Gallardón renuncia a ‘privatizar’ el Registro

"Todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano, sin excepción", afirman desde el ministerio

El Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hace un año una Ley de Reforma Integral de los Registros que encomendaba la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad, quitándosela a los jueces, y abría la puerta a cobrar al ciudadano por algunos trámites ahora gratuitos (aunque la mayoría seguía siendo gratis). Desde entonces el borrador de esa ley ha dormido en un cajón, y este jueves Justicia confirmó a EL PAÍS que ya no se aprobará en esos términos. “Si el Registro pasa a ser gestionado por otros funcionarios que no sean jueces, cosa que está por decidir, todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano, sin excepción”, afirmó el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo.

El anuncio de la Ley de los Registros había levantado una gran polémica porque algunas asociaciones de jueces y secretarios judiciales veían en ella un paso hacia la privatización. El ministerio había alegado que el objetivo era descargar los juzgados de asuntos que no son exactamente judiciales sino burocráticos, y aseguraba que el 80% de los trámites que lleva el Registro —inscripción de nacimientos, defunciones, adopciones o tutelas— seguiría siendo gratis. Pero eso no aplacó las críticas. Por otro lado, y paradójicamente, Justicia no terminaba de convencer a los registradores de la propiedad —que ya habían estado gestionando gratis durante meses las solicitudes de nacionalidad— de que asumieran esa nueva carga de trabajo. En definitiva, el borrador de la ley fue topando con un obstáculo tras otro, de signo contrario, y ha acabado aparcado.

“El ministerio ya no asume aquel proyecto”, insiste Bravo. Justicia no renuncia a la ley, pero va a empezar de cero y está por ver si el Registro Civil pasa a los registradores de la propiedad, a los notarios, a los secretarios judiciales o sigue en manos de los jueces. Y, en cualquier caso, no se cobrará por ningún trámite.

Bravo también aseguró que el arancel que cobrarán los notarios por celebrar bodas —unos 95 euros— incluirá todo el procedimiento: la instrucción previa (para comprobar que el matrimonio no tiene impedimentos legales), la celebración y la inscripción posterior en el Registro Civil.

 

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