Perú estudia si permite la explotación gasística en una reserva indígena

La operación plantea un dilema político en el país, cuyas leyes obligan a proteger la vida de estas comunidades

Las zonas amarillas son de pueblos en aislamiento voluntario y coinciden con la zona donde se realizará la ampliación de actividades de Pluspetrol. / Shinai: 'Territorio y uso de los recursos de los pueblos indígenas de la Reserva Kugapakori-Nahua'

La reserva indígena Kugapakori, Nahua, Nanti es objeto de debate y de posiciones enfrentadas en Perú. Mientras un par de entidades exigen proteger la vida e integridad de estas poblaciones vulnerables, como establece la ley, otras tres aprueban nuevas actividades de exploración sísmica y perforación de pozos en el Lote 88 del complejo gasífero de Camisea, que abarca un 23% de la reserva.

Perú enfrenta el dilema de cuidar de poblaciones que ya fueron arrasados por las olas del caucho, la madera y las primeras exploraciones de Schell en los años 80. La promesa del presidente Ollanta Humala de gas barato colisiona, en este caso, con quienes esperan que el Estado respete a los vulnerables, dada la poca capacidad de la burocracia de fiscalizar los protocolos de las empresas. “Estas nuevas exploraciones son muy importantes porque del Lote 88 justamente proviene el gas para el consumo local y tiene un precio regulado”, ha dicho el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.

La zona, en la selva de Cusco -departamento del sur del país- surgió como reserva del Estado en 1990. En el año 2003 se elevó el nivel de protección designándola reserva territorial para estas tres etnias a raíz de los perjuicios causados a esos pueblos durante el inicio de las operaciones gasísticas. Las nuevas operaciones previstas por Pluspetrol en el Lote 88 se intersectan también con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, una reserva medioambiental. La concesión del Lote 88 fue otorgada en el 2000 al Consorcio Camisea, que integra Pluspetrol y que busca la aprobación del estudio de impacto ambiental. La reserva indígena tiene más de 456.000 hectáreas.

Camisea, a 430 kilómetros al este de Lima, es el principal complejo gasífero del país y se estima que también tiene las mayores reservas. “El factor de éxito geológico es mayor en esta zona comparando con otras áreas en Perú”, explica Daniel Guerra, jefe de relaciones institucionales de Pluspetrol en sus oficinas de Lima.

El estudio de impacto ambiental (EIA) de la exploración sísmica -mediante detonación debajo de la superficie- y la perforación de pozos debe recibir cuatro opiniones vinculantes. Hasta la fecha ha pasado por tres rondas de observaciones del Ministerio de Energía y Minas, que la empresa ha subsanado, según Nelson Soto, gerente de medio ambiente de Pluspetrol. En julio, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) emitió una opinión técnica en la que cuestionaba varios aspectos de la operación, pero al día siguiente la entidad aclaró que envió ese documento por error y lo reemplazó por una nueva versión positiva.

El viceministerio de Interculturalidad también emitió el mes pasado una opinión técnica que indicaba los severos daños que podría producir la operación a los pueblos indígenas, lo cual impediría la aprobación del documento y la demora del proyecto. Sin embargo, a los pocos días, por instrucciones del Ejecutivo la entidad retiró su informe que contenía 83 observaciones a los planes de la empresa. Interculturalidad, que es el responsable de velar por la existencia e integridad de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial, debe emitir nuevamente un informe que apruebe o no el estudio presentado por Pluspetrol.

La ampliación de actividades en las áreas donde vive el pueblo kirineri en aislamiento y el nahua en contacto inicial “conllevan un impacto de crítico a severo en la salud de dichas poblaciones”, recuerda la antropóloga peruana Beatriz Huerta, una de las pocas investigadoras de campo de estos pueblos de la Amazonía. La experta también destaca que el documento de Interculturalidad alude a impactos severos y moderados en la caza, pesca y recolección. “El riesgo es muy grande, puede causar extinción. En el norte pueden afectar territorio de nahuas en aislamiento voluntario que pescan en Serjali. Por otro lado, quienes están en contacto inicial son vulnerables no solo inmunológicamente, sino que no conocen ese medio con el que se relacionan y pueden tomar decisiones que no les convienen”, añade.

Durante la entrevista, Huerta muestra en un mapa, un área amarilla de población en aislamiento kirineri. Sin embargo, los representantes de Pluspetrol no reconocen la existencia de estas personas. “En los últimos cinco años no hay evidencia directa, solo evidencias de huellas de paso”, asegura Nelson Soto. ¿Y eso no significa que están cerca?, se le consulta. El funcionario responde que no: “No sabemos quiénes son, podrían ser personas de las comunidades nativas o de contacto inicial que entran a la reserva”. Los representantes de la empresa agregan que sus trabajadores entran con vigías que hablan las lenguas nativas y que si ocurriera un encuentro con población en aislamiento pueden disponer el retiro de la cuadrilla.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, envió una carta al primer ministro Juan Jiménez para solicitar que el Poder Ejecutivo “cumpla con establecer y proteger las reservas indígenas” e implemente un plan nacional para ello". El documento pide que se tomen en cuenta las observaciones del Ministerio de Interculturalidad y que dos entidades públicas garanticen el cumplimiento del estudio de impacto ambiental y la protección de estos grupos vulnerables. El primer ministro ha reaccionado indicando que el proyecto sigue con normalidad.

En julio, dos dirigentes de la comunidad Santa Rosa de Serjali, una de las comunidades beneficiarias de la reserva Kugapakori, Nahua, Nanti, escribieron una carta al viceministerio de Interculturalidad quejándose del “abandono y olvido” en que se encuentran y de la propagación de tuberculosis, que no ha sido atendida. También expresaron su rechazo a la ampliación de las actividades de Camisea. “No vamos a pronunciarnos sobre declaraciones de terceros”, dijo Daniel Guerra sobre esta comunicación.

Soto, de Pluspetrol, confía en que los protocolos de vacunación de sus trabajadores -los 28 o 30 vigías bilingües para 490 hectáreas de operaciones-, las compensaciones que han ofrecido por afectar la vida de estas poblaciones y el ingreso a la zona solo por helicóptero serán algunas de las garantías para recibir el visto bueno. 

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