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La Eurocámara exige control ambiental también para la exploración del ‘fracking’

El Parlamento Europeo exige también que los ciudadanos estén informados de estos proyectos El Congreso español debate mañana la Ley de Evaluación Ambiental, que simplifica trámites

Elena G. Sevillano

Tras posponer la votación el mes pasado, finalmente el Parlamento Europeo ha aprobado hoy que las actividades de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica (técnica conocida como fracking) deban someterse a estudio de impacto medioambiental obligatorio. Una novedad respecto al borrador inicial de la propuesta es que no solo deberán aplicarse estas precauciones a la extracción, sino también a la exploración.

"La fracturación hidráulica suscita inquietudes. Hemos propuesto criterios claros para evitar los conflictos de interés y para que el público esté más implicado", ha declarado el ponente de la propuesta, el eurodiputado italiano Andrea Zanoni en el debate previo a la votación, informa en un comunicado el Parlamento Europeo. El texto ha recibido 332 votos a favor, 311 en contra y 14 abstenciones.

La normativa actual es una directiva de 2011, sobre evaluación de impacto ambiental (EIA), que obliga a los Estados miembros a realizar estudios sobre los efectos para el medio ambiente de determinados proyectos, desde la construcción de puentes, puertos y carreteras hasta la edificación de vertederos y granjas, informa el Parlamento. Esta normativa obliga a los proyectos relacionados con el gas natural que extraen al menos 500.000 metros cúbicos al día. Sin embargo, como generalmente las cantidades son inferiores, los promotores de estos proyectos no están obligados a hacer evaluación medioambiental previa.

Hoy los eurodiputados han aprobado que toda exploración y toda prospección mediante fracturación hidráulica, independientemente de la cantidad que se extraiga, deban someterse a evaluación de impacto ambiental. Entre otras cosas, el Parlamento propone también medidas para garantizar que los ciudadanos sean debidamente informados y consultados sobre los proyectos. Varias enmiendas al texto insisten en que los expertos que realicen los informes deben ser objetivos e independientes.

"Esperamos que el Estado español trasponga esta directiva de manera urgente y la aplique excepcionalmente de manera retroactiva para proyectos que han demostrado ser un fracaso medioambiental como lo es el Proyecto Castor", ha señalado hoy el eurodiputado de ICV Raül Romeva. 

Por otro lado, el Congreso de los Diputados debatirá mañana el proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que controlará, ente otros, los impactos ambientales de extracción de hidrocarburos mediante fracking. La futura norma pretende reducir los plazos de tramitación de expedientes, para los que establece un margen de entre cuatro y seis meses frente a los 3,4 años de media que tardan en resolverse actualmente. 

La oposición y las asociaciones ecologistas aseguran que con la simplificación de los trámites los ciudadanos perderán peso en sus alegaciones a los proyectos porque se limita la participación pública. Según SEO Birdlife, el actual redactado de la ley incluye una cláusula que abre la puerta a que otros que también operan en el subsuelo, como en las tareas de exploración del fracking, puedan ser evaluados por el procedimiento simplificado si duran menos de dos años.

La votación de hoy se produjo después de un debate en el que se habló de la situación ambiental de proyectos como el Castor, la planta con almacén subterráneo de gas natural de Vinaròs cuya actividad está suspendida por el Gobierno español tras el aumento de la actividad sísmica, informa Efe. El eurodiputado valenciano Andrés Perelló (PSOE) subrayó que este proyecto es un ejemplo de "mala evaluación ambiental" puesto que no se evaluó adecuadamente el riesgo de terremotos por inyección de gas en un almacén en una falla sensible.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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