Medio Ambiente pone a la venta la gran finca pública de alcornoque

Cañete busca un magnate que compre La Almoraima, en Cádiz, una de las últimas propiedades del Estado que quedan de la expropiación de Rumasa

Uno de los parajes de la finca de La Almoraima.

El Ministerio de Medio Ambiente ha colgado el cartel de “se vende” en la finca de La Almoraima, una enorme propiedad con el 90% del terreno en el Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz). Se trata de una finca de más de 14.109 hectáreas que el Estado gestiona desde la expropiación de Rumasa, en 1983. Para darle valor, el departamento que dirige Miguel Arias Cañete, ha presentado un plan para que allí se pueda construir un aeródromo, dos campos de golf y un hotel de cinco estrellas, según la directora de la sociedad, Isabel Ugalde, que admite que no será fácil encontrar comprador, al menos en España.

La Almoraima ya apareció en un listado de sociedades públicas a extinguir en 2012, pero Medio Ambiente rectificó y la retiró. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete, que hace unas dos semanas visitó la finca, alegó entonces que su intención era poner en orden las cuentas. Ahora, una portavoz del ministerio señala que “se va a vender el patrimonio [de La Almoraima] cuando la Administración reciba una oferta razonable y que suponga una venta ventajosa; nunca se malvenderá La Almoraima”. Ugalde explicó el viernes que “por supuesto que se está intentando vender”, aunque señaló que es difícil que un comprador español se haga cargo: “Hay cinco personas en España [que podrían adquirirla] pero no tienen ningún interés”. Por las características de finca enorme de caza con aeródromo y a 70 kilómetros de Marbella, lo previsible es que un magnate del Golfo o del Este sean los principales destinatarios de la oferta. Tampoco se descarta venderla a trozos.

Ugalde señaló que antes de privatizar una de las mejores fincas públicas de España se ha dedicado a “darle valor” mediante un plan de usos que contempla la construcción de un hotel de cinco estrellas, un aeródromo privado, dos campos de golf y una instalación industrial de transformación del corcho. Aunque el 90% de la finca es parque natural y tiene los usos limitados, hay una zona próxima a los exclusivos campos de golf de Valderrama y Sotogrande donde el ministerio cree que un inversor podría construir.

La venta no entraña ningún problema legal, ya que por su historia La Almoraima es una sociedad anónima cuyas acciones están en manos del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Vender las acciones es sencillo. No ocurre lo mismo con el plan de Castilla-La Mancha de vender montes de utilidad pública, que por ley son “inalienables, inembargables e imprescriptibles”.

La sociedad perdió el año pasado 1,2 millones de euros y en 2011 ganó 66.000, según las cifras que aporta Ugalde, que pronostica que este año la firma ganará algo de dinero. Hay un pequeño hotel (23 habitaciones en un convento rehabilitado del siglo XVII) y un restaurante. Además, hay cultivos, el Estado vende monterías, explota el corcho de los alcornoques y ofrece visitas guiadas.

La finca es una maravilla. El paseo en todoterreno a los turistas muestra un paisaje de alcornocales único en Europa con ciervos y gamos en cada recodo. Los alcornoques descorchados muestran el tronco pelado color rojo. “La última selva mediterránea”, la define la web de la sociedad.

Cuánto espera ingresar Medio Ambiente no está fijado —ni hay previsión en los presupuestos de Parques Nacionales— pero la venta remite al antiguo debate entre el valor y el precio. A 6.000 euros la hectárea, la privatización de La Almoraima permitiría recaudar 84 millones de euros. Aunque en los años de la burbuja, la tierra se ha llegado a pagar hasta tres y cuatro veces más en esa zona. Pero, ¿cuánto vale la principal finca del parque natural de los alcornocales?

Dos operarios quitan la corteza a un alcornoque de la finca.

Ugalde admite que una venta sería irreversible, ya que el Estado nunca podría recomprar algo así, que consiguió por una expropiación de una empresa mucho mayor. “Me daría muchísima pena venderla y si fuera mía no la vendería. Pero, ¿está el Estado para hacer estas cosas? [...] Estamos criando terneros, corderos y plantando trigo, girasol, maíz, pasto, sorgo...”. Esta, que cobra 55.000 euros brutos al año de La Almoraima, insiste en que cumple con el programa electoral del PP y que, si apareciera un inversor, “le tocaría la lotería a toda la zona”.

El caso promete ser polémico, porque la Junta de Andalucía ha pedido la gestión de La Almoraima en repetidas ocasiones. La finca es emblemática. Jesús Casas, exdirector de Doñana, recuerda alguna visita allí con Felipe González a principios de los noventa. “Alguna vez nos escapábamos desde Doñana y Felipe decía: ‘esto es un patrimonio público que no se puede vender pero tenemos que conseguir que no cueste dinero a los españoles”. Ruiz Mateos la compró en 1973 al Ducado de Medinaceli. En 1981, antes de llegar al Gobierno, González medió entre el Ayuntamiento y Ruiz Mateos para que esta cediera 527 hectáreas de la finca al pueblo, según recuerda el portavoz del PSOE en Castellar, Francisco Vaca.

En el municipio en el que se encuentra La Almoraima el asunto es especialmente sensible. Aunque solo sea porque la finca ocupa 14.000 de las 18.000 hectáreas del término. El alcalde, Juan Casanova, de IU, se opone a la privatización: “Dicen que si viniera un inversor sería estupendo y solucionaría los problemas económicos de Castellar, pero nosotros creemos en la diversificación, no solo en el turismo; que haya también industria de transformación agrícola y forestal. No sé si pretenden vender la parte que está fuera del parque o toda, pero inicialmente estamos en contra de la privatización”. Y avisa de que no hay en el mundo mucha gente capaz de comprar esa propiedad.

En La Almoraima hay 54 empleados fijos y unos 40 eventuales al año. El PSOE ha presentado preguntas en el Congreso para conocer el destino de la finca, y recuerda que solo en el Plan E se invirtieron allí 3,34 millones más 7,4 de un plan de desarrollo sostenible del ministerio.

El responsable de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, sostiene que la búsqueda de un comprador “forma parte de la desamortización emprendida por el PP. La discusión sobre el dominio público marítimo terrestre [afectado por la Ley de Costas] forma parte de este proceso”. Y añade que aunque el mercado inmobiliario esté moribundo “si algo tiene algún atractivo son los espacios de más alto valor ecológico, que es lo único que pueden vender”.