Los tontos que diseñan recibos

Mientras la OCDE incluya en sus pruebas sobre el nivel educativo de los adultos la de interpretar el recibo de la luz, España seguirá situándose a la cola. Ello no significa que este país no tenga un problema de formación. Significa que la factura eléctrica, además de ser de las más caras de Europa —según datos de Eurostat—, es muy difícil de entender. Sol Alameda, brillante periodista ya desaparecida, solía decir que los personajes verdaderamente sabios a los que entrevistaba siempre le explicaban de manera muy sencilla las cuestiones más complejas y que, en cambio, el que la enredaba con frases incomprensibles solía ser alguien poco inteligente que apenas comprendía lo que decía.

Dudo de que quienes elaboran el recibo de la luz sean tontos, pero algo falla cuando el español medio no entiende los datos que las compañías introducen en sus caras facturas. El precio de la luz se ha encarecido un 88% desde 2006, según datos también de Eurostat; un 3,5% en lo que va de año.

Puede que la comprensión lectora y matemática de los españoles deje mucho que desear, pero a fuerza de recortes sociales y de subidas de tasas, copagos y servicios básicos está aumentando su conciencia como consumidores y su capacidad de organizarse. Unas 300.000 personas han logrado una reducción de hasta el 8% en el recibo por sumarse a la plataforma de compra colectiva de energía orquestada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Las seis grandes eléctricas que operan en España no participaron en la puja alegando que el sistema no les permite bajar el precio. Una pequeña comercializadora, Holaluz.com, se ha quedado con el servicio para esos 300.000 consumidores.

El sistema tarifario español es tan difícil de entender como los recibos que endosan al consumidor. Las grandes compañías lograron en 2000 que José María Aznar les reconociera que las tarifas que cobran están por debajo de los costes que ellas mismas dicen tener. El resultado es que, desde entonces, se supone que los consumidores estamos en deuda con las eléctricas a pesar de pagar tanto. En 13 años, ese llamado “déficit de tarifa” ha aumentado hasta superar los 26.000 millones de euros. Salvo que alguien sepa explicarlo de manera sencilla como los sabios de Sol Alameda, todo resulta extremadamente raro. Si las eléctricas venden su producto por debajo del coste deberían estar en quiebra técnica. Sin embargo, sus beneficios son enormes. Un ejemplo: Iberdrola ha ganado durante el primer semestre de este año 1.728 millones de euros.

La UE —y, por tanto, España— está comprometida en reducir las emisiones de dióxido de carbono y promocionar las renovables. Sin embargo, el Gobierno español reduce las primas a las renovables y aprueba un decreto de autoconsumo que arruina a los que instalaron huertos solares. Gracias a esa disposición gubernativa, el propietario de los paneles deberá pagar lo mismo o más que un consumidor de energía eléctrica convencional porque, entre otras cosas, no se tendrá en cuenta la electricidad que le sobre y que inyecte a la red. El llamado “peaje de respaldo” echa por tierra sus expectativas de ahorrar dinero. La bajada de las primas, la de amortizar y rentabilizar la inversión hecha en su momento.

La situación es irritantemente desigual. El Gobierno defiende a las eléctricas porque conoce, dice, “la compleja situación económica” del sector; como si los demás nadaran en la abundancia. No hay dinero para casi nada, pero el 18 de octubre aprobó un crédito de 2.200 millones para reducir el “déficit de tarifa”. Catorce asociaciones de energías renovables han denunciado a las grandes compañías ante la UE por considerar que quieren hundir la energía verde.

Pero la sociedad española está movilizada. Se ha puesto en marcha otra campaña —Bájate la potencia— para que la gente reduzca el precio fijo contratado, que es donde el Gobierno ha repercutido la última subida en otra decisión incomprensible por cuanto no incentiva el ahorro de energía. Da igual lo que se consuma. La factura se encarece independientemente de ello.

Los consumidores quieren con esta nueva campaña ahorrar dinero, pero también protestar contra ese muro que establecen la política y las empresas privatizadas de servicios básicos. De paso, por cierto, quizá no sea mucho pedir que se modifiquen los recibos. De lo contrario, ya que quienes los diseñan no son tontos, todo induce a sospechar que detrás de tanta opacidad hay una calculada voluntad de que sigamos pagando mucho sin entender nada.