herrera, Vilma Contreras y Armando Carpio. En tanto que dirigentes de comunidades de pequeños agricultores han sido “golpeados, amenazados con arma y, rociados con gasolina”, añade la fuente.
Otra zona afectada por la minería ilegal es la provincia de Casma, en la costa norte. El avance de esa actividad delictiva ha causado ya tres muertes. El 9 de diciembre de 2012, fue asesinado el alcalde de Casma, José Alejandro Montalván Macedo, a manos de dos sicarios. En abril, otro par de sicarios abaleó al fiscal provincial de Casma, Luis Sánchez Colona, quien veía casos de asesinatos y minería ilegal.
Sin embargo, en Perú, otros defensores de sus tierras que se oponían a la contaminación del agua o de ecosistemas únicos o frágiles, amenazados por proyectos mineros formales, han sido asesinados desde 2001. En ninguno de esos casos las autoridades han determinado quiénes fueron los autores intelectuales pese a que los autores materiales hayan sido temporalmente detenidos. Algunos de esos casos, son los de Godofredo García, Remberto Herrera y Melanio García, asesinados en Piura en 2001, 2004 y 2006; y Edmundo Becerra, veterinario y miembro del Comité de Agua Potable del caserío de Yanacanchilla Baja, Cajamarca (sierra norte), asesinado en noviembre de 2011.
