Machismo en el Ejército

Se acaba de cumplir el 25º aniversario de la incorporación de las mujeres al Ejército español, aunque solo hace 14 años que se les permite acceder a cualquier puesto sin limitación alguna. Ellas no lo tienen fácil. Son poquísimas (el 12,3% de los militares) y les cuesta escalar puestos (7,3% de los oficiales y 3,2% de los suboficiales). Ninguna sorpresa. Dada la situación laboral y social de las mujeres y las dificultades que afrontan para alcanzar puestos directivos en cualquier empresa, lo extraño habría sido que en el Ejército la misoginia hubiera sido menor, pero su nivel, dado que es una institución pública, es particularmente intolerable.

Escandaliza sobremanera que las tropelías de algunos superiores contra las militares bajo su mando hallen cobijo y amparo en las propias estructuras; que estas, en definitiva, no hayan sido adaptadas al nuevo perfil de un ejército moderno. De modo que un cuarto de siglo después de que las mujeres empezaran a tomar posiciones en los cuarteles se han construido dormitorios y servicios separados, pero las viejas estructuras machistas permanecen ancladas en el pasado. Un dato escalofriante: en la última década se han registrado 62 quejas por acoso sexual en el Ejército español y se han dictado 25 condenas. Sin embargo, ¡los militares no han abierto en este tiempo ni un solo expediente por este tipo de asuntos! Téngase en cuenta que en este terreno se incluirían muchas más quejas, pues incluirían faltas de menor envergadura relacionadas con la libertad sexual.

Denunciar en las Fuerzas Armadas a un superior conlleva un enorme riesgo. El caso de la capitán Zaida Cantero pone los pelos de punta. Ella tuvo la osadía de hacerlo y los jueces le dieron la razón. El entonces teniente coronel del Regimiento de Transmisiones de Valencia, Isidoro Lezcano-Mújica, la acosó sexualmente y, tras comprobar que ella no accedía a sus pretensiones, se dedicó a hacerle la vida imposible, lo que en el ejército no debe de ser muy difícil. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que finalmente condenó a Lezcano-Mújica a dos años y 10 meses de prisión.

Pero el final de la historia no es tan dichoso. Hoy, Lezcano-Mújica ha alcanzado el grado de coronel y a la capitán Cantero, que sirvió en Kosovo y Líbano y sigue siendo capitán, se le ha abierto un expediente por una falta menor a dos meses de arresto, a pesar de que la juez militar que analizó dicha falta archivó el caso. Los mandos militares, que tanto empeño han puesto ahora en castigar disciplinariamente a la capitán, nunca investigaron, sin embargo, la presunta connivencia (apuntada por los jueces) que tres superiores demostraron en su momento con Lezcano-Mújica cuando este abusaba de su autoridad con Cantero.

Incluso las jueces militares tienen problemas y deben acudir a veces al mundo exterior —el Consejo General del Poder Judicial— para hallar amparo. Fue el caso de la juez y capitán Patricia Moncada, que investigaba un caso de corrupción en el acuartelamiento de Getafe y el coronel jefe obstruyó su tarea de la manera más altanera y soez exigiéndole explicaciones y tratándola con desprecio en virtud de su menor rango jerárquico. El Tribunal Militar Central archivó la queja de la juez y, sin embargo, le abrió a ella un expediente por intentar registrar la base sin informar detalladamente al jefe de la misma.

Los responsables de Defensa están obligados a terminar con tanta iniquidad. La iniciativa parlamentaria de PP, PSOE, CiU e IU de crear el Observatorio de la Vida Militar está cargada de buenas intenciones, pero es un remedio tan discutible como el de destruir discos duros o negar al juez el libro de visitas de la sede del Partido Popular mientras se propone endurecer las penas para perseguir la corrupción política. Las leyes y los observatorios están bien, pero su eficacia necesita acción. Requieren que alguien actúe, que aplique la ley o persiga aquellas irregularidades que se detecten. Así que convendría, por ejemplo, que el ministro del ramo, Pedro Morenés, hiciera algo al respecto. Bastaría, para empezar, con que examinara los criterios de los castigos disciplinarios porque a lo mejor resulta que además de tanta injusticia con las mujeres hay otros muchos en la tropa cuyo talento es burdamente aplastado por superiores abusadores carentes de buen juicio y, por tanto, inapropiados para estar donde están.