El PP aprueba la ‘ley Wert’ sin apoyos

La reforma educativa que impulsa el ministro José Ignacio Wert nace sin apoyos parlamentarios fuera del PP. Y el debate ha alcanzado tal de nivel de beligerancia, que los cambios de la futura ley —evaluaciones externas al final de cada etapa que serán reválidas en ESO y bachillerato; adelanto de las vías alternativas y un nuevo ciclo de FP Básica en la enseñanza obligatoria— se pierden en una dialéctica que se puede resumir en dos eslóganes contrapuestos. El del Gobierno es que la situación de la escuela española, con unas leyes socialistas que han fracasado, requiere sin dilación este nuevo marco para salir adelante, y que no hay nada más injusto que un abandono educativo temprano del 24,9%, casi el doble de la media de la UE. Y el del bloque de la oposición, que se trata de una ley segregadora, que vuelve al pasado y ataca a la escuela pública y las competencias autonómicas.

Si la misma inercia continúa durante el trámite de la ley en el Senado (allí se enviará ahora y, si hay algún cambio, después se devolverá al Parlamento para su aprobación definitiva) la séptima ley orgánica que regulará la educación en democracia volverá a nacer sin el consenso social y político que permitiría un ansiado marco estable y duradero para las escuelas. Tan lejos está el proyecto de ello, que ya hay amenazas de llevar la norma al Tribunal Constitucional y de insumisión, y todos los partidos de la oposición, excepto Foro Asturias, UPN y UPyD, se han comprometido por escrito a derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en cuanto se lo permita el juego de mayorías parlamentarias.

Se repetiría así la historia de la anterior ley educativa que se aprobó con un Gobierno del PP, la LOCE (2002), que contó solo con el apoyo de Coalición Canaria en el Congreso y fue anulada, sin haber entrado prácticamente en vigor, cuando el PSOE volvió al Gobierno en 2004.

“¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Primero, porque la educación en España ha estado en el último siglo en el centro de una batalla política no resuelta —enseñanza pública frente a concertada; laica frente a religiosa— que ha impedido el pacto, aunque en la anterior legislatura se estuvo muy cerca con el intento del ministro Ángel Gabilondo.

Pero ahora mismo, además, influye un contexto de recortes presupuestarios en las escuelas y universidades de más de 6.400 millones de euros desde 2010, con becas más difíciles de conseguir por el endurecimiento de los requisitos académicos, matrículas universitarias mucho más caras en buena parte de España o eliminación de programas de apoyo a los alumnos con dificultades fruto de la disminución de profesores. La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública —en plena movilización— ve la norma como la otra cara de la misma moneda, es decir, un cambio que institucionaliza una especie de escuela low cost.

El Consejo de Estado, por su parte, puso en duda que haya dinero suficiente para poner en marcha un cambio de tal calado, algo que también preocupa a las comunidades, incluidas a las gobernadas por el PP. La memoria de la ley habla de 408 millones de euros en costes directos a financiar por el Estado en tres años y hasta 927 millones que deberían asumir las autonomías, aunque el ministerio espera obtener una parte de fondos europeos.

Tampoco ha ayudado mucho la sucesión de polémicas declaraciones de un ministro al que desde todo tipo de sectores han acusado de falta de diálogo. De hecho, en la comunidad educativa (padres, alumnos, sindicatos, patronales) ha ocurrido como en el Congreso: casi todos, incluso en los sectores fuera de la Plataforma por la Escuela Pública —que se ha movilizado contra la reforma— han encontrado razones para no apoyar la LOMCE, aunque solo sea por unas formas que, aseguran, han impedido cualquier tipo de acercamiento. Así, Foro Asturias se ha abstenido y UPyD, a quien el PP ha aceptado varias enmiendas al texto, ha votado en contra. Se ha llegado a un grado de rechazo parlamentario que ni siquiera UPN, que suele hacerlo, ha apoyado esta iniciativa del Gobierno, aunque lo haya hecho con “una abstención constructiva”, en palabras del diputado Carlos Salvador. “Han perdido”, dicen los socialistas.

Y entre medias flotan en el aire las preguntas que, en el fondo, más interesan. ¿Acaso es tan mala esta ley? ¿Servirá para mejorar la escuela o no? Sin duda tiene aspectos que muchos de los grupos pueden considerar positivos para el sistema o, al menos, sobre los que merecería la pena discutir con más detenimiento y calma —las evaluaciones externas, la estructura de la educación secundaria, el fortalecimiento de la FP—, pero por delante se colocan otros que consideran líneas rojas que no pueden aceptar. Por ejemplo, para los nacionalistas es el reparto de competencias a la hora de establecer las reválidas (las fijará el ministerio) o los contenidos escolares y el tratamiento de las lenguas cooficiales, sobre todo en Cataluña, donde se obligará a escolarizar en castellano a quien lo pida, si hace falta, pagando un centro privado.

Wert, también criticado por rescatar la asignatura alternativa a la Religión y el apoyo a la enseñanza concertada, ha reprochado a la oposición que sus argumentaciones “nacen de prejuicios” y rechazó que la LOMCE perjudique a la escuela pública; al contrario, aseguró, le permitirá especializarse y competir mejor con las privadas. “Yo no creo que una ley vaya a arreglar todos los problemas de la educación, pero marca reglas importantes”, dijo. En este caso, colocando al alumno en el centro del sistema, con evaluaciones externas que den transparencia y motiven a los alumnos y con caminos alternativos, pero sin vías muertas, para lograr el éxito de todos.

Y volvió a insistir en que la norma sigue el camino que señalan informes internacionales como el PISA de la OCDE (que evalúa a alumnos de 15 años de todo el mundo) o el reciente PIAAC (que hace lo mismo en lengua y matemáticas con adultos de 16 a 65 años), los cuales dejan a España en los últimos puestos de la clasificación de países desarrollados.

Los expertos de la OCDE apoyan abiertamente unas evaluaciones externas y la autonomía de los centros escolares que impulsa la ley. Sin embargo, Mario Bedera (PSOE) opina que “no hace falta que esas evaluaciones tengan efectos académicos”, y Carlos Martínez Gorriarán (UPyD), que la autonomía no será tal porque “las Administraciones elejirán a los directores”, dijo .

Un cuarto curso de la ESO con vías hacia el bachillerato o hacia la FP (los chicos tendrán unas asignaturas comunes y otras propias de cada alternativa) no está muy lejos de lo que aprobó el anterior Gobierno del PSOE en la Ley de Economía Sostenible, ni tampoco lo está la FP Básica de los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial para intentar reenganchar a los alumnos con más dificultades y menos interés en el sistema educativo, aunque estos programas reducen enormemente la posibilidad de sacarse el título de ESO y es nuevo ciclo de FP tiene un complicado encaje dentro de la etapa obligatoria. Sí se les separa con claridad adelantar (aunque tímidamente con una materia) la elección hacia la FP o bachillerato a tercero de ESO (14 años) y a los 13 la diversificación curricular (programa con menos asignaturas y adaptadas para alumnos con dificultades).

El calendario de implantación es el otro gran problema que señalan unos y otros, porque se desarrolla muy rápido, en dos cursos, y empieza el que viene, por lo que queda menos de un año para diseñar los currículos y los libros de texto.