La otra cara de los recortes

El objetivo de la LOMCE es “acompañar” los drásticos recortes presupuestarios que el Gobierno está impulsando con un recorte de derechos que necesariamente requiere estar plasmado en una ley.

Así, la nueva norma suprimirá toda referencia y quitará importancia a programas y medidas de apoyo para atender a la diversidad del alumnado, permitirá aun más el aumento de la actual ratio de alumnos por profesor, dificultará en mayor medida la cobertura de las bajas docentes, eliminará el derecho a una educación común hasta los 16 años, obviará el derecho a una educación infantil hasta los sies años con carácter plenamente educativo, cuestionará gravemente el objetivo de una escolarización cada vez más universal y gratuita en bachillerato y ciclos formativos, abrirá peligrosas vías para la incorporación de distintos perfiles profesionales y un largo etcétera. Es decir, la nueva ley supondrá un adelgazamiento del derecho a la educación, un punto y final en la concepción de la educación pública como instrumento de ascenso social y del que se benefician sobre todo las clases medias y bajas, una regresión sin precedentes en nuestro país, y que tendrá efectos devastadores en las generaciones que ahora mismo están escolarizadas o comenzarán en breve a escolarizarse. Además, tendrá consecuencias depresivas para el conjunto de la sociedad. CEAPA no puede sino oponerse con todas sus energías a estos recortes y a una ley que quiere institucionalizarlos.

Con la LOMCE, el Gobierno quiere extender a todo el Estado un modelo educativo que algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular han estado desarrollando durante estos años y que, como puede fácilmente comprobarse, se está demostrando como un modelo desastroso que está haciendo retroceder a estas autonomías, cuyos indicadores educativos no hacen otra cosa que empeorar por mucho que quieran maquillarse los resultados que se obtienen.

Para mejorar la educación entre todos necesitamos ponernos de acuerdo en el diagnóstico y, de forma previa, consensuar el significado de los conceptos sobre los que debatir. Sin embargo, asistimos a una manipulación del lenguaje que comienza en el propio nombre de la ley, con la denominación de “Ley de Mejora de la Calidad de la Educación”.

CEAPA no acepta que la negociación sobre una nueva ley de educación parta de análisis sesgados del sistema educativo. No compartimos los análisis catastrofistas de los sectores más conservadores de la sociedad, de los que bebe este Gobierno, sobre el rendimiento académico del alumnado. Tampoco sus afirmaciones sobre la teórica falta de progreso que hemos tenido en las últimas décadas, puesto que el gran avance educativo y social experimentado se reconoce en todos los informes internacionales, incluso en aquellos que ideológicamente están próximos a los postulados de estos sectores.

Pero el análisis parcial que hace el Gobierno del sistema educativo no es inocuo, sino que responde a un modelo ideológico conservador, que no cree en la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas ni en la educación como instrumento de ascenso social de las clases más desfavorecidas, y para el cual la atención a la diversidad es cuanto menos una frivolidad. Ese modelo aboga por la superación de la crisis de la mano de la eliminación de lo público, para lo que realizan constantemente recortes en educación. Desde este enfoque es prácticamente imposible la reducción de las tasas de fracaso escolar a las que dice querer combatir el ministro Wert.

La base de la reforma está claramente ideologizada. Y las medidas que el Gobierno propone para atajar el fracaso escolar también son recetas del pasado, y que se han demostrado inútiles por la experiencia y la investigación educativa: adelanto de la separación del alumnado a los 14 años, reválidas, repetición de curso, prohibición expresa de continuar en el sistema educativo si no se obtiene la titulación exigida en la etapa obligatoria. ¿Alguien se ha parado a pensar de qué o para qué sirven las repeticiones de curso? Sería más lógico que al igual que en otros países, con los que nos comparamos, al inicio de cada curso se diera conocimiento al tutor de cuáles son las materias con las que más dificultades tiene el alumno para que éstas sean reforzadas. También parece más oportuno que al finalizar la etapa obligatoria al alumno no se le impidiese su continuidad en la educación postobligatoria. España es uno de los países donde se da esta circunstancia.

Jesús María Sánchez es presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)