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Bruselas obliga a las TDT españolas a devolver 260 millones de ayudas ilegales

Las subvenciones corresponden al plan para financiar la transición a la televisión digital terrestre en las regiones remotas de España

Las subvenciones otorgadas para extender la red de difusión de la televisión digital terrestre (TDT) a las zonas más remotas y con dificultades orográficas en España eran ayudas de Estado ilegales y no respetaron la neutralidad tecnológica. Así lo establece la Comisión Europea en una resolución que resuelve un recurso interpuesto por la compañía europea de satélites Astra. Los operadores que transmiten las señales de la TDT tendrán que devolver 260 millones de euros. Junto a pequeñas redes locales, el principal operador de red es Abertis. La medida no afecta a los canales de televisión.

El conflicto comenzó en 2005, cuando España decidió subvencionar el paso de la televisión analógica a la digital, un proceso que culminó en abril de 2010. El Gobierno diseñó un plan para llevar las nuevas señales a núcleos demográficos inhóspitos, que abarcaban alrededor del 2,5% de la población. Esas subvenciones se otorgaron exclusivamente a la tecnología terrestre, dejando fuera otras alternativas, como el satélite o el cable.

La Comisión, que recuerda que España no le notificó este proyecto, sostiene que la medida favorece “a la tecnología digital terrestre en detrimento de otras”. Como el Ejecutivo comunitario tiene la potestad de garantizar la libre competencia en la Unión Europea, tiene la potestad de prohibir ayudas de Estado aunque se hagan con dinero nacional.

Bruselas afirma que los operadores de plataformas terrestres “han recibido una ventaja selectiva con respecto a sus competidores que recurren a otras tecnologías, por lo que deberán reembolsarla al contribuyente español”. Las ayudas concedidas repartidas por las comunidades autónomas afectaron a unos 425.000 hogares.

El Gobierno español tiene ahora dos meses para responder a la Comisión Europea cómo piensa recuperar esas cantidades otorgadas a partir de 2005. Y la ley establece un periodo rápido –cuatro meses- para que el Estado español ingrese las cantidades desembolsadas, aunque en la práctica los acuerdos con las empresas pueden dilatar ese plazo.

El director general de Astra en España, Luis Sahún, ha afirmado que esta resolución pone de manifiesto que “se puede competir con los méritos de cada tecnología” y que "para el desarrollo industrial y la innovación es fundamental que el mercado de las telecomunicaciones sea abierto y que los usuarios puedan elegir”. Considera, además, que el satélite se ha demostrado como un medio rápido y barato para el despliegue de redes de televisión.

Astra, una compañía que tiene la sede en Luxemburgo, recuerda que opera en España desde hace muchos años y que es necesario que “las bases de la competencia sean las mismas en todos los países del la UE”.

La investigación de la Comisión puso de manifiesto que aquellas subvenciones se destinaron exclusivamente a la digitalización de la tecnología terrestre. En cambio, otras plataformas de transmisión alternativas, como el satélite, el cable o Internet, no pudieron acogerse a esas subvenciones aunque la plataforma por satélite, por ejemplo, habría estado disponible y podría haber cubierto todo el territorio”.

En los Estados miembros que respaldaron la conversión digital respetando el principio de neutralidad tecnológica, otros operadores de plataforma han participado con éxito en las licitaciones públicas, según la Comisión. “La medida española, por el contrario, falsea indebidamente la competencia entre los operadores de TDT y operadores que utilicen otras tecnologías. Los primeros han recibido una ventaja indebida en relación con sus competidores, por lo que deben reembolsar esas subvenciones improcedentes al contribuyente español”.

Existía, además, un precedente de rechazo europeo a este tipo de ayudas digitales. El Tribunal de Luxemburgo declaró ilegal una ayuda similar ya en 2005, según explican fuentes comunitarias.

Además del recurso interpuesto por Astra, un operador local de Castilla-La Mancha reclamó también a Bruselas, con lo que esta investigación –que todavía no se ha resuelto- podría incrementar el montante de las ayudas que los operadores de red deben devolver.