Lasquetty: “No han conseguido su propósito: parar la externalización”

El consejero de Sanidad madrileño tilda todas las acusaciones de la querella de “falsas” y llama “radicales y extremistas” a los que protestan contra la privatización

El consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, ha optado hoy por negarlo todo y acusar a quienes a su vez acusan de irregularidades a la cúpula de la sanidad madrileña de mantener una “estrategia de acoso y derribo” contra su Consejería y las “reformas necesarias” del sistema que quiere llevar a cabo. Lasquetty ha asegurado que la decisión judicial de admitir a trámite una querella de la asociación de médicos de Afem contra altos cargos sanitarios por presuntas irregularidades en el proceso de privatización es algo “normal” y solo significa que el juez va a investigar, no que atribuya ningún delito a los imputados.

Pese a que la querella la presentó la asociación Afem, que contrató a un despacho de abogados gracias a una colecta masiva entre los sanitarios, Lasquetty se la ha atribuido al “Partido Socialista y su sindicato afín”. “Quienes acusan son el PSOE y el sindicato, no el juez”, ha repetido. “Y no han conseguido su verdadero propósito, que era parar la externalización”. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Madrid aceptó en el auto de admisión a trámite la personación de cuatro diputados del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid que ejecutarán la "acción popular".

En cambio, rechazó la medida cautelar que le pedía Afem en la querella: la suspensión y paralización general del proceso de privatización.

Lasquetty, que presentaba datos sobre la investigación biomédica en la región, ha dedicado varios minutos a enumerar las supuestas irregularidades que desgrana la querella de 86 páginas admitida a trámite. El juez cita a declarar con abogado, es decir, en calidad de imputadas, a nueve personas. Cuatro son o fueron responsables políticos sanitarios en Madrid. Entre ellos, los dos últimos exconsejeros, Manuel Lamela y Juan José Güemes. Lasquetty aseguró que todas las acusaciones son “falsas”.

“Es falso que los hospitales de gestión privada rechacen a los pacientes crónicos con necesidades complejas”. “Es falso que atraigan a pacientes a través del call center. Todos los pacientes acuden haciendo uso de su libre voluntad”. “Es falso que Antonio Burgueño [director general de Hospitales que trabajó para empresas que ahora gestionan centros privatizados en Madrid] beneficiara a ninguna concesión”. “Es falso que hayamos cedido los ambulatorios de Pontones y Quintana a Capio sin contraprestación”. “Es falso que no exista un mecanismo de control de la facturación intercentros”.

De todas estas alegaciones tendrá que dar cuenta la Consejería de Sanidad madrileña con documentos, puesto que el juez requiere todo tipo de información contable, económica y de gestión administrativa.

Muchos de los datos que le pide son los que la asociación Afem, la oposición y el comité profesional que se creó (formado por jefes de servicio de hospitales, directores de centros de salud, el Colegio de Médicos, etc.) para negociar con la Consejería cuando se inició el conflicto estuvieron solicitando, sin éxito, a los responsables sanitarios de Madrid. La información desglosada del coste por paciente de los hospitales de gestión privada, que incluya a los que son tratados en centros de la red pública, es básica para determinar si las concesionarias están cobrando de la Administración más de lo que deberían, una de las principales acusaciones de la querella y de los variados recursos administrativos presentados en los tribunales.

“La Comunidad de Madrid seguirá adelante con las reformas previstas”, ha subrayado Lasquetty, que se ha mostrado muy firme en sus declaraciones y solo ha perdido ligeramente el temple cuando una periodista le ha señalado que no era cierta la afirmación de que los citados a declarar con abogado no están imputados. El consejero ha reiterado que “nadie ha sido imputado” y le ha leído a la periodista el término que emplea el juez en el auto, “querellados”. Todas las fuentes jurídicas consultadas indican que, en el ámbito de una querella criminal, cuando el juez cita a declarar con abogado a alguien, es en calidad de imputado. De hecho, el auto cita a cuatro personas más, altos cargos de Sanidad, pero de perfil técnico, como “testigos” y sin necesidad de que acudan con abogado.

Preguntado por la nueva ‘marea blanca’ que está convocada mañana en el centro de Madrid para protestar contra la privatización de la gestión de seis hospitales públicos, Lasquetty ha asegurado que los manifestantes están “cada vez más radicalizados, son más extremistas”. “Cada vez se ven más banderas republicanas y se oyen gritos revolucionarios”, ha añadido, y se ha referido a la ocupación pacífica del centro de salud Federica Montseny, en Vallecas, la semana pasada como a un “asalto”. La Policía Nacional entró a desalojarlo después de que la Comunidad de Madrid pusiera una denuncia.

Después de centenares de encierros en los ocho meses que ha durado la ‘marea blanca’ de protesta sanitaria, es la primera vez que el Gobierno regional fuerza la actuación de la Policía al denunciar el allanamiento. Los agentes detuvieron a 14 personas. “Se trata de grupos extremistas que quieren mantener una estrategia de agitación”, ha insistido el consejero.

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Redactora de Sanidad y Medio Ambiente

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