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El depósito de gas está sobre una falla

La empresa explica que esta ubicación contribuye al sellado del almacén

La Administración socialista desoyó las peticiones para evaluar los riesgos sísmicos

Instalación de la plataforma de procesos del proyecto Castor. Ver fotogalería
Instalación de la plataforma de procesos del proyecto Castor.

El almacén de gas de Vinaròs (Castellón), que los geólogos vinculan con más de 320 seísmos producidos desde septiembre, se levantó sobre una falla de 51 kilómetros perfectamente registrada por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). En los alrededores hay otras dos grandes fallas, de 18 y 35 kilómetros, y muchas más de tamaño más pequeño que no están cartografiadas. La empresa Escal UGS, promotora del proyecto, no solo no ve ningún riesgo en ello, sino que explica que la falla forma parte del cierre de la estructura del almacén Castor, lo que permite el sellado del almacenamiento. La Administración socialista, que autorizó el proyecto, no era ajena a la preocupación de diferentes actores, como el Observatorio del Ebro o cientos de particulares, que expresaron durante la tramitación del estudio de impacto ambiental sus temores a posibles terremotos. El visto bueno ambiental, cursado por el Ministerio de Medio Ambiente, no hacía alusión alguna a riesgos sísmicos.

En medio de nuevos seísmos, el último más importante de magnitud 4,1, el Gobierno anunció ayer que se suspendía “de forma indefinida” la inyección de gas en el almacén subterráneo ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón). Este cese, que antes se denominó “temporal”, va adquiriendo visos de permanencia. Tanto el ministro de Industria, José Manuel Soria, como el de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, coincidieron en que no se reanudará la actividad mientras no haya garantías técnicas de seguridad para las personas y los bienes. Por primera vez, Soria se atrevió a vincular con una “probabilidad muy alta” los seísmos con la inyección del primer gas en el almacén, aunque precisó que todavía no tienen “constancia científica”.

La plataforma del Castor está justo encima —forma parte del sellado del almacén— de la fosa de Amposta, señala el catedrático de Geología de la Universidad de Zaragoza José Luis Simón. Sin embargo, los epicentros de los terremotos se han localizado al sureste, a unos 10 o 12 kilómetros del punto en el que se ha estado inyectando el gas colchón. Los temblores, por tanto, los podría haber provocado una falla más pequeña no cartografiada. El hecho de que los seísmos de mayor magnitud se registraran días después de que terminara la inyección podrían indicar que la respuesta no fue inmediata, sino una especie de “reacción en cadena”. ¿Hasta dónde puede llegar esa reacción en cadena? “No lo sé”, contesta Simón. “Nos falta información, una cartografía fina de todas las fallas, pero espero que alguien aprenda de esto”, añade. “La información sobre la existencia de las fallas más grandes existe desde hace tiempo, unos 20 años, en organismos oficiales”, añade.

La suspensión ha pasado en unos días de “temporal” a “indefinida”

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) tiene a ocho personas dedicadas a elaborar el informe que pueda determinar cuáles son las fallas implicadas en los movimientos, explica un portavoz. Lo que saben por ahora es que los focos de los sismos se encuentran sobre fallas menos importantes, secundarias. El Instituto Geográfico Nacional (IGN), por su parte, está tratando de determinar con mayor precisión los epicentros de los terremotos, puesto que las localizaciones conocidas hasta ahora son aproximaciones que se están recalculando. Con la información procedente de ambos institutos se espera comprobar cuáles son las fallas que la inyección de gas ha despertado.

“La magnitud de los terremotos es directamente proporcional al tamaño de la falla”, recuerda Antonio Aretxabala, geólogo de la Universidad de Navarra. “Una falla grande, de 10 o de 15 kilómetros, puede generar uno de escala 6 perfectamente”, añade. El experto lamenta que los estudios sísmicos no se tengan en cuenta en las evaluaciones de impacto ambiental de los grandes proyectos. “Es incomprensible”, asegura, que estando el almacén Castor sobre una falla de 51 kilómetros y muy próximo a otras de distintas longitudes, el Gobierno aprobara el proyecto sin siquiera hacer mención a la posibilidad de que se produjera actividad sísmica. “En Estados Unidos, donde tienen más experiencia, son más escrupulosos con este tema”, señala.

La probabilidad de que sea la causa de los seísmos es muy alta, dice Soria

La empresa promotora del Castor asegura que hizo todos los estudios necesarios, incluso más de los que se le requerían en la normativa. Explica, por ejemplo, que un estudio encargado al Instituto Francés del Petróleo determinó que se podía aumentar la presión en el subsuelo hasta 50 bares sin riesgo de despertar la falla. Según fuentes de la compañía, la presión solo ha aumentado seis bares durante la inyección del gas.

Uno de los informes de la empresa Escal UGS, responsable del proyecto, asegura que hizo un estudio en 2005, visado dos años después, que no encontró riesgos sísmicos. La consultora URS fue la encargada de hacer los estudios de impacto ambiental del proyecto Castor para Escal UGS. En uno de sus informes descarta el riesgo sísmico. Tras explicar que en 2005 se hizo “una campaña sísmica en los 140 kilómetros cuadrados de superficie” de la explotación, concluye que “todos estos trabajos realizados han permitido confirmar la viabilidad de la utilización de la estructura Castor para almacenar gas natural, así como definir, a nivel de ingeniería básica, los pozos y las instalaciones marinas y terrestres requeridas para dicho fin”. Y destaca que “el Instituto Geológico y Minero de España validó la viabilidad técnica del proyecto Castor en su informe de referencia IGME/JGH de 23 de enero de 2007”.

La declaración de impacto ambiental (DIA), aprobada por el Medio Ambiente en noviembre de 2009, no contemplaba los “riesgos sísmicos”, pero sí hacía referencia a las inquietudes del Observatorio del Ebro, que pidió que se estudiara la frecuencia y magnitud de la actividad sísmica, y recogía 141 escritos de particulares y organizaciones afectadas que se sentían inseguros ante posibles peligros de explosión o terremotos, entre otros efectos. La declaración, con la que el Ministerio de Medio Ambiente dio vía libre al proyecto, sí incluía la necesidad de realizar un programa de vigilancia ambiental con el fin de “controlar y minimizar los impactos” en el transcurso del proyecto.

La empresa asegura que el Instituto Geológico validó la viabilidad técnica

Teresa Ribera, entonces secretaria de Estado de Cambio Climático y responsable de las evaluaciones de impacto ambiental, asegura que esta preocupación se tuvo en cuenta y que apareció precisamente reflejada en ese plan de vigilancia que, desde 2008, antes de la aprobación de la declaración de impacto ambiental, estableció una “obligación de seguimiento sísmico”. “En las memorias anuales del Observatorio del Ebro, se hace referencia en un apartado al proyecto Castor, y creo que son quienes han dado la voz de alarma”, contempla. La exsecretaria de Estado pide prudencia, porque la DIA forma parte de un “procedimiento mucho más complejo” dirigido siempre por el Ministerio de Industria. “En la parte que yo puedo reconstruir aparentemente ha funcionado con arreglo a lo que se debía de hacer, esto no significa que no haya podido haber complicaciones u otras cosas que no se hayan ejecutado adecuadamente, y que yo no conozco en estos momento”, dijo.

Varios expertos consultados aseguran que el informe geólogico que se debía de hacer en el proyecto es algo nuclear a lo que se debe prestar máxima importancia. “Se hacen estudios larguísimos, de 10 o 15 años, con muchos parámetros, y en muchas ocasiones se desecha el proyecto porque no se ve viable”, explicaron en una empresa del sector.

La Generalitat afirma que alertó dos veces de los riesgos sísmicos

En el ámbito político, el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Molinero, anunció que la corporación provincial emprenderá acciones legales “contra los exministros responsables de la tramitación y la adjudicación del proyecto”. Apuntando a Cristina Narbona, Elena Espinosa, Miguel Sebastián y Joan Clos por sus distintas responsabilidades entonces.

La Generalitat asegura que advirtió en dos ocasiones, en 2007 y 2008, de la necesidad de analizar las consecuencias sísmicas de la puesta en marcha del proyecto Castor. Así consta en dos informes de la Dirección General de Políticas Ambientales y Sostenibilidad, en los que se recomendaba que “debido a la singularidad y magnitud del proyecto, el Instituto Geológico de Cataluña emita informe en relación a los diferentes aspectos asociados al proyecto en el campo de la geología y de las disciplinas que están relacionadas”. El Gobierno desoyó aquella petición, según denunció ayer el consejero catalán de Territorio, Santi Vila. “Seguramente no era preceptivo, pero no se hizo”, dijo, poco después de informar sobre un nuevo terremoto de magnitud 4,2 en la costa de Tarragona.

Los vecinos de las poblaciones cercanas al almacén de gas viven con incertidumbre los temblores. “Estaba durmiendo y se movió la puerta del armario que tengo justo detrás, me asusté y desperté de golpe, fue algo muy raro, nunca había sentido nada similar”, relató Ricard Fuster, residente en Alcanar. “Me pasé media noche en vela. En mi casa se han notado los dos terremotos más fuertes y en mi calle todos temblábamos”, contó Subirats.

Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente (PSOE) cuando se concedió la declaración de impacto ambiental, reclamó transparencia. “Estoy a disposición del Gobierno si quiere revisar el expediente, al que ahora no tengo acceso. No se pueden hacer acusaciones sin analizar bien lo que ha pasado, y no se puede mirar solo a la evaluación de impacto ambiental. Hay muchos otros departamentos implicados”, dijo. “Una cosa son los proyectos que se aprueban y otra cómo se ejecutan”, apuntó.

Mari Ángeles López Lax, de la red de abogados para la defensa ambiental cree que en estos informes ambientales deben recoger todos los posibles efectos sobre las personas y el medio ambiente. “La ley no entra en el detalle sobre si hace falta un estudio sísmico o no. El primer obligado a hacerlo es el promotor y la administración es responsable de controlarlo”, contempla.

Con información de Dani Cordero, Mercé Pérez, Raquel Vidales y Emilio de Benito.

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