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China dejará de utilizar órganos de prisioneros ejecutados para trasplantes

La decisión se materializará gradualmente a partir de noviembre En 2012 un 64% de las donaciones procedieron de condenados

China dejará de utilizar gradualmente a partir de noviembre órganos para trasplantes procedentes de presos ejecutados, según ha asegurado Huang Jiefu, director del departamento de trasplantes de órganos del Ministerio de Sanidad, informa Reuters. La medida se produce al tiempo que el Gobierno impulsa un programa de donación voluntaria en todo el país, que se encuentra con dificultades para avanzar debido a la falta de tradición de donar en China.

La práctica de utilizar órganos de presos ajusticiados -muy corriente en el país asiático- ha provocado numerosas críticas internacionales, y, aunque algunos chinos consideran que es una vía de redención para los criminales, las autoridades se han mostrado últimamente críticas con ella porque “empaña la imagen de China”. También han afirmado en el pasado que los órganos procedentes de prisioneros no son los más adecuadas porque los porcentajes de infecciones por hongos y bacterias que tienen son normalmente muy altos y las tasas de supervivencia a largo plazo de los pacientes que reciben trasplantes son inferiores a las de otros países.

Las organizaciones de derechos humanos consideran la utilización de órganos de ejecutados una forma de abuso y sostienen que las autoridades presionan a los sentenciados a la pena máxima para que donen o que los órganos son extraídos en ocasiones sin su permiso o el de la familia, algo que el Gobierno niega.

Huang ha dicho que el Ministerio comenzará a imponer la obligación del uso de órganos procedentes de donantes voluntarios asignados a través del programa nacional que fue puesto en marcha en 2010 en una reunión que será celebrada en noviembre. “Estoy convencido de que en poco tiempo todos los hospitales acreditados renunciarán al uso de órganos de presos”, ha asegurado el funcionario, quien, sin embargo, no ha detallado cuántos de los 165 hospitales autorizados para llevar a cabo trasplantes dejarán de recurrir a esta vía en una primera tanda. Tampoco ha facilitado el plazo para poner fin completamente a su uso, aunque en marzo del año pasado, siendo entonces viceministro de Sanidad, dijo entre tres y cinco años. Huang ha señalado que un comité garantizará que “la fuente de los órganos para trasplantes cumple los estándares éticos aceptados normalmente en el mundo".

China se ha comprometido desde hace tiempo a reducir su dependencia de los condenados a muerte para conseguir órganos, pero la gran demanda y la falta crónica de donantes hacen que sigan siendo la fuente principal. A finales de 2012, alrededor del 64% de los trasplantes realizados procedieron de presos ejecutados -la cifra ha caído por debajo del 54% en lo que va de año-, según Huang, informa Reuters.

China puso en marcha en 2010 programas pilotos de donación voluntaria en 25 provincias y municipalidades con objeto de crear una red nacional para finales de 2013. Desde entonces, han cedido sus órganos en el marco del plan 1.010 personas, que han permitido beneficiarse a 2.742 personas, según la prensa china. Pero Huang ha advertido que no todos los órganos donados en China son asignados a través del nuevo programa nacional, lo que plantea desafíos a la reforma del sistema.

La necesidad de órganos excede con mucho la oferta en este país de 1.340 millones de habitantes. Según algunas estimaciones, 300.000 personas se encuentran cada año en lista de espera para recibir un trasplante y solo una de cada 30 lo acaba recibiendo. Según otras estimaciones, 1,5 millones de chinos necesitan trasplantes al año. Esta carencia histórica generó un lucrativo tráfico ilegal, incluso en Internet. Pekín prohibió el comercio de órganos y el trasplante a partir de donantes vivos, salvo de familiares cercanos, en 2007.

Los chinos son poco partidarios de donar sus órganos por razones culturales y sociales. Muchos creen que se reencarnarán tras la muerte, por lo cual quieren mantener el cuerpo intacto cuando son incinerados o enterrados. Otros desconfían de las autoridades o se niegan a ceder sus órganos a un sistema sanitario totalmente mercantilizado.

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