Industria acude al Supremo para no pagar los 1.700 millones de Castor

El Gobierno está preparando el camino para que un hipotético cierre del almacén subterráneo de gas Castor, situado a 21,5 kilómetros de la costa de Vinarós (Castellón) y cuya actividad se relaciona con cerca de 500 seísmos registrados en el Delta del Ebro, no cueste a las arcas públicas 1.700 millones. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer en el Congreso de los Diputados que ha solicitado al Tribunal Supremo la declaración de lesividad de una cláusula de la concesión administrativa a la empresa gestora, Escal UGS, porque resulta “claramente abusiva para el interés general”. La cláusula, incluida en el artículo 14 del real decreto con el que se otorgó el proyecto en 2008, recoge que, en el caso de suspensión o finalización de la concesión, las instalaciones pasarían a ser titularidad del Estado y se tendría que indemnizar al operador con su valor neto. Si obrara de por medio dolo o negligencia, la indemnización bajaría hasta el “valor residual” de las instalaciones.

El proyecto ha costado 1.702 millones, según cálculos de Industria. De ellos, 1.273 millones pertenecen a la infraestructura, 186 millones son del gas colchón, cantidad mínima de gas que es necesario inyectar previamente para que el almacenamiento pueda ser utilizado como tal, y 243 millones de costes financieros.

“No sabemos lo que va a decir el Supremo y estaremos a lo que diga, pero nos parece que esta cláusula es claramente lesiva para el interés general”, aseguró Soria, que acudió a la Comisión de Industria para informar a los grupos parlamentarios de una crisis sísmica que ha alarmado a poblaciones del norte de Castellón y del sur de Cataluña. El miércoles se formó una cadena humana, que alcanzó un kilómetro y medio de longitud, para pedir el cierre definitivo del almacén por miedo a que los terremotos, cuya máxima intensidad ha llegado a 4,2 de magnitud, sigan aumentando.

Soria insistió ayer en que los expertos del Instituto Geológico y Minero (Igme) y del Instituto Geográfico Nacional (IGN) coinciden en que existe un “riesgo muy limitado” de que haya movimientos sísmicos relevantes en la costa mediterránea en el futuro y que las opiniones apuntan a “una relación temporal entre los seísmos y las inyecciones del gas colchón por parte de la empresa”.

En el momento de la paralización —el 26 de septiembre—, el almacén Castor estaba en fase de pruebas. Tenía una autorización provisional y al detectarse una actividad sísmica por encima de los valores aceptables —superior a magnitud 3— se ordenó parar la actividad. El futuro de este proyecto se decidirá cuando los técnicos terminen los informes sobre el origen y la posible continuidad de los seísmos. “No sabemos si es cuestión de semanas o días, pero preferimos que los informes definitivos sean claros y rotundos”, incidió el ministro.

Soria compareció el mismo día en el que se debatieron en el Congreso siete enmiendas a la totalidad de la nueva Ley de Evaluación Ambiental, una norma que busca agilizar las declaraciones de impacto ambiental de proyectos, reduciendo el tiempo de tramitación de cuatro años a seis meses. La oposición fue muy crítica con el Gobierno porque la norma limita la participación ciudadana en los procedimientos simplificados o permite aprobar algunos proyectos por ley sin necesidad de realizar ese estudio ambiental. “Castor fue fruto de una evaluación ambiental claramente insuficiente”, consideró Joan Baldoví, de Compromís Equo. Laia Ortiz, de Izquierda Plural, subrayó que los almacenamientos de gas, como Castor, se tramitarán por la vía simplificada. Siete partidos pidieron sin éxito que se devolviera la ley, que ahora sigue su trámite en el Congreso.