Un ‘seísmo’ financiero de 1.300 millones

Industria no aclara quién cargará con el coste si el proyecto Castor se paraliza definitivamente

Mientras los científicos tratan de desentrañar qué ha sucedido en el subsuelo marino, qué fallas ha despertado el mayor almacén de gas construido en España y cuándo van a parar los temblores, en los despachos de varios ministerios también causa desvelos otro terremoto que podría provocar el proyecto Castor: el financiero. Su construcción ha costado cerca de 1.300 millones de euros, decenas o centenares de millones más de lo previsto según a quién se pregunte —el ministro de Industria habló ayer de un coste inicial de 700—. Y ahora que la paralización de la actividad ha pasado de “temporal” a “indefinida”, gana enteros la posibilidad de cierre definitivo. Es decir, que el Castor nunca llegue a ponerse en marcha. ¿Quién pagaría entonces los 1.300 millones?

Es la “pregunta del millón”, dicen fuentes del sector gasístico. Y el Gobierno se resiste a contestarla. No lo hizo ayer en rueda de prensa el ministro de Industria, José Manuel Soria, ni por la tarde otras fuentes del Gobierno durante un encuentro informativo con periodistas. “Si llegara el caso, tendríamos que ver cuál es la situación”, fue la detallada contestación que dio el ministro. Su equipo regateó la cuestión al asegurar que Industria está pendiente del resultado de una auditoría “económica y técnica” encargada en julio y que deberá estar lista a finales de este mes.

Esas conclusiones, sin embargo, determinarán qué retribución debe recibir la instalación si consigue la autorización administrativa. Lo que el Gobierno se niega a aclarar es cómo tendrá que compensar el Estado a la empresa gestora, Escal UGS (participada en un 66,6% por la constructora ACS), en caso de que nunca llegue a funcionar. Fuentes del sector recuerdan que el proyecto Castor es una licitación pública. Un real decreto de 16 de mayo de 2008, firmado por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, otorgaba a Escal UGS la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural durante 30 años.

El proyecto ha sido objeto de críticas en los últimos años por el abultado incremento de los costes previstos pero también por la oportunidad de su construcción. Cuando se diseñó, el panorama energético era otro. Era una época de bonanza económica con previsiones de crecimiento de la demanda de gas. La crisis ha cambiado radicalmente el escenario, recuerdan fuentes del sector. Otros grandes proyectos, como la regasificadora de El Musel (Asturias) y algunos gasoductos, se han congelado hasta que se recupere el consumo. Sin embargo, el Castor seguía adelante acumulando costes de construcción y convirtiéndose en un lastre para el sistema. Hasta ahora.

Un sistema gasístico sobre el que la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha venido alertando en sus últimos informes. En uno de ellos, de abril de 2013, decía que “los almacenamientos subterráneos verán incrementada su capacidad en un 39,4%, debido a la entrada en operación de las infraestructuras de Marismas, Yela y Castor”. Y continuaba: “El crecimiento anual esperado de la retribución de infraestructuras es superior al crecimiento de la demanda a lo largo del periodo”. Como conclusión, la CNE decía: “Se constata la necesidad de limitar las inversiones en infraestructuras del sistema gasista bajo el escenario de demanda previsto en la actualidad”.

En cuanto se ponga en marcha, el coste del Castor se empezará a repercutir en el recibo del consumidor durante los siguientes 20 años. Soria calificó ayer de “excesiva” la retribución prevista por el anterior Gobierno. Pero si nunca entra en funcionamiento, los 1.300 millones de euros seguirán estando ahí.

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