La UE quiere atar corto a los ‘lobbies’
La Comisión y el Parlamento preparan una norma para incentivar que los grupos se identifiquen Las ONG critican que el registro siga siendo voluntario
En el viejo dilema entre el palo y la zanahoria, Europa ha optado por la hortaliza. Al menos en su trato a los grupos de presión. La Comisión y el Parlamento ultiman el documento que deberá definir la forma en la que las instituciones europeas se relacionarán en el futuro con los miles de integrantes de lobbies, abogados, oenegeros, consultores o expertos de centros de investigación que pululan por Bruselas. Ninguna norma obligará a nadie a inscribirse en el registro creado en 2011. Pero la revisión de este instrumento incluye una treintena de medidas con la que las autoridades de Bruselas quieren vencer las reticencias de las empresas y organizaciones más reacias a desnudarse en público. “Nuestra idea es crear tanta presión que les haga muy difícil trabajar fuera de ese ámbito. Queremos tener un registro que de facto sea obligatorio, pese a seguir siendo voluntario”, explican a este periódico fuentes comunitarias.
¿Qué medidas son esas? Las discusiones entre la Comisión y el Parlamento no han concluido —aún deben celebrarse dos reuniones en diciembre—, pero la filosofía del texto está clara. Los incentivos irán desde aspectos prácticos, como facilitar el acceso a la Eurocámara a los que estén registrados, hasta privilegiar a los que han pasado por el aro en consultas públicas —solo los inscritos recibirían cierta información de proyectos legislativos— o en reuniones que organicen las distintas autoridades europeas. Casos recientes como el de la normativa sobre el tabaco, Google o la protección de datos han puesto de manifiesto la gigantesca maquinaria que los lobbies pueden poner en marcha, tanto a favor como en contra de una causa.
Las fuentes consultadas insisten en que la Comisión se preocupa por caminar sobre un fino alambre para no traicionar el principio de buen gobierno que obliga a informar a todos los afectados por un cambio legal y al mismo tiempo impulsar la transparencia. Los impulsores del proyecto confían en que el estar o no registrado se convertirá en una cuestión de reputación; y que eso obligará a dar el paso a los que aún dudan. Es el caso del Deutsche Bank, que pese a las reticencias iniciales, consta hoy en el listado.
Pero estos argumentos no convencen a las ONG más activas en transparencia, que reclaman un registro obligatorio, como el de Estados Unidos. “El texto que está a punto de conocerse debería ser mucho más ambicioso. No es cierto que vayan a convencer a todo el mundo. Goldman Sachs, por ejemplo, no está. Y hay que recordar que la Eurocámara votó en dos ocasiones a favor de un registro obligatorio”, asegura Erik Wesselius, de la organización Corporate European Observatory, en un café frente al Parlamento Europeo. Los críticos desconfían además de algunos nombres que han intervenido en la negociación, como Rainar Wieland, vicepresidente de la Eurocámara que, según publicó Der Spiegel, es socio de un bufete de abogados con oficina en Bruselas que no está registrado.
Una vez acordado el texto que salga del grupo de trabajo, la propuesta deberá pasar un largo proceso de tramitación, por lo que habrá que esperar hasta después de las elecciones europeas de 2014 para su aprobación definitiva. En la Comisión consideran que el registro es ya “un éxito”, al haber logrado en algo más de dos años de existencia contar con 6.000 organismos, lo que, estimando que en cada uno trabajan cinco personas, supondría unos 30.000 integrantes de lobbies detectados con nombres y apellidos. Nadie sabe cuántos lobbies operan en Bruselas, pero algunas organizaciones calculan que pueden oscilar entre los 15.000 y los 30.000.
Son cifras que no se pueden comprobar, pero sobre las que el listado puede contribuir a aclarar. En España, mientras, no hay una herramienta de transparencia parecida. El Gobierno de Mariano Rajoy anunció el pasado mes de junio que pondría en marcha un registro obligatorio de lobbies en el Congreso de los Diputados. Pero han pasado cinco meses y la iniciativa por ahora está congelada.
Negociaciones en la entrada del hotel
El lobby como actividad está garantizado en la Constitución de Estados Unidos en virtud del derecho de petición, una manifestación de la libertad de expresión reconocida por la Primera Enmienda. Únicamente en el Distrito de Columbia, la meca de los grupos de presión por albergar al Capitolio, la Casa Blanca y buena parte de las agencias federales de este país, hay más de 30.000 empresas especializadas en “influir en el Congreso, en sus miembros, en los legisladores, en el brazo ejecutivo, incluyendo el presidente y los altos funcionarios de la Casa Blanca, los secretarios de gabinete y sus ayudantes, así como los administradores de agencias independientes y sus ayudantes”, que es la definición que recoge la Lobbyng Diclousure Act, de 1995, la legislación que los regula a nivel federal.
Desde que el presidente Ulysses S. Grant diera nombre a esta práctica de cabildeo político por recibir, entre 1868 y 1877, a los políticos y quienes buscaban favores o influir políticamente en el lobby —entrada— del hotel Willard, frente a la Casa Blanca, donde podía fumar sin escuchar las quejas de su mujer, la preocupación por regular este tipo de actividad no hizo sino crecer. Los primeros intentos datan de 1876, cuando la Cámara de Representantes estableció un registro específico para los lobbystas.
En 1938, en plena efervescencia del nazismo, se aprobó otra norma para regular esta práctica de presión a nivel federal con el objetivo de limitar la influencia de los grupos profascistas. En 1995, la Lobbyng Diclousure Act vino a enmendar las lagunas de una ley de 1946 poniendo fin a las reticencias de muchos legisladores para reglamentar esta actividad. La norma obliga a todos los grupos de presión a inscribirse bien en la Secretaría de la Cámara de Representantes, bien en la del Senado y emitir informes de sus actividades financieras dos veces al año. El Congreso, a su vez, debe desglosar trimestralmente lo que invierten estas entidades en intentar que se legisle a su favor. Todos los Estados tienen su propia regulación sobre esta práctica.
Tras el escándalo Abramoff, un lobbysta republicano que fue condenado a seis años de prisión por tratar de sobornar a varios miembros del Congreso, lo que obligó a varios políticos a dimitir de sus puestos, George Bush firmó en 2007 la Ley de Transparencia y Responsabilidad que limita la posibilidad de que los miembros del Capitolio puedan incorporarse a grupos de presión tras finalizar su mandato.
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